Un día antes de que arranque el Mundial, la calle Alberti al 500, en el barrio de Balvanera de la Ciudad de Buenos Aires, está tomada por patrulleros, camionetas del Gobierno de la Ciudad y vehículos de Defensa Civil. A las 11.30 hs un amigo de Emiliano pasa de casualidad, ve el operativo, le saca una foto y se la envía:”¿qué macana te mandaste ahora?”. Emiliano, en el trabajo, se ríe. Todavía falta un rato para que deje de tener gracia. La palabra “desalojo” no estaba en su mente aún.
En ese mismo PH de Alberti, a esa misma hora, Ana está trabajando cuando suena el teléfono. Es su mamá: “Hija, vení directo a casa”.El tono de voz la inquieta. Después llama Francisco, el director del Bachillerato Mocha Celis, la escuela donde Ana terminó el secundario. Le dice que se quede tranquila. Ella cuelga sin entender nada y sale corriendo. La palabra “desalojo” no estaba en su mente aún.
Los dos, cuando se les pregunta cómo era un día cualquiera antes de todo esto, contestan casi lo mismo: un día normal. Ana desayunaba en su casa, iba a trabajar, a veces tenía alguna actividad luego, volvía a eso de las ocho o nueve de la noche y en el trayecto ya empezaba a planificar la conversación que tenia siempre con su viejo: “qué vamos a comer, pa”. Emiliano trabajaba, hacía su vida, y a la noche volvía a la casa donde vive con su papá, de 82 años, quien tiene una discapacidad. Nada en esa rutina anunciaba nada, mucho menos un desalojo. Ni para ellos, ni para las otras 50 personas involucradas.
Riesgo de derrumbe
Es la una y media de la tarde y suena el teléfono de Emiliano. Es una vecina: acaban de notificarles que en cuatro horas tienen que desalojar las viviendas. Al llegar, Ana se encuentra con la escena que ya es un clásico no escrito de estos operativos: la calle cortada, los patrulleros, y los uniformes y la orden de salir de la casa. La casa de su abuela. La de toda su familia, su hogar.
A Ana le cuesta reconstruir el después. Lo recuerda como una sucesión de preguntas: los hijos, cómo va a seguir, qué va a pasar. “Por momentos parecía una pesadilla. Hasta hoy sigo sin creerlo”. Lo dice en presente como si el mes que pasó no alcanzara para asimilarlo.
Emiliano entra al comedor de su casa y se queda ahí, parado, en blanco. Está convencido de que se va a ir con lo puesto porque la casa, piensa, va a volar por el aire de un momento a otro. Pasa una hora así dando vueltas y “buscando respuestas en las paredes”. Lo saca de ese pozo, Rober, un amigo de toda la vida: se conocen desde los ocho años, hoy Emiliano tiene 34 y el amigo —que ya no vive en el mismo PH pero tiene ahí a su hermano— sube a ver cómo está. Le dice que se lleve la ropa de abrigo, la documentación, que vacíe la heladera, que se lleve algo para comer. Recién con ese listado Emiliano empieza a moverse.
Ni Emiliano, ni Ana recibieron en ese momento alguna explicación por parte del Gobierno de la Ciudad. Al avasallamiento y el autoritarismo se sumó el silencio oficial.Emiliano fue a encarar a uno de los responsables del operativo. Le dijeron que esa misma mañana un arquitecto había hecho un informe pericial en el que se constataba el peligro de derrumbe. El informe, en rigor, todavía no existía: iba a tardar 48 horas en redactarse. Recién entonces —dijeron— la gente desalojada podría presentarse en la Guardia de Auxilio para conocer el motivo exacto de la clausura y qué reparaciones había que hacer para levantarla.
Transcurrido ese tiempo, en la Guardia de Auxilio les dijeron que para tener una copia del informe había que pedirla por nota y que iba a demorar unos diez días hábiles. Cuando finalmente accedieron al documento, se enteraron de que la inspección ocular del inmueble nunca se había realizado: la última familia había salido de la casa a las tres de la mañana y, para entonces ya habían levantado un muro que bloqueaba el acceso. El papel que legitimó el desalojo de todo un PH se escribió sin que nadie pisara el lugar.
No es un caso aislado ni una sospecha de vecino resentido. La Justicia porteña ya viene documentando ese patrón: según cifras oficiales, en 2026 más de la mitad de los desalojos en la Ciudad se ejecutaron por vía administrativa, muchos invocando “riesgo de derrumbe” sin control judicial previo. En junio, el Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 ordenó frenar esos procedimientos hasta que se garantizaran ciertos requisitos mínimos —entre ellos, avisar a la Justicia antes de avanzar—. En la resolución, el tribunal advirtió sobre una “litigiosidad concentrada” en torno a intervenciones que, con la misma excusa del derrumbe, terminaron provocando la pérdida de viviendas que sí estaban efectivamente habitadas.
Lo que viene después
Lo que vino después no tiene nombre en ningún formulario redactado en las frías oficinas administrativas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene desplegadas por doquier. A Ana y a sus cuatro hijos los mandaron a un apretado hotel familiar. Cuenta que pidió ayuda en redes sociales para buscar un lugar para alquilar, porque de forma inmediata no iba a poder resolver su situación habitacional y, por supuesto: alquilar en la Ciudad de Buenos Aires es cada vez más difícil, no sólo por los elevados precios sino por los requisitos que se exigen. La rutina que antes terminaba con la pregunta de qué van a comer es ahora un mapa de viajes: para un lado por el colegio, para el otro por el trabajo, y en el medio los trámites, siempre los trámites. “Estoy colapsada”, dice, y agrega, sin que nadie se lo pregunte, que hace días que no duerme bien, que sus hijos le preguntan cuándo vuelven a casa.
Emiliano y su papá terminaron viviendo de prestado en la casa de un amigo. Pero lo que a él le queda dando vueltas, lo que nadie le preguntó y que decide contar igual, es la suerte de los vecinos del PH que no tenían dónde ir. A ellos los mandaron a paradores del Gobierno de la Ciudad, o les asignaron una habitación en una pensión. Emiliano pensó, al enterarse, que al menos esas personas iban a tener un lugar fijo mientras tanto. No fue así: cada mañana, a las diez, tienen que abandonar la habitación, y recién pueden volver a entrar después de las nueve de la noche. Gente que fue desalojada de su propia casa, obligada además a pasar el día entero en la calle antes de poder volver, de noche, al cuarto que el Estado les prestó por unas horas.
Instrucciones para desalojar
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 el Gobierno porteño ejecutó 621 desalojos. Afectaron a 1.135 familias, 4.482 personas, 1.409 de ellas niñas, niños y adolescentes. Los números salen de un informe conjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el Ministerio Público de la Defensa, y ese mismo informe marca algo más inquietante que la cifra total: el cambio de método. En 2024, el 98% de los desalojos tenía orden judicial. A comienzos de 2026 la relación se invirtió —más de la mitad ya se resolvía por vía administrativa, sin juez de por medio— y buena parte de esos operativos se justificaba con una fórmula: “riesgo de derrumbe”.
Esa fórmula es la que atraviesa los casos de Ana y de Emiliano. El mecanismo, documentado también por la Justicia, es siempre el mismo: el Gobierno de la Ciudad declara una clausura por peligro edilicio y desaloja el mismo día, invocando un informe pericial que en los hechos todavía no existe, o que se escribe después, sin que nadie haya entrado a inspeccionar el inmueble. Es lo que cuenta Emiliano: el informe que legitimó la clausura de su casa se redactó sin que nadie hubiera podido verificar nada adentro.
A partir de un amparo colectivo presentado por los legisladores porteños Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra, junto con vecinas afectadas y la Asociación Civil CEyAI, el juzgado dictó una cautelar: ordena al Gobierno de la Ciudad abstenerse de ejecutar evacuaciones, clausuras, tapiados o restricciones de acceso a viviendas habitadas por razones edilicias o de riesgo constructivo sin cumplir antes una serie de recaudos mínimos, entre ellos, avisar de inmediato al juzgado de turno. También lo obliga a garantizar una respuesta habitacional transitoria, inmediata y adecuada para cada familia afectada, cuando la medida les impida seguir viviendo en sus casas. El fallo no habla de casos aislados, sino de un patrón repetido de intervenciones administrativas que, con la excusa del derrumbe, terminaron produciendo la pérdida de facto de viviendas efectivamente habitadas.
Lo que quedó adentro
De la casa de Alberti queda una puerta abierta de par en par. Luciana Mina, abogada patrocinante de las familias, lo explica así: es la única vivienda a la que, gracias al amparo, le sacaron los ladrillos con los que el Gobierno la había tapiado. Ahora hay una consigna policial fija en la puerta, mientras adentro las pertenencias de los vecinos quedan sin ninguna protección real.
Mina conoce el destino de lo que la gente no llegó a llevarse. Las mascotas de las familias desalojadas terminaron en guarderías caninas del Gobierno de la Ciudad —”jaulas, en verdad”, dice ella. Los muebles y los electrodomésticos, en teoría, van a un depósito oficial, pero buena parte de las pertenencias de los vecinos de Alberti sigue, todavía hoy, dentro de las casas que ya no son de nadie. No es una sospecha suya: hace poco, la jueza Elena Liberatori falló en otra causa —un desalojo de enero, en otra parte de la Ciudad— y ordenó al Gobierno reparar los daños a esas familias por haberles tirado sus pertenencias durante el operativo.
El 11 de julio se cumplió un mes de la “evacuación” de lxs vecinxs. La palabra, entre comillas, es de Ana, quien no se detiene por nada porque tiene cuatro pilares que la sostienen. Es mujer, es mamá, es hija, es hermana. Y por todo eso, dice, hay que seguir la lucha por su casa.
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Historiador, docente universitario y periodista. Trabajé en radio y en la producción de podcast para distintos medios de comunicación. Publico crónicas, perfiles y notas para distintos medios. Nací en México y vivo en Buenos Aires (Argentina) desde hace varios años.
