Madres que crían sin corresponsabilidad paterna

Se cumplieron cinco años desde la apertura del expediente 1039/2020, en el que decidí demandar por alimentos al progenitor de mi hija. Durante ese tiempo, él se dio el lujo de no presentarse ante la Justicia en ninguna de las audiencias hasta que, en septiembre de 2024, la jueza emitió un fallo y él decidió apelar porque “no puede pagar lo sentenciado”. En su apelación, dice que “yo no necesito tanto dinero para la crianza” y alega que también tiene otros dos hijos adolescentes que mantener: “Al mismo tiempo, no debe pasar inadvertido que el costo de crianza de dos adolescentes es mucho mayor al de una niña de cuatro años”, expresa. Nuestra hija tiene casi siete, no cuatro.

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En la Argentina contemporánea, criar en solitario es, para muchas mujeres, un acto de resistencia cotidiana. Cerca de 1.6 millones de madres están al frente de hogares monomarentales, sosteniendo la vida de más de 3 millones de niños y niñas. 

No se trata de “madres solteras” —el adjetivo reduce su realidad a un estado civil—, son mujeres que, sin corresponsabilidad paterna, enfrentan un sistema diseñado para estructuras familiares tradicionales.

El peso de esta inequidad es asfixiante. Un análisis de UNICEF detalla que la mitad de estos hogares no recibe ninguna cuota alimentaria por parte del progenitor ausente y nada más el 12% accede a una ayuda económica esporádica. Lo que debería ser un derecho, garantizado por el Código Civil argentino, se convierte en un privilegio escaso. Incluso cuando se cumple, el dinero pocas veces alcanza: en octubre de 2024, el costo mensual de la crianza se estimó en hasta 479.723 pesos para niños de 6 a 12 años, mientras que el salario mínimo, vital y móvil ronda los 271.571 pesos.

Imagen: Camila Mitre
Imagen: Camila Mitre

Meses atrás, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó una ley que busca simplificar los procesos judiciales para el reclamo de alimentos, una medida que apunta a aliviar la sobrecarga de cuidados que recae sobre las mujeres en hogares monomarentales. Según datos del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia, 7 de cada 10 madres no reciben aportes regulares de los progenitores, perpetuando una desigualdad estructural que no solo afecta la economía de las familias sino que también limita las oportunidades laborales y educativas de las mujeres. Si bien la ley es un avance, el sistema judicial sigue siendo un cuello de botella, con respuestas fragmentadas e insuficientes que perpetúan esta injusticia.

La obligación alimentaria y su marco legal

En términos legales, la obligación alimentaria incluye mucho más que comida: abarca vivienda, educación, vestimenta, salud y otros gastos esenciales para un desarrollo pleno. El Código Civil y Comercial de la Nación establece en su artículo 658 que ambos progenitores son responsables de la manutención de sus hijos en proporción a sus recursos económicos. Sin embargo, las madres que intentan litigar por esta cuota enfrentan un proceso desgastante, descrito como humillante. Deben justificar hasta el último gasto, sortear preguntas intrusivas y navegar por una burocracia que raramente prioriza sus casos.

“Los juicios de alimentos no son instancias agradables. No se trata de reuniones entre adultos responsables que buscan acordar sobre el bienestar de sus hijos e hijas. Por el contrario, suelen ser espacios marcados por mucha violencia, especialmente de parte de los progenitores demandados y sus representantes legales. Abogadas y abogados, en muchos casos, no buscan resoluciones que beneficien a los niños y niñas, sino que optan por dilatar los procesos”, enfatiza Paola Urquizo, psicóloga especialista en políticas de cuidado (CLACSO) y creadora de Familias Monomarentales, miembro de la organización Monomarentales Argentina.

 

La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en 2009, define la violencia económica como cualquier acción u omisión que implique la limitación de recursos para satisfacer necesidades básicas. En el contexto de los hogares monomarentales, el incumplimiento de la cuota alimentaria constituye una forma de violencia económica y patrimonial hacia las madres, quienes asumen la totalidad de las responsabilidades de cuidado. Este incumplimiento perpetúa una desigualdad estructural al descargar exclusivamente sobre las madres las responsabilidades materiales y emocionales que corresponden también al progenitor.

Esta ley surgió en un contexto de movilizaciones feministas que buscaban visibilizar las múltiples formas de violencia de género más allá de lo físico. Su sanción significó un avance histórico en la lucha por los derechos de las mujeres, estableciendo un marco legal para combatir las desigualdades económicas y estructurales que las afectan.

Urquizo remarca: “Actualmente, las separaciones y los divorcios han ido en aumento. Esto se debe, en parte, a que las mujeres han comenzado a reconocer que el maltrato psicológico y económico también son formas de violencia de género, y que no es necesario llegar al maltrato físico para pedir una exclusión del hogar o decidir separarse y vivir dignamente con sus hijos e hijas. A medida que se avanza en el reconocimiento de estas violencias previas a la violencia física, las separaciones y divorcios aumentan”.

Y continúa: “Esta situación debería ser un llamado a los organismos del Estado, las políticas públicas, las instituciones y la Justicia para que trabajen realmente en acompañar, proteger y apoyar las crianzas de estos niños y niñas. No deben convertirse en un obstáculo más en sus vidas ni dejarlos librados a la realidad de cada familia, que muchas veces depende de su contexto socioeconómico, de las redes familiares o laborales con las que puedan contar”.

Imagen: Camila Mitre
Imagen: Camila Mitre

Por su parte, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, sancionada en 2005, refuerza el principio del interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional en Argentina. Este principio exige que todas las decisiones judiciales prioricen los derechos de los menores y los protejan de cualquier forma de abandono.

Esta legislación se promulgó durante una creciente preocupación por los altos índices de pobreza infantil y la necesidad de adaptar la legislación local a los estándares internacionales de derechos humanos. La falta de corresponsabilidad no solo recae en las madres, sino también afecta directamente a los niños, quienes ven vulnerados sus derechos básicos. Incluye el acceso a educación, salud y una vida digna.

“Generalmente, por una cuestión cultural, somos las mujeres quienes nos hacemos cargo de los niños. La corresponsabilidad parental implica tanto derechos como obligaciones, pero en muchísimos casos se presentan contradicciones. Por ejemplo, hay padres que no pasan alimentos para sus hijos, pero quieren tener un régimen de visitas. Esto genera tensiones, porque si bien desean ejercer su derecho de ver a sus hijos, no asumen la obligación de alimentarlos ni de hacerse responsables de su bienestar”, aporta María Victoria Moyano Artigas, abogada especializada en derecho de infancias; además de ser hija de desaparecidos en la última dictadura cívico militar y nieta recuperada.

Y refuerza: “El sistema judicial aborda temas como los regímenes de comunicación, la responsabilidad parental y las tareas de cuidado. La reforma del Código Civil y Comercial equiparó las responsabilidades entre padre y madre, lo cual es positivo en teoría. Pero culturalmente, la carga sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, quienes asumen toda la responsabilidad. Aunque se trate de llegar a acuerdos, muchas veces los padres obtienen más derechos que las obligaciones que efectivamente cumplen”.

Imagen: Camila Mitre
Imagen: Camila Mitre

Esto también constituye violencia de género

El progenitor de mi hija la reconoció legalmente y le dio su apellido, pero se niega a pagar manutención porque dice que no es su hija biológica; que sólo la reconoció porque yo le di lástima. Lo más gracioso es que, de los tres hijos que tiene, ella es la que más se parece a él en su aspecto físico.

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Un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) señala que los hogares monomarentales tienen una incidencia de pobreza un 50% mayor que aquellos con dos progenitores. Este dato refleja cómo la falta de apoyo económico y de corresponsabilidad impacta directamente en la calidad de vida de los niños. Además, la presión financiera recae desproporcionadamente sobre las madres, que deben equilibrar múltiples roles: proveedoras, cuidadoras y gestoras de la economía familiar.

La desigualdad estructural también se manifiesta en el mercado laboral. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, las jefas de hogar monomarentales ganan un 19,8% menos que otras trabajadoras y recurren al endeudamiento para cubrir lo básico. Mientras tanto, ayudas estatales como la Asignación Universal por Hijo no logran cerrar la brecha y excluyen a muchas de estas mujeres debido a criterios de elegibilidad que ignoran su realidad.

“Es evidente que estos son varones que, por voluntad propia, deciden no hacerse cargo de sus hijos. Esta conducta tiene raíces en una idiosincrasia y educación machista, que perpetúa esta irresponsabilidad. En este sentido, el castigo no solo recae sobre los hijos e hijas, sino también, a través de ellos, hacia la ex pareja. Ellos saben perfectamente las implicancias que tiene en la vida de estas madres el hecho de tener que hacerse cargo de todo en soledad”, concluye Paola Urquizo.

El abandono infantil, ya sea económico o afectivo, tiene consecuencias devastadoras. Los niños que crecen sin el reconocimiento legal de uno de sus progenitores —algo común en estos hogares— sufren un vacío identitario que afecta su desarrollo emocional y académico.

Una de las tantas veces que llevé a mi hija a trabajar porque no tuve quién la cuide. Imagen: Camila Mitre
Una de las tantas veces que llevé a mi hija a trabajar porque no tuve quién la cuide. Imagen: Camila Mitre

El derecho a la identidad, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, establece que todo menor tiene derecho a conocer su origen y a ser reconocido por ambos progenitores. La Declaración, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y reforzada por la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, señala que los Estados deben garantizar que los niños sean protegidos de toda forma de abandono y negligencia.

En Argentina, un país con una historia marcada por la lucha por la memoria y la identidad, la noción de ésta como pilar de la ciudadanía sigue resonando. Durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar, cientos de niños fueron apropiados y privados de sus familias. La incansable labor de las Abuelas de Plaza de Mayo devolvió a muchos de ellos no sólo su identidad, sino también el derecho a una verdad que les fue negada. Este legado histórico resalta la importancia de garantizar que todos los niños puedan conocer y ejercer sus derechos fundamentales.

El Estado es responsable

En pleno proceso de demanda, la jueza solicitó un embargo de sueldo provisorio para el progenitor de mi hija y notificó a LONGPORT S.A, quien lo emplea, pero nunca pagaron. Hoy, el reclamo por alimentos también se trasladó a esta empresa, a la cual exijo el pago de astreintes, un tipo de sanción económica por haber incumplido una orden judicial.
Finalmente, pareciera que es más perjudicial ser demandante que demandado.

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El Índice Crianza, un mecanismo para estandarizar los montos de manutención, establece referencias más claras sobre los costos reales de la crianza. Sin embargo, su implementación enfrenta dificultades, como la falta de actualización acorde a la inflación y las disparidades regionales en el costo de vida. Además, persisten problemas estructurales: según un informe del Observatorio de Género del Poder Judicial, el 70% de los casos de incumplimiento de cuota alimentaria tarda más de dos años en resolverse, tiempo durante el cual las madres deben afrontar solas todas las responsabilidades.

“El tema de los alimentos también presenta desigualdades. El sistema legal está diseñado de manera que la responsabilidad del proceso recae en quien inicia la demanda, generalmente la madre, quien ya asume el cuidado diario de los niños. Es ella quien debe encargarse de notificar al padre y de intimarlo por alimentos adeudados, lo que resulta injusto y desproporcionado”, aclara Moyano Artigas.

La violencia económica no solo afecta a las madres en lo inmediato, sino que también perpetúa una desigualdad intergeneracional. Los niños que crecen en hogares monomarentales con recursos limitados tienen menos acceso a oportunidades educativas, recreativas y culturales, lo que afecta su desarrollo y limita sus posibilidades futuras. Según datos del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina, cinco de cada diez niños viven bajo la línea de pobreza, una realidad que recae de forma desproporcionada sobre los hogares monomarentales.

Además de las dificultades económicas, las madres enfrentan una carga social y cultural significativa. Así define estas dinámicas la doctora en Filosofía María José Binetti, en su ensayo La maternidad patriarcal y la genealogía de la suprema alienación: “La mujer abandonó la clásica materialidad de su esencia para convertirse en un una suerte de espíritu familiar o doméstico, cuya sustancia reside en la unidad con el varón, en su mutuo reconocimiento espiritual, consumado en el hijo”. Se trata de ellas, las “madres del deber”, responsables de todo; y ellos, los “padres del placer”, presentes de forma esporádica y simbólica. Esta disparidad, reforzada culturalmente, deja a las mujeres solas frente a las noches de fiebre, las reuniones escolares y las listas interminables de responsabilidades cotidianas.

Impacto de la Ley Bases y la reforma laboral

A partir de la sanción de la Ley 27.742, mejor conocida como Ley Bases y la posterior reglamentación de la reforma laboral, la capacidad del sistema judicial podría verse limitada en cuestiones punitorias vinculadas a las demandas de alimentos. Uno de los principales mecanismos utilizados en estos litigios es el embargo directo sobre el salario, ya que este permite asegurar un flujo constante y automático de ingresos destinados al sostenimiento de los hijos e hijas. Es un sistema fundamental para proteger los derechos de los niños, al proporcionar una forma segura de transferir recursos económicos desde el progenitor demandado hacia el hogar del menor​.

Pero esta reforma implica que, en aquellos lugares de trabajo donde los empleados sean menos de cinco, no exista obligación de establecer una relación de dependencia directa, sino un régimen de autonomía o monotributo. 

Entonces, a pesar de percibir un salario fijo administrado por un empleador, se dificultaría saber cuánto es realmente lo que cobra y, en detrimento, cuánto es lo que debería ser embargado. Los ingresos del monotributista son variables y no pasan por el circuito formal de liquidación de haberes sino que se dividen en categorías sobre ingresos anuales aproximados, lo que hace impracticable la retención automática. Esto deja a los jueces con menos herramientas para garantizar el cumplimiento, obligando a las madres demandantes a depender de mecanismos judiciales más lentos e inciertos, como órdenes de pago directo sobre cuentas bancarias, que a menudo requieren largos procesos de identificación y validación de fondos​.

Árbol con sus raíces expuestas, como metáfora del esfuerzo que implica sostener una vida, Plaza de los Periodistas, Ciudad de Buenos Aires. Imagen: Camila Mitre
Árbol con sus raíces expuestas, como metáfora del esfuerzo que implica sostener una vida, Plaza de los Periodistas, Ciudad de Buenos Aires. Imagen: Camila Mitre

Además, la naturaleza precaria e inestable del monotributo agrava este problema. Al no contar con un ingreso asegurado, la capacidad del progenitor para cumplir con sus obligaciones alimentarias puede fluctuar, generando incertidumbre y aumentando la vulnerabilidad económica de los hogares monomarentales.

Este impacto, combinado con las dificultades legales para asegurar pagos, representa una pérdida significativa de protección para las familias que dependen de estas medidas para su sustento.

La complicidad

-¿Existen antecedentes de asma en la familia?
-No, al menos en la mía no.
-El cuadro de su hija es muy grave y es importante saber todos los antecedentes de enfermedades familiares preexistentes.
-Pero no lo sé, el padre nunca me lo dijo y se borró de nuestra vida hace mucho.
-Pero sos la madre.

Conversación con una doctora del hospital Dr. Carlos Macías, el día que mi hija fue internada por neumonía. Mar de Ajó, Buenos Aires.

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La sociedad también cumple un rol en esta problemática. La estigmatización de las madres que crían solas refuerza prejuicios y discrimina a quienes ya enfrentan múltiples problemas. Campañas de concientización sobre corresponsabilidad parental y la implementación de políticas públicas con perspectiva de género son esenciales para cambiar estas dinámicas. Además, la educación en igualdad desde edades tempranas puede ayudar a deconstruir estereotipos y fomentar una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado.

La -tan combatida por el gobierno de Javier Milei- Ley de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada en Argentina en 2006, tiene como objetivo promover una educación integral que brinde herramientas para abordar la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos, y las relaciones de género en todos los contextos familiares. Dicha normativa reconoce y promueve la diversidad de estructuras familiares, incluyendo las familias monoparentales, biparentales, y aquellas conformadas por parejas del mismo género.

La ESI  se implementa en escuelas y promueve una visión inclusiva y respetuosa de las diferentes formas de familia, ayudando a desmantelar prejuicios y estigmas. También fomenta una cultura de respeto hacia todas las configuraciones familiares, cuestionando los estereotipos y promoviendo la corresponsabilidad parental.

Banca en soledad, Plaza de los Periodistas, Ciudad de Buenos Aires. Imagen: Camila Mitre
Banca en soledad, Plaza de los Periodistas, Ciudad de Buenos Aires. Imagen: Camila Mitre

Incluye contenidos específicos que buscan fomentar el respeto por la diversidad y la importancia de compartir las responsabilidades de cuidado. Además contribuye a una mayor equidad entre los géneros; visibiliza y cuestiona las cargas desiguales que recaen sobre las mujeres que maternan solas. También promueve una distribución más justa y corresponsable de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos.

“Una notificación en un juicio de alimentos, en muchos casos, implica que el demandado haga los mil y un malabares y peripecias para evitar ser notificado. Muchas veces, sus propias familias son cómplices de estas acciones, afirmando que ‘no vive más acá’, ‘se mudó’, o cualquier otra excusa. Incluso llegan a quitar los números de las placas de las puertas para dificultar la notificación. Este tipo de actitudes evidencian una clara intención de no cumplir con su obligación”, explica Urquizo.

Para muchas mujeres en esta situación, cada día es una batalla por sobrevivir y sostener. No buscan ser heroínas; exigen lo mínimo: corresponsabilidad, Justicia y un sistema que no las deje solas ante lo que debería ser una obligación compartida. Resolver esta crisis es un imperativo ético para garantizar un futuro más equitativo y justo para las nuevas generaciones.

+ notas

Después de dedicar (perder) 10 años de mi vida a trabajar en procesos empresariales que solo enriquecían a los más poderosos, descubrí mi verdadera pasión: el periodismo. Hoy soy periodista y fotógrafa, especialista en Moldavia, Transnistria y Gagaúzia, regiones tan incomprendidas como yo misma. Prefiero el frío antes que el calor, tengo 21 tatuajes -la mayoría poco pensados-, una hija y no me gustan los gatos.

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