El miércoles 8 de abril, se aprobó en la Cámara de Diputados la modificación de la Ley 26.639, mejor conocida como Ley de Glaciares. La reforma, impulsada por el Ejecutivo Nacional, dio paso a los gobiernos provinciales para que ahora sean ellos los que determinen en qué zonas periglaciares se pueden llevar a cabo actividades mineras y petroleras. De esta forma, el presidente Javier Milei espera que la laxitud de esta nueva legislación traiga consigo grandes inversiones a la cordillera argentina. En Buenos Aires, entre los pasillos de la Casa Rosada, se dice que la iniciativa tiene un horizonte claro, al otro lado de los Andes.
Chile es, por lejos, el principal productor y exportador de cobre del mundo. Genera cerca de 5,3 millones de toneladas métricas por año. Mientras tanto, Argentina no entra en el top 15. El país vecino también es el segundo en el ranking comercial de litio, por debajo de Australia. Ambos minerales son vitales para la economía mundial, ya que alimentan a la industria pesada de las nuevas tecnologías. En palabras más simples: sin litio y sin cobre no se puede hacer ningún celular, computadora o auto eléctrico. Y tampoco podrían funcionar los centros de datos de inteligencia artificial.
“Chile tiene una tradición minera que Argentina no tiene. Desde la época de la colonia, o incluso antes”, reflexiona Flavia Liberona, bióloga y directora ejecutiva de Fundación Terram, una ONG chilena que promueve políticas ambientales para el sector público, “no es cuestión de llegar, tomar lo que sucede en un país y llevarlo al otro. Son realidades, historias y geografías distintas, aunque seamos países limítrofes”.
Allá no existe algo como la Ley de Glaciares ni mucho menos. En su lugar, cuentan con normativas -mucho más maleables que las leyes- que, en todo caso, limitan la explotación minera o agrícola en zonas geográficas puntuales. Liberona explica que “hoy en día deben haber, al menos, tres o cuatro proyectos vinculados a la protección de glaciares en el Parlamento, pero ninguno de ellos tiene ninguna posibilidad de avanzar. Cuando algún gobierno o parlamentario quiere volver a dar la discusión, llega la industria minera y lo paraliza todo. El lobby de las mineras es tan grande que imposibilita cualquier posibilidad de debate que se pueda dar al respecto”.
Chile alberga casi el 80% de los glaciares de toda Sudamérica y, sin embargo, según un estudio realizado por el World Resources Institute (WRI), se encuentra en el puesto 16 entre los países con mayor estrés hídrico a nivel mundial. Hay más de un elemento que puede explicar esta problemática; el primero, es que lleva padeciendo una sequía de más de 15 años. En segundo lugar, el largo territorio trasandino cuenta con una geografía ampliamente heterogénea; las regiones áridas del norte alojan zonas rurales en las que más del 40% de la población no tiene acceso al agua potable. Por último, aunque no menos importante, a partir de la reforma constitucional de 1980, el agua chilena dejó de ser priorizada para el consumo humano.
Liberona pone como punto de inflexión los cambios que se hicieron en el Código de Aguas durante la dictadura de Augusto Pinochet: “La constitución sitúa a los derechos de aprovechamiento de agua como una especie de derechos de propiedad. Quien adquirió derechos de agua los puede usar para lo que quiera: consumo humano, minería o ganadería, da lo mismo. No garantiza el agua para el funcionamiento de los ecosistemas, no hay protección de las cabeceras y así puedo seguir con un montón de ‘no hay’”.
La última reforma de 2022 intentó revertir en cierta medida el enfoque del Código, declarando al agua como un “derecho humano esencial” y como un “bien nacional de uso público”. Pero Liberona y muchos especialistas en medio ambiente califican al alcance de la reforma como “meramente discursivo”. Además, los cambios promovidos por el ex Presidente Gabriel Boric, solo actúan sobre los nuevos derechos de agua y no, sobre los que ya fueron vendidos por el Estado. “Es difícil que haya nuevos derechos de agua porque ya todas las aguas han sido otorgadas. El cambio está puesto en las palabras, pero en la realidad es prácticamente insignificante”, argumenta la directora de Terram.
Este es Copiapó
En definitiva, el agua chilena no es de los chilenos, sino de los que pudieron comprarla en el momento en que se puso en venta; algo parecido a lo que pasó con el reparto de tierras de la Patagonia argentina después de la mal llamada “Conquista del Desierto”.
Una de las experiencias que mejor grafican el defectuoso reparto hídrico es lo que sucede en el norte seco:
“Este es Copiapó: el lugar donde la gente teme a beber el líquido que sale de sus llaves, donde un litro por segundo puede llegar a costar 60 mil dólares, donde se pelean hasta por las aguas servidas, donde alguna vez corrió un río”, relata la periodista chilena Patricia Venegas, en un informe especial de la Televisión Nacional de Chile (TVN) que data del 19 de septiembre de 2011. Copiapó es la capital de Atacama, una región que se caracteriza por tener el desierto más árido del mundo, pero que también ostenta una alta riqueza en hierro, litio y cobre. Por aquel entonces, varias ciudades de la zona atravesaban una larga crisis hídrica y las condiciones inherentes del territorio eran, más que un causante, un potenciador.
El agua de los copiapinos no salía de sus canillas durante las 24 horas del día, sino que cuando lo disponía Aguas Chañar S.A. (en Chile, todos los servicios básicos son administrados por empresas estatales). Los habitantes de la región pagaban por la prestación un tercio más de lo que valía en Santiago. Y, aunque aquel agua no era potable, muchos la bebían igual. La que verdaderamente podía usarse para beber llegaba a través de camiones aljibe, pero la mayoría no podía costearla.
Por ese entonces, Dictuc, una empresa que brinda servicios a sectores productivos, determinó que la minería y la ganadería utilizaban el 80% del agua de Copiapó, mientras que solo el 20% era destinada al uso humano. Debido a que a Aguas Chañar ya no le quedaba otro lugar de donde extraer el líquido, comenzó a abastecerse de napas ubicadas a más de 110 metros bajo tierra. Al ser aguas tan profundas, los procesos de potabilización utilizados en ese momento no permitían eliminar el exceso en sólidos disueltos totales, sulfatos y cloruros. Estos componentes llegaban a las casas de los copiapinos y a muchas personas no les quedaba de otra que beberlos. Fue en 2011 que se determinó que el constante consumo de agua en estos estados derivaba en que Copiapó registrara una tasa de cálculos renales casi tres veces superior al promedio del resto del país.
En el informe de la TVN, Fernando Dougnac, titular de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente, explica que la situación de Atacama se debía a la “estupidez humana, porque se concedieron muchos más derechos de agua de los que en realidad existían”. Y es que en la década de 1990, la Dirección General de Aguas entregó, gratuitamente y a perpetuidad, cuatro veces más de los derechos disponibles en Copiapó.
El hueco que deja un río
También para 2011, el Río Copiapó se había reducido a su cauce: un lecho de tierra seca en el que pocas décadas atrás se bañaban los habitantes de las localidades cercanas. De alguna manera, a los copiapinos ya no les quedaba nada de lo que el agua podía darles; no podían beberla, pero menos aún comprarla y todos los electrodomésticos que usaban para hervir se averiaban por el exceso de sarro; no podían bañarse antes de ir a trabajar porque la empresa que entregaba el servicio determinaba el horario de su uso; no podían meterse en su río porque ya no existía.
La pasividad social se colmó cuando Aguas Chañar anunció el aumento gradual del 40% sobre el valor del agua. Esto desenlazó frecuentes manifestaciones en las puertas de las empresas e impulsó la creación de juntas vecinales que se ocuparon de discutir las dificultades que el mal estado del agua traía a sus vidas. Hoy, la situación de Copiapó y de las ciudades de Atacama no es muy distinta a la de 2011. Sí es cierto que se implementaron algunos proyectos privados para mejorar la eficiencia hídrica, pero los problemas estructurales siguen siendo los mismos. Y arriba, en la cordillera, los que explotan el cobre, continúan aprovechándose del poco agua que acapara la región.
En cuanto a la minería a nivel nacional, hubo grandes inversiones en innovación que permitieron alivianar ciertos conflictos ambientales. “Desde hace muchos años las grandes empresas mineras empezaron a generar procesos de reutilización del agua y últimamente algunas están desarrollando grandes inversiones para operar con agua desalinizada traída del océano”, cuenta Liberona. Volviendo a Argentina, esta industria moderna que se vuelca hacia la sustentabilidad aparece como un panorama esperanzador. Sirve de consuelo para los sectores que estuvieron a favor de la modificación de la Ley de Glaciares; una forma de decirle a los ambientalistas: “Ven que se pueden hacer las dos cosas”.
Pero la directora de Terram explica que no es tan fácil: “La distancia que Argentina tiene de la cordillera al mar es enorme comparada con la de Chile. Además, las posibilidades que hoy tienen las mineras chilenas de ser más sustentables tiene que ver con la propia cultura minera y con décadas de inversiones. Pero también hay que decir que es una minería que, si no es por las presiones de las comunidades locales e indígenas y de las organizaciones ambientales, seguiría usando el agua dulce a su antojo”. “Los cambios en la minería”, concluye Liberona, ”se explican por las denuncias que han recibido, por los glaciares que han sido destruidos y por las características territoriales únicas de Chile”.
No se trata de copiar y pegar.
Joaquín Benitez Demark es periodista. Escribe el newsletter "La sociedad del rebote" miércoles de por medio.
