Miriam Lewin no durmió esa noche en su casa. Siguió el consejo que le había dado el fiscal Julio Strassera. Era mejor que no fuera desde su domicilio al tribunal. Nadie sabía qué podía pasar en una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas. Llegó con 27 años y demasiadas historias a cuesta de su cuerpo menudo. Vestida de negro, ingresó a la sala de la planta baja del Palacio de Justicia de Talcahuano al 550. Era el 18 de julio de 1985. Jueces y fiscales ya llevaban casi tres meses descendiendo a los infiernos de los campos de concentración de la dictadura. A pesar del miedo –que revivía los peores fantasmas–, declarar fue un compromiso con sus compañeros desaparecidos que honró. Para ella, el Juicio a las Juntas –de cuyo inicio se cumplen 40 años este 22 de abril– marcó un parteaguas en la historia de la Argentina.
Miriam Lewin tenía 19 años cuando la secuestraron. Fue el 17 de marzo de 1977 en La Matanza. Primero, la llevaron a una comisaría para torturarla. Después a una casona que, por lo que había podido escuchar, estaba cerca del Departamento Central de la Policía Federal Argentina (PFA). Después de un año de cautiverio en en ese lugar, la metieron en el baúl de un auto y la dejaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Estuvo durante algunas horas en el sótano de ese campo de concentración –donde estaban las salas de tortura y en donde algunos secuestrados eran obligados a trabajar como mano de obra esclava. Pero, para entonces, ella no sabía del “proceso de recuperación” ni de los planes de Emilio Eduardo Massera, comandante de la Armada, para ser presidente. Solo escuchaba conversaciones a distancia.
–¿Vos sos la chica que viene de Fuerza Aérea?– le preguntaron los otros prisioneros cuando la vieron.
– No sé–contestó ella.
–Sí, tenés que ser vos– le insistieron.
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Miriam estuvo bajo el control de los represores de la ESMA hasta 1981, cuando la dejaron salir del país. Antes, tuvo que trabajar en las oficinas de Massera y en el Ministerio de Bienestar Social –siempre siguiendo las órdenes de sus captores.
Se instaló en Estados Unidos con su marido, Carlos García, otro sobreviviente de la ESMA. Empezó a trabajar con una abogada que hacía papeles de inmigración. Miriam oficiaba de intérprete. Atendía a refugiados como el chofer de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que había sido acribillado en 1980 en El Salvador.
A diferencia de otros que se habían decidido a dar sus testimonios cuando salieron de la ESMA, Miriam dudaba. Padecía lo que define como la culpa del sobreviviente. ¿Por qué hablar si ella había sobrevivido y otros no? Graciela Daleo, que también había estado secuestrada en el centro clandestino de la Marina, le envió una larga carta en la que decía que la responsabilidad de los sobrevivientes era dar testimonio de lo que había pasado.
Así fue que Miriam se decidió y presentó su primera declaración ante America’s Watch –antecesor de lo que hoy es Human Rights Watch. Lo hizo con la ayuda del abogado Juan Méndez, que estaba en Washington. Ella escribía a máquina su declaración y se la enviaba por correo a Méndez. Él la leía y se comunicaba pidiéndole precisiones o ampliaciones.
El ascenso alfonsinista y la creación de la Conadep
Raúl Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983. Durante la campaña, el candidato de la Unión Cívica Radical (UCR) había manifestado su interés de juzgar a los responsables de la dictadura y de dar por tierra con la autoamnistía que ellos habían dictado.
Tres días después de su llegada a la Casa Rosada, Alfonsín firmó dos decretos: el 157 –que ordenaba juzgar a las cúpulas de las organizaciones político-militares de izquierda– y el 158 –que ordenaba someter a juicio sumario a las tres primeras Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1982.
El 15 de diciembre de 1983, el Presidente rubricó el decreto 187 a través del cual creaba la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Era una comisión de notables que en seis meses debería investigar lo sucedido con los desaparecidos y probar la existencia de centros clandestinos de detención.
La Conadep comenzó su tarea ese mismo diciembre. Tenía su sede central en el Teatro General San Martín en la avenida Corrientes, pero sus integrantes viajaban por el resto del país y del mundo para recabar testimonios. Uno de los notables, el rabino Marshall Meyer, llegó a Nueva York con esa tarea. Tanto Miriam como su marido fueron a declarar.
Alfonsín prorrogó por tres meses más la tarea de la Conadep. En agosto de 1984, Miriam volvió al país. Lo primero que hizo fue acudir a las oficinas de la comisión. De allí salió con uno de los asistentes con una misión: recorrer las calles del centro hasta encontrar el lugar dónde había estado secuestrada durante 1977. Con el tiempo sabrían que era una casona de la calle Virrey Cevallos que alquilaba el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea.
Strassera, Moreno Ocampo, los pibes y las pibas
El 20 de septiembre de 1984, la Conadep entregó su informe final al Presidente Alfonsín. Una movilización acompañó el acto. La consigna que aglutinó a los manifestantes era “después de la verdad, ahora la justicia”.
Las cosas no marcharon como el gobierno de Alfonsín hubiese querido. El Consufa (Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas) no quiso juzgar a Jorge Rafael Videla y compañía. El 10 de octubre de 1984, los seis integrantes de la Cámara Federal porteña –León Carlos Arslanian, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma, Andrés D’Alessio y Ricardo Gil Lavedra– decidieron tomar en sus manos la causa.
La fiscalía de Cámara, con Strassera a la cabeza, sería la responsable de seleccionar los casos y conseguir la prueba. La Procuración inicialmente designó a Alfredo Bisordi –un funcionario que veía con buenos ojos el accionar militar– para secundar a Strassera. No funcionó. Su lugar lo terminó ocupando Luis Moreno Ocampo, un letrado joven y que tenía fama de conformar buenos equipos en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Como con el personal de la fiscalía no alcanzaba, Moreno Ocampo salió a reclutar de otras fiscalías y oficinas del Poder Judicial, y armó un seleccionado de pibes y pibas que durante seis meses se dedicaron a buscar testimonios y evidencias sobre la existencia de los campos de concentración.
“La gente les confió a Strassera y a los chicos”, dice Moreno Ocampo. “En aquel tiempo, los fiscales no salían en los medios y él lo hizo. Decía: ‘Tengo las pruebas, vengan, necesito que me ayuden’. Y la gente iba. Cuando mandamos a los chicos a Tucumán, había 5000 personas esperándolos”, recuerda sobre la investigación previa para recopilar y presentar testimonios para el Juicio a las Juntas.
El pañuelo de Hebe, testimonios mudos y una breve transmisión televisiva
–Señores de pie– dijo Juan Carlos López. El “Pibe” López, de 25 años, era entonces el secretario de la Cámara Federal. La fórmula que pronunció cientos de veces anunciaba el ingreso de los seis integrantes del tribunal.
Ese día, en la sala se respiraba tensión. El inició se había demorado unos minutos después de la trifulca que se ocasionó cuando la PFA, siguiendo una acordada de la Cámara, le había pedido a Hebe de Bonafini que se retirara el pañuelo, emblema de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo que ella presidía. El “Pibe” López entró agitado a avisarles a los camaristas lo que estaba pasando y ellos les pidieron a los fiscales que intercedieran. No hubo caso. Mediaron, con éxito, otros referentes del movimiento de derechos humanos que estaban en la sala, como los abogados Emilio Mignone y Agusto Conte –fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)– y el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Ese día los excomandantes no se presentaron. Otra disposición de la Cámara los eximía de presenciar las audiencias, salvo en el momento de los alegatos. La sala estaba llena de invitados especiales. En los palcos superiores se acomodaban los periodistas que se habían acreditado para cubrir el Juicio a las Juntas.
La prensa gráfica jugó un rol clave al contar qué pasaba en el Palacio de Justicia. Las audiencias fueron filmadas íntegramente por Argentina Televisora Color (ATC), la señal pública, y cuatro fotógrafos oficiales estaban facultados para sacar imágenes que después distribuían entre los medios de comunicación. No pasaba lo mismo con las filmaciones. La Secretaría de Cultura preparaba un resumen breve, de tres minutos, que no tenía sonido. La decisión de que el Juicio a las Juntas se televisara brevemente y no se escucharan los testimonios obedeció a una razón: no exacerbar más los ánimos ya exacerbados de las Fuerzas Armadas.
El primer testimonio del infierno
El descenso a los infiernos se produjo el 29 de abril de 1985. Ese día declaró, por primera vez, una sobreviviente de los campos de concentración. Fue Adriana Calvo de Laborde, una docente universitaria, profesora de Física, que había sido secuestrada mientras cursaba un embarazo avanzado. Su tercera hija, Teresa, nació mientras Adriana era trasladada en el asiento de atrás de un patrullero. La llevaban desde un centro clandestino a otro. Al llegar al Pozo de Banfield, el médico policial Jorge Bergés le extrajo la placenta de un solo golpe. Después, le dieron un balde para que limpiara el lugar. Solo cuando hubiera terminado, podría tomar en sus brazos a su bebita.
–Señor presidente: ese día hice la promesa que, si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todos los días de mi vida para que se hiciera justicia– le dijo Calvo al juez Ledesma, que presidía la audiencia.
El proceso que duró el Juicio a las Juntas, la fiscalía seleccionó 700 casos y pasaron más de 800 testigos durante las audiencias. Los testimonios se seleccionaron con cuidado. Adriana Calvo, por ejemplo, era una de las fundadoras de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), que se había conformado casi en los pasillos de la Conadep y que tenía un vínculo fluido con la fiscalía.
Las audiencias que se dedicaron a los testimonios sobre lo sucedido en la ESMA fueron álgidas, sobre todo porque varios testimonios hablaban de la presencia de Massera dentro del campo de concentración. No se trataba de los comandantes de las fuerzas dando las órdenes sino de ellos situados dentro de la mazmorras.
En ese momento, no solo había que probar que los centros clandestinos existían sino también la presencia de los secuestrados en ese lugar. Por eso, los jueces quedaron impactados cuando Miriam Lewin sacó de su cartera una servilleta de papel en la que Alfredo Astiz –ya, por entonces, una de las caras del genocidio por su infilración en los grupos de familiares de los desaparecidos y su rendición en la Guerra de Malvinas– había anotado su dirección por si ella llegaba a necesitar contactarlo. En ese momento, Lewin estaba en libertad vigilada.
La servilleta probaba que Astiz la conocía. Y, si Astiz la conocía, no habría demasiadas dudas de que ella había estado cautiva en la ESMA. Así se fue construyendo la prueba en un juicio que debía exponer la metodología criminal clandestina que habían diseñado las Fuerzas Armadas.
Lewin pidió permiso para fumar. Tomó un cigarrillo con su mano derecha, mientras los abogados defensores se iban turnando para interrogarla. La mayoría de las preguntas estaban centradas en demostrar su actividad militante.
“La verdad es que los jueces estuvieron muy bien, muy contenedores”, concede Lewin –hoy, una consagrada periodista de investigación. “El Juicio a las Juntas convirtió a la Argentina en referente en políticas punitivas a nivel mundial. Yo lo compruebo cada vez que voy a un seminario o a una conferencia en el exterior. En este plano, Argentina es como un faro. Muchas veces me dicen: ‘Ay, vos estuviste desaparecida’. Yo respondo que ése no es un mérito mío. Para mí, el mayor mérito fue animarme a declarar en ese contexto tan adverso, donde yo sabía que iba a haber represalias, pero no sabía cuáles. En mi caso, fueron denuncias judiciales”, completa.
Seguir esperando
Zulema Chester fue la última testigo en el Juicio a las Juntas. Dio su declaración el 14 de agosto de 1985. Tenía, por entonces, 22 años.
–No soy amiga o enemiga, pero los considero enemigos de la humanidad– contestó ella cuando el juez Valerga Aráoz le preguntó por las generales de la ley –que son las preguntas estándar que le hacen a una persona antes de testificar.
Zulema llevaba un tiempo pensando cómo mostrar su insatisfacción con el juicio y su desprecio a los excomandantes que estaban en el banquillo. Su papá, Jacobo Chester, era trabajador del Hospital Alejandro Posadas y había sido secuestrado el 26 de noviembre de 1976 de su casa. Ella, de trece años, y su mamá, Marta, habían sido víctimas de un operativo violento.
En 1985, Zulema era parte del grupo de apoyo a Madres, donde primaba la postura confrontativa de Hebe de Bonafini. Otras Madres tenían más expectativas en el juicio. En el Hospital Posadas sostenían que debían participar porque allí estaba la esperanza de iluminar todo lo que aún estaba en la oscuridad.
“Con esa frase, sentí que hacía un poco de síntesis: me presentaba a declarar en el Juicio por los compañeros del Hospital y llevaba, a su vez, la voz de las Madres”, dice Zulema. “Cuando terminé de declarar, sentí que había hecho lo que tenía que hacer. La parte reparadora le tocaba al Poder Judicial, y todavía la sigo esperando”, añade sobre el Juicio a las Juntas.
El Juicio a las Juntas y la justicia
El 11 de septiembre de 1985, la fiscalía pronunció la acusación a los integrantes de las tres primeras Juntas. Strassera y Moreno Ocampo pidieron que se condenara a prisión perpetua a Videla, Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini. Solicitaron quince años de prisión para Leopoldo Fortunato Galtieri y Omar Rubens Graffigna; doce años para Jorge Isaac Anaya y diez para Basilio Lami Dozo.
– Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca Más –cerró su alegato Strassera. Y la sala estalló en aplausos.
El 9 de diciembre, hubo gente en la calle para esperar la sentencia. Solo Videla y Massera fueron condenados a prisión perpetua. Viola recibió una pena de 17 años; Lambruschini, de ocho y Agosti, de cuatro años y medio. Los demás acusados fueron absueltos.
En ese momento, el fallo fue un golpe para los sobrevivientes y los familiares, que esperaban condenas para todos los señores de la vida y de la muerte. El movimiento de derechos humanos destacó el punto 30 de la sentencia, que ordenaba juzgar a los autores directos de los crímenes en lo que se presentaba como un desafío a la política de juzgamiento del alfonsinismo –que solo quería en el banquillo a quienes dieron las órdenes o, en todo caso, se “excedieron” en su cumplimiento. Pero rápidamente empezaron los alzamientos militares. Y llegaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que pusieron coto al proceso de justicia. Con Carlos Menem, hicieron su aparición en escena los indultos.
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En junio se cumplirá otro aniversario: los 20 años del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales las leyes del “perdón” y habilitó el juzgamiento de todos los responsables de crímenes aberrantes. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), son 1197 las personas que han sido condenadas desde entonces.
El movimiento de derechos humanos sigue pidiendo, como aquel 22 de abril de 1985, juicio y castigo a todos los culpables.
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Soy periodista (TEA), licenciada en Ciencia Política (UBA) y magíster en Derechos Humanos (UNSaM). Cubro hace más de quince años temáticas vinculadas a lesa humanidad. derechos humanos y justicia.
