Chile también dijo Nunca Más. El informe Rettig es un documento fundamental en la recuperación de la democracia en Chile. Publicado en 1991, este informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación detalla las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Augusto Pinochet y constituye un primer paso hacia la verdad y la justicia en el país. A través de testimonios y evidencias, el Rettig busca no solo recordar a las víctimas, sino también contribuir a la memoria histórica de las atrocidades cometidas.
De manera similar, Argentina publicó el Nunca Más en 1984. Este informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) documenta los horrores de la dictadura militar y establece un camino hacia el juicio y la condena de los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Ambos informes son cruciales para entender el legado de estos oscuros capítulos de la historia latinoamericana y la lucha por la verdad y la justicia en la región.
Ambos países, junto con Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, formaron parte del Plan Cóndor, una operación coordinada por Estados Unidos con el objetivo de eliminar la “amenaza comunista” en la región. Esta estrategia buscaba prevenir la expansión de movimientos revolucionarios y garantizar el control político en América Latina, lo que resultó en un período de intensa represión y sufrimiento para millones de personas en toda la región. Estos informes, tanto el Nunca Más como el Rettig, son cruciales para entender el legado de estos oscuros capítulos de la historia latinoamericana y la lucha por la verdad y la justicia.
Del socialismo a un golpe militar
Durante la Guerra Fría, Chile se había inclinado hacia el socialismo tras la victoria de Salvador Allende en las elecciones de 1970. Su plan de gobierno incluía la estatización de sectores clave como la minería, una reforma agraria, el congelamiento de precios y el aumento de los ingresos.
La postura socialista de Allende llamó la atención de la Unión Soviética, que lo consideraba un “contacto privilegiado”, según el periodista Michel Faure. Esto preocupó al presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, quien ordenó a la CIA boicotear el plan económico de Allende. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, lideró un golpe de Estado.
El golpe fue justificado como una medida para evitar un régimen comunista en Chile, bajo el programa de Allende llamado “Vía chilena al socialismo”. Ese mismo día, las Fuerzas Armadas asaltaron la capital y bombardearon el Palacio de La Moneda, donde Allende se suicidó al negarse a renunciar.
Tras el golpe, Pinochet encabezó una junta militar que cerró el Congreso, declaró el estado de sitio, impuso el toque de queda y prohibió manifestaciones y actividades sindicales, además de intervenir universidades. La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), una organización parapolicial, fue responsable de la represión, incluyendo secuestros, torturas y asesinatos de opositores al régimen.
En 1978, Pinochet organizó un plebiscito para legitimar su gobierno, ganando con un 67 % de los votos en un proceso sin garantías de legalidad. En 1980, aprobó una reforma constitucional que le permitió gobernar hasta 1988, bajo la excusa de estar legitimado por los votos.
En 1988, se celebró otro plebiscito para extender su mandato, pero la sociedad chilena votó “NO”, con un 55 % de los votos. El gobierno reconoció la derrota y comenzó la transición hacia la democracia.
Una transición democrática condicionada
Las primeras elecciones democráticas en Chile se realizaron en 1989, y Patricio Aylwin fue elegido como el primer presidente en el nuevo período democrático del país.
A diferencia de Argentina, donde el retorno de la democracia no incluyó un pacto de impunidad para los militares, en Chile se logró el fin de la dictadura bajo la condición de que Pinochet volviera a ser comandante en jefe del ejército. Además, asumió el cargo de senador vitalicio por su estatus de “ex presidente de la República”.
Sin embargo, Pinochet había promulgado leyes de amnistía para él y otros militares, impidiendo que fueran condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Informe Rettig, el Nunca Más chileno
Un año después del retorno a la democracia, el 25 de abril de 1990, el presidente Patricio Aylwin emitió el decreto 355, creando la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. El objetivo era esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
La comisión investigó casos de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados, donde se implicara la responsabilidad moral del Estado. Tenían seis meses para llevar a cabo su trabajo, tanto en Chile como en el exterior, a través de sedes diplomáticas y consulares.
El grupo estaba compuesto por nueve miembros de diversos sectores, entre ellos Jaime Castillo Velasco, José Luis Cea, Mónica Jiménez y Gonzalo Vial Correa. Todos trabajaron ad honorem y fueron liderados por Raúl Rettig, exsenador y exsubsecretario de Relaciones Exteriores. Gracias a su labor, el documento resultante se conoce como el Informe Rettig.
El 8 de febrero de 1991, Rettig entregó el informe a Aylwin, que contenía casi 1400 páginas y fue aprobado por todos los miembros de la comisión. Según el informe, se documentaron 2298 víctimas, de las cuales 2130 fueron clasificadas como violaciones de derechos humanos y 168 como violencia política.
Posteriormente, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) elevó el número total de víctimas a 3197, incluyendo 899 nuevos casos. De estos, 644 fueron por violaciones de derechos humanos y 255 por violencia política. Sin embargo, 1289 casos no fueron acogidos.
El exdictador también cuestionó la imparcialidad del informe y dejó claro que el Ejército, bajo su liderazgo, no se sometería a tribunales civiles. Defendió que había “salvado a Chile del comunismo” y que no debía pedir perdón por su “labor patriótica”.
Los juicios a militares en Chile
Al igual que el Nunca Más en Argentina, el Informe Rettig fue utilizado por el Estado chileno como parte de las pruebas para enjuiciar y condenar a los militares implicados en la dictadura. Sin embargo, la ley de amnistía promulgada por el régimen de Pinochet impidió inicialmente que los miembros de las Fuerzas Armadas fueran procesados.
No fue hasta 2005 que la amnistía fue declarada inconstitucional, permitiendo que, después de 15 años de democracia, comenzaran los juicios por crímenes de lesa humanidad. Desde entonces, se han llevado a cabo más de mil procesos judiciales contra represores.
Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 2022, cuando 106 militares y policías fueron condenados por su participación en la Operación Colombo, llevada a cabo en los primeros años de la dictadura. Fueron hallados culpables del secuestro y asesinato de 16 personas, como parte de las operaciones de represión lideradas por la DINA.
El tribunal impuso penas que varían entre 541 días y 20 años de prisión. Las sentencias más severas recayeron sobre los generales César Manríquez y Raúl Iturriaga, así como sobre los exbrigadieres Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff, todos ellos miembros de la dirección de la DINA.
Según la investigación judicial, las víctimas eran miembros del Partido Socialista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fueron detenidas por agentes de la DINA entre el 17 de junio de 1974 y el 6 de enero de 1975, trasladadas a centros de detención clandestinos y nunca más fueron vistas.
Pinochet se fue impune
En 1998, Augusto Pinochet viajó a Londres para someterse a una operación médica, donde fue arrestado por orden del juez español Baltasar Garzón. El magistrado lo acusaba de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas cometidas durante su dictadura en Chile.
Tras su arresto, el gobierno chileno exigió su extradición, alegando que Pinochet gozaba de inmunidad diplomática como senador vitalicio. Poco después, la justicia británica decidió liberarlo, desestimando la orden de arresto de Garzón debido a la avanzada edad y supuesta incapacidad de Pinochet para enfrentar prisión. El exdictador fue liberado y regresó a Chile.
Sin embargo, el Senado chileno le retiró la inmunidad parlamentaria, permitiendo que fuera acusado por su implicación en la Caravana de la Muerte, un grupo de tareas responsable del asesinato de 98 presos políticos. El 1 de diciembre, Pinochet fue procesado por 18 secuestros calificados y 57 asesinatos, pero ese mismo mes el proceso fue anulado mediante un recurso de amparo.
El 28 de mayo de 2004, la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento de Pinochet por demencia, y la decisión fue ratificada el 26 de agosto por la Corte Suprema. Pinochet fue procesado por violaciones de derechos humanos durante la Operación Cóndor. El 5 de enero de 2005, fue puesto bajo arresto domiciliario, pero una semana después fue liberado tras pagar una fianza de 3,570 dólares. Finalmente, fue sobreseído definitivamente por la Corte Suprema en septiembre de ese año.
Pinochet falleció el 10 de diciembre de 2006, sin haber sido condenado por ninguno de los crímenes que se le imputaron en Chile, España, Estados Unidos y Argentina, dejando impune el sufrimiento y el terror que su dictadura infligió a la sociedad chilena.
¿Qué significa el informe Rettig para la sociedad chilena?
Fernando Camacho Padilla, doctor en historia contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, analizó el Informe Rettig desde sus propósitos hasta sus consecuencias. Para él, “el informe promueve una historia oficial para todo el país, una versión del pasado que ha logrado imponerse en la academia, las calles, las escuelas y los medios de comunicación”.
Se trata de una verdad dirigida principalmente a la ciudadanía, que no fue aceptada ni por las Fuerzas Armadas ni por todos los organismos de derechos humanos, siendo estos, curiosamente, los principales afectados en el tema.
A diferencia de Argentina, donde, desde el retorno de la democracia, la sociedad ya exigía memoria, verdad y justicia, en Chile este proceso no comenzó hasta la detención de Pinochet en Londres. Daniela Jara, doctora en sociología por la Universidad de Valparaíso, explica: “El pueblo chileno tuvo una suerte de amnesia social que dejó la justicia en un segundo plano. No fue hasta el arresto del exdictador que el problema de la memoria irrumpió nuevamente en el debate público”.
Boric quiere memoria, verdad y justicia
Este año se conmemoraron los 51 años desde el golpe de Estado. En este contexto, el presidente Gabriel Boric presentó el Plan Nacional de Búsqueda, una medida sin precedentes en la que el Estado chileno asume, por primera vez, la responsabilidad de esclarecer las circunstancias de la desaparición o muerte de personas. Hasta ese momento, esta labor había sido gestionada principalmente por organizaciones de familiares y de derechos humanos.
Para Antonio González Quintana, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, el anuncio de Boric “responde a un reclamo muy directo por la localización, apertura y accesibilidad de los fondos documentales producidos o acumulados por los organismos que diseñaron y ejecutaron la represión política contra quienes se opusieron al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y a la dictadura que se prolongó durante 17 años”.
González también considera que “es necesario construir, como parte de las políticas de memoria, reparación y justicia, sistemas nacionales de archivos integrales donde los documentos públicos tengan garantizado un tratamiento archivístico profesional desde su creación, asegurando su conservación y accesibilidad, y en los que también puedan participar entidades u organizaciones privadas”.
