“Cuando me detuvieron fui herido de nueve balazos. Primero me llevaron a un lugar que llamaban —según supe después— «La Casita», que era una dependencia de Inteligencia. Luego de unas horas me llevaron al «Campito» donde permanecí sin más atención que la de una prisionera ginecóloga que me suministró suero y antibióticos en la «enfermería» ubicada en el mismo edificio donde se torturaba. En ese lugar no se escatimaba la tortura a terceras personas, e incluso la muerte para presionar a los detenidos y hacer que hablasen. La duración de la tortura dependía del convencimiento del interrogador, ya que el limite lo ponía la muerte, que para el prisionero significaba la liberación”, testimonio de Juan Carlos “Cacho” Scarpati, secuestrado en 1977.
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En 1983, tras el fin de la dictadura cívico-eclesiástica-militar argentina, el país se encontraba sumido en un arduo proceso de reconstrucción. Siete años de terrorismo de Estado habían dejado una profunda cicatriz en la nación, marcada por una serie de atrocidades que incluyeron desapariciones, torturas y asesinatos. Las Fuerzas Armadas, en su intento por eliminar cualquier forma de resistencia a su régimen autoritario, llevaron a cabo una feroz campaña de represión. Este periodo oscuro se caracterizó por la sistemática violación de los derechos humanos y una cultura de miedo que permeó todos los aspectos de la vida social y política.
El golpe militar del 24 de marzo de 1976 instauró una dictadura que se justificó bajo el pretexto de una “guerra interna” contra el subversivismo. Este concepto abarcó desde militantes políticos y guerrilleros hasta estudiantes, sindicalistas e intelectuales, y sirvió como una excusa para la represión indiscriminada. Los centros clandestinos de detención eran lugares de tortura y desaparición. La transición hacia la democracia, liderada por el recién electo presidente Raúl Alfonsín, requería no solo estabilizar el país, sino también enfrentar el oscuro legado de la represión.
A pesar de la presión de sectores militares que favorecían el olvido y la impunidad, Alfonsín promovió la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) mediante el Decreto 187/83. La CONADEP se encargó de investigar las desapariciones forzadas ocurridas bajo la dictadura, recopilar pruebas y testimonios, y documentar las atrocidades cometidas para llevar a los responsables ante la Justicia.
Esclarecer la verdad, honrar a las víctimas y contribuir al proceso de justicia. Fue integrada por un grupo diverso de personalidades de distintos ámbitos, que incluían a escritores, abogados, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos. Ernesto Sábato, un reconocido escritor y figura de la cultura nacional, fue designado como presidente de la comisión. Junto a él estaban el rabino Marshall Meyer, los abogados Ricardo Colombres y Jaime de Nevares, y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, entre otros. Este equipo fue el encargado de garantizar la investigación que luego daría lugar al juicio a las juntas en un tribunal civil.
“Lo que yo vi fue el impacto de varios aspectos. En primer lugar, la publicación del informe llevó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a afirmar que los comandantes habían sido arrestados y, supuestamente, desaparecidos. Ya que consideraron relevante el contenido del informe. Provocó una reacción en el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, que se mostró reacio a llevar a cabo el juicio. A partir de ese momento, los jueces federales de la Cámara Federal asumieron el caso. En segundo lugar, el informe fue significativo porque recopiló miles de testimonios, los cuales sirvieron como una base de datos para seleccionar los casos que se presentaron en el juicio. La investigación le dio un carácter muy importante al proceso judicial”, recuerda Luis Moreno Ocampo, uno de los fiscales a cargo del primer juicio a las juntas, que auxilió a Julio César Strassera.
El trabajo de la CONADEP no fue una tarea fácil. A lo largo de nueve meses, la comisión recorrió el país en busca de denuncias, testimonios y pruebas sobre las desapariciones. Para muchas familias, este fue el primer espacio institucional donde pudieron relatar lo sucedido. Durante años, las víctimas del terrorismo de Estado habían guardado silencio, temerosas de represalias o dudosas de que sus denuncias fueran escuchadas. La Comisión se enfrentó a múltiples obstáculos, incluyendo la falta de apoyo militar, la resistencia de sectores que aún defendían el accionar de las Fuerzas Armadas, y la ausencia de acceso a archivos oficiales.
A pesar de estas dificultades, lograron documentar más de 8.960 desapariciones forzadas, aunque, con la profundización de la investigación, se supo que la cifra era mucho mayor: son 30mil. La comisión investigó más de 340 centros clandestinos de detención y recopiló numerosos casos de tortura, violaciones y ejecuciones sumarias. La documentación también reveló cómo funcionaba la red de secuestro y desaparición, mostrando la coordinación entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y la complicidad de sectores civiles en el aparato represivo.
Uno de los capítulos más desgarradores del Nunca Más fue el que abordó la apropiación de bebés nacidos en cautiverio. Durante la dictadura, muchas mujeres embarazadas fueron secuestradas y llevadas a centros clandestinos de detención, donde eran sometidas a torturas físicas y psicológicas. Al momento del parto, los bebés eran separados de sus madres y entregados en adopciones ilegales a familias vinculadas al régimen o a militares involucrados en la represión. Las madres, en su gran mayoría, eran asesinadas poco después de dar a luz.
La CONADEP documentó más de 500 casos de apropiación de bebés, aunque se estima que la cifra real es aún mayor. Las Abuelas de Plaza de Mayo, una organización fundada por mujeres que buscaban saber el paradero de los nietos que habían nacido en cautiverio durante la dictadura, fue fundamental en la búsqueda de estos niños, ya venía denunciando esta práctica desde hacía años. Los testimonios recopilados por la CONADEP sobre las mujeres embarazadas y sus hijos apropiados fueron cruciales para avanzar en la búsqueda de justicia. Estos relatos impulsaron la creación de un banco de datos genéticos, que permitió identificar a muchos de los niños apropiados y facilitar la reintegración con sus familias biológicas. Hasta la fecha, 137 nietos han sido restituidos a sus familias gracias a la lucha de las Abuelas y al trabajo de la CONADEP.
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“… el 12 de marzo, Inés Ortega de Fossatti, otra detenida, inició su trabajo de parto. Nos desgañitamos llamando al «cabo de guardia» (así se hacía llamar). Pasaron las horas sin respuesta. Como yo era la única con experiencia la ayudé en lo que pude. Ella era primeriza y tenía 17 o 18 años. Por fin, después de 12 horas se la llevaron a la cocina y sobre una mesa sucia, con la venda en los ojos y frente a todos los guardias, tuvo a su bebé ayudada por un supuesto médico que lo único que hizo fue gritarle mientras los demás se reían. Tuvo un varón el que llamó Leonardo. La dejaron 4 o 5 días con ella en una celda y después se lo llevaron diciéndole que el Coronel quería verlo. Aparentemente alguien llenó una planilla con los datos del bebé…”, testimonio de Adriana Calvo de Laborde sobre los nacimientos en la ESMA.
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La publicación del informe Nunca Más el 20 de septiembre de 1984 marcó un hito en la historia de Argentina, que también sirvió como influencia para otros países de la región. El informe en crudo, de más de 50 mil páginas, era un documento exhaustivo basado en las pruebas y testimonios recopilados por la CONADEP. No solo ofrecía un registro detallado de las atrocidades cometidas por la dictadura, sino que también constituía una fuerte denuncia ética y política contra el uso del terror como herramienta de gobierno.
El título “Nunca Más”, propuesto por Ernesto Sabato, se convirtió en una consigna central de la lucha por los derechos humanos en el país. El texto resumido fue publicado y distribuido masivamente en formato de libro. Miles de ejemplares fueron leídos en hogares, escuelas y universidades, y el contenido del informe fue ampliamente difundido por los medios de comunicación. Para muchos argentinos, el Nunca Más fue la primera vez que tomaron conciencia de la magnitud del terror vivido en el país.
La sociedad argentina, marcada por el miedo y el silencio, encontró en este libro una herramienta para enfrentar su propio pasado. El dolor de las víctimas se hizo visible, y el clamor por justicia comenzó a resonar con mayor fuerza. El impacto del informe fue tal que, años después, el Nunca Más se convirtió en lectura obligatoria en muchas escuelas como parte de los esfuerzos por transmitir la memoria histórica a las nuevas generaciones. La función del informe en la educación y en la preservación de la memoria histórica fue crucial para evitar que los horrores del pasado fueran olvidados.
“Cuando se presenta un informe cuyo propósito central es esclarecer lo ocurrido con los desaparecidos durante la última dictadura militar, se establece una discusión importante con la propia dictadura. Se sostenía que lo sucedido era una guerra y que no había víctimas, sino que se trataba de bandos opuestos en conflicto. El régimen promovió diversas teorías falaces para justificar su accionar, como que los desaparecidos habían caído en combate, que no tenían identificación, o que habían sido asesinados por organizaciones terroristas. En ese momento, las Fuerzas Armadas y de seguridad se negaron a proporcionar información que permitiera esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad por esos crímenes.”, explica Sandra Raggio, directora de la Comisión Provincial por la Memoria.
Y continúa: “Actualmente, en la sociedad argentina, hay sectores del gobierno que parecen sostener la misma narrativa, negando la existencia de víctimas y desconociendo las atrocidades que constituyen tanto una verdad jurídica como histórica”.
El trabajo de la CONADEP también sentó las bases para el Juicio a las Juntas, un evento histórico que representó el primer juicio en el mundo en el que se juzgó a los responsables de una dictadura militar por crímenes de lesa humanidad. Este juicio, que comenzó en abril de 1985, fue un hito tanto en la historia argentina como en la lucha por la justicia a nivel internacional. El juicio permitió que se presentaran las evidencias recopiladas y se escucharan a más de 800 testigos.
El tribunal que juzgó a los altos mandos de la dictadura culminó en diciembre de 1985 con la condena de los principales responsables, incluidos el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera -ambos condenados en aquel entonces a cadena perpetua-, Roberto Eduardo Viola -a 17 años de prisión-, Armando Lambruschini -condenado a 8 años- y el brigadier Orlando Ramón Agosti -a 4 años-, entre otros. Aunque el juicio no pudo abarcar a todos los responsables de la represión, representó un avance significativo en la lucha por la justicia y el inicio de un proceso de rendición de cuentas que continuaría en los años siguientes.
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“Allí, en Banfield, el régimen era mucho más estricto que en la comisaría 5.a de La Plata. Solamente salíamos de la celda para comer una vez cada dos días. En cada celda había 3 o más mujeres y el inodoro era una botella de lavandina cortada arriba. Yo conseguí que pusieran a Patricia Huchansky de Simón consigo y mi beba, y ella me ayudó mucho en los primeros días en los que los dolores del puerperio no me dejaban en paz. Ella me contó que pocos días antes había atendido el parto de María Eloísa Castellini. Aunque gritaron pidiendo ayuda lo único que consiguieron es que las dejaran salir el pasillo a las dos y les alcanzaron un cuchillo de cocina. Allí en el piso nació una hermosa beba a la que se llevaron unas horas después…”
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El juicio a las juntas también tuvo repercusiones internacionales, estableciendo un precedente para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad y demostrando que es posible llevar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos ante la justicia, incluso en contextos de transición democrática. Representó un acto de justicia y reparación para las víctimas y sus familias, consolidando el compromiso de la sociedad argentina con los valores democráticos y el respeto por los derechos humanos. La valiente y rigurosa labor de la CONADEP, junto con el juicio subsiguiente, no solo proporcionó justicia a las víctimas, sino que también fortaleció el Estado de derecho en Argentina, enviando un mensaje claro de que la impunidad no sería tolerada.
“Continuando con nuestra tarea diaria, no solo debemos reflexionar sobre la cuestión de los derechos humanos en el pasado, sino también abordar su relevancia en el presente. Creemos firmemente que no se puede separar una cosa de la otra; no hay democracia sin derechos humanos. Esta premisa guía nuestro trabajo y nos permite cuestionar la democracia que tenemos. Es fundamental pensar en la democracia desde esta perspectiva, lo que implica construir argumentos sólidos, formar docentes, generar discusión y crear materiales que nos ayuden a reponer una historia que a menudo es falseada. Debemos mostrar a las nuevas generaciones todas las pruebas que respaldan la verdad histórica. No se trata de una versión propia, sino de una realidad que debemos reconocer: los derechos humanos no son un ‘curro’, sino principios constitutivos de la democracia que son innegociables”, refuerza Raggio.
Y reflexiona: “Además, es crucial generar espacios de escucha y conversación con los jóvenes, quienes tienen preguntas y quieren participar en este diálogo. Sin embargo, hemos enfrentado desafíos para crear estos espacios. Muchos jóvenes han sentido que los relatos sobre el pasado son cerrados y no permiten interrogantes ni dudas. Por ello, es necesario abrirnos a estas controversias y discutirlas, fomentando un intercambio más abierto y enriquecedor”.
El 40° aniversario del informe “Nunca Más” ofrece la oportunidad para reflexionar sobre el impacto duradero de la CONADEP y el juicio a las Juntas. La valentía y el compromiso de quienes participaron en estos esfuerzos han dejado sin duda una marca indeleble en la historia argentina, demostrando que la búsqueda de verdad y justicia puede prevalecer incluso en los momentos más oscuros. La memoria de las víctimas y el compromiso con los derechos humanos continúan siendo una parte esencial de la identidad argentina, y el legado de la CONADEP sigue siendo una fuente de inspiración para la lucha por la justicia en todo el mundo.
