back to top
More

    El turismo de caza como forma de ecocidio

    Tiempo de lectura: 8 minutos

    John es joven, hace un año egresó de la escuela secundaria en Mount Vernon, un pueblo pequeño de Texas. En las fotos que exhibe en redes sociales se lo ve alegre con sus compañeros en el acto de colación, vestido con una túnica violeta y el gorro típico de la ceremonia. Al igual que muestran las películas de Hollywood, formó parte del equipo colegial de fútbol americano. En mayo de este año, libre de las obligaciones escolares, viajó a Córdoba para cazar patos silvestres de la mano de una empresa que organiza safaris. Digno de una postal de África del siglo XIX, turistas extranjeros llegan en convoy a las provincias argentinas en búsqueda de aventuras exóticas y depredan la fauna autóctona. Las organizaciones ambientalistas alertan caza ilegal.

    El caso de John es uno en miles. En agosto de este año, agrupaciones ecologistas denunciaron públicamente al coto de caza MGW Outfitter en Santa Fe por la matanza de Patos Gargantilla, Colorado y Cabeza Negra. Esas especies están protegidas por ley dada la escasez de su población y su importancia para el ecosistema. A pesar de eso, la empresa promociona sus servicios de viaje con la foto de los cazadores junto a montañas de cartuchos y de cadáveres de aves silvestres. El hecho causó indignación en la población y Alejandro Fantino llegó a repudiarlo en su programa de televisión.

    Posteo de Instagram del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres.
    Posteo de Instagram del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres.

    Luego de la denuncia, el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), la Multisectorial de los Humedales de Santa Fe y otras agrupaciones presentaron un pedido de información a la gestión de Maximiliano Pullaro y esperan una respuesta. A pesar de que las aves silvestres están protegidas por la Ley 22.421, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Productivo provincial autorizó su caza mediante una resolución en la última temporada. Por eso, las agrupaciones ambientales demandan conocer cuáles fueron los estudios poblacionales de aves que realizó el gobierno para habilitarla, el listado de las empresas cinegéticas y los requisitos que se le exigen para operar en los campos de la provincia.

    “Las empresas cinegéticas traen fundamentalmente cazadores estadounidenses y europeos en cuyos países de origen estas actividades están prohibidas o muy restringidas. Básicamente nosotros les abrimos las puertas para que vengan a matar nuestras aves autóctonas” explica el titular de CEYDAS, Gabriel Bonomi. Además, asegura que los gobiernos provinciales infringieron la Ley de Conservación de Fauna y el Acuerdo de Escazú porque no cumplieron con los estudios poblacionales previos y tampoco garantizaron la participación ciudadana. Según el Tratado de Escazú la población debe ser consultada sobre las decisiones que pueden afectar el ambiente donde vive.

    La caza es una forma de extractivismo primitiva. Los safaris africanos no son sólo una metáfora. Uno de los fundadores MGW Outfitters hizo su experiencia comercial en la empresa internacional Trek que organiza esos viajes en Morocco, Botswana, Kenya y Tanzania. Trek también ofrece la oportunidad de caza en estancias argentinas. En la página web del coto denunciado en Santa Fe, los titulares de la firma, Ariel Goldman, Junior Maers y John Whiddon, realizan una breve presentación de sí mismos. En ella, Goldman exhibe una foto abrazando a un oso presuntamente muerto y en la descripción señala que “se enorgullece de garantizar que cada cliente disfrute de un exitoso viaje de pesca o caza”. Contrariamente a lo esperado, Whiddon se autodenomina “conservacionista y filántropo”. Estas empresas promocionan una visión romanizada y bucólica de las actividades que desarrollan a pesar de que dañen los ecosistemas.

    MGW Outfitters no es la única que opera en el país. La guía de turismo norteamericana Guidefitter ofrece al menos 40 alternativas de cotos de caza para extranjeros en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero y la Patagonia. Bajo la promesa de full days de cacería, los paquetes de viaje incluye alojamiento en el medio del campo con todo el confort, comidas “típicas” como asado, vinos, wifi y transporte desde los aeropuertos por un precio base de $UDS 600 dólares por día. También se ofrece el alquiler de las armas, la venta de cartuchos, silbatos y señuelos para atrapar a los patos fácilmente.

    El impacto de este deporte cinético es alto en el ecosistema local. “Las municiones que utilizan tienen plomo que contaminan el agua de los humedales y arroceras”, dice Bonomi. En junio los inspectores de fauna del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, junto al personal de la Gendarmería Nacional detuvieron a un guía y a dos turistas franceses con elementos prohibidos para cazar y con un centenar de patos muertos. La resolución santafesina que habilitó la temporada de mayo a junio de este año prohibía expresamente el uso de plomo y limitaba la caza hasta 12 aves por persona y por excursión. El incumplimiento de las regulaciones y los excesos son otra de las denuncias de las organizaciones ambientales.

    Sirirí colorado. Imagen: Alfredo Zapata de CEYDAS.
    Siriríes Pampa. Imagen: Alfredo Zapata de CEYDAS.

    La cacería no siempre es negativa, existen usos que pueden ser sanos para el equilibrio ecológico cuando se trata de especies invasoras que alteran el ecosistema. La licenciada en Ciencias Ambientales (UBA) Agustina Mina asegura: “La caza puede ser con fines científicos o de manejo de fauna para conservación de un área u otra especie, como sucede con el bosque nativo de lenga. Argentina firmó un acuerdo binacional con Chile para erradicar a los Castores Canadensis, luego de que se realizó un estudio y se llegó a la conclusión de que ese uno de los pocos caminos para proteger el bosque con un ecosistema único en el mundo”.

    Los castores habían sido traídos para la producción de pieles pero por no tener un predador natural se reprodujeron con velocidad y colonizaron amplios territorios del sur. Estos roedores talan los árboles y construyen diques que ocasionan daños ambientales y económicos severos. “La caza de los castores no se realiza de forma libre, en el marco del acuerdo a los cazadores se los capacitó y además hubo pruebas piloto de cómo atrapar a los animales”, dice Mina.

    En la tradición local la cacería de patos no tiene gran arraigo, ni como deporte, ni con fines de consumo. El informe Estudio sobre actividades deportivas y actividades al aire libre, que realizó la consultora Julio Aurelio Aresco, reveló que si bien 6 de cada 10 argentinos realizan actividades al aire libre, apenas un 1,9% practica la caza. Por el contrario, los encuestados señalaron que prefieren las caminatas o trekking (21,4%), el ciclismo (10,1%) o el camping (7,8%). La encuesta fue realizada a pedido de la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca en 2022 en todo el país sobre un total de 4 mil casos.

    Argentina tiene una tradición proteccionista de los animales. Durante los orígenes del Estado-Nación, Domingo Faustino Sarmiento presidió la Sociedad Argentina Protectora de Animales, pionera en América. En 1882 el expresidente, comprometido con el bienestar de la fauna, redactó para los socios un manual sobre cómo defenderlos “en los casos de infracción de las leyes vigentes que llegasen a su conocimiento”.  En las instrucciones para aves señaló: “Aunque sean pocos los pájaros silvestres que puedan cazarse dentro del municipio hoy de Buenos Aires, como la venta de pajaritos muertos es prohibida en el municipio bajo la multa de 500 $m/c, los pajarillos de los alrededores y campaña estarán bajo la protección de la Sociedad, si cuidan de que no se vendan en los mercados, las especies que por su utilidad en los campos y su canto, requieran protección”.

    Posteriormente, el Congreso sancionó la primera norma protectora de animales (1891) y el presidente Juan Domingo Perón siguió por ese camino con la promulgación de la Ley N° 14.346. En ese sentido, el tratamiento de la Ley de Humedales podría ser una buena forma de defender la población de los pantanos y de continuar con ese legado.

    Descubre nuestras últimas

    historias

    Skip to content