I. El 5 de junio, en Ciudad Evita, partido de La Matanza, el ayudante de la Policía Federal Argentina (PFA), Facundo Aguilar Fajardo, de 21 años, sale de su casa acompañado de su madre para tomarse el colectivo. En la parada, un grupo de cuatro jóvenes intentan asaltarlos. Aguilar Fajardo, de franco, desuniformado, pero armado con su 9 milímetros reglamentaria, dispara 11 veces, dejando heridos a dos de los asaltantes y asesinando a uno. Una de esas balas también fue la causante de la muerte de Thiago Correa, un niño de 7 años que, en otra parada distante, esperaba el colectivo subido a los hombros de su padre.
II. A partir del boletín oficial publicado el 17 del mismo mes, el Gobierno Nacional notifica la reestructuración, mediante el decreto 383/2025, de la Ley Orgánica de la PFA. Entre los principales cambios se destaca la nueva facultad de la fuerza para realizar ciberpatrullajes en redes sociales abiertas sin orden judicial, la autorización para la ostensible exhibición de armas y la habilitación para hacer detenciones arbitrarias con la posibilidad de requisar.
III. Desde el viernes 27, Alexia Abaigar, empleada del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, se encuentra detenida en el penal federal de mujeres de Ezeiza por la supuesta participación en el escrache realizado sobre la casa particular del diputado libertario José Luis Espert en San Isidro. Por la misma causa, se encuentran detenidas e incomunicadas cuatro personas más, entre ellas, Eva Mieri, la presidenta del bloque de concejales del Partido Justicialista de Quilmes. Abaigar padece una enfermedad autoinmune y según informó su madre, Eva Pietravallo, la funcionaria bonaerense habría sido trasladada al penal esposada y atada con cadenas.
Estos tres hechos sucedieron en un mes, avalados, promulgados y ejercidos, respectivamente, por el Gobierno Nacional en defensa o en cooperación con la PFA. En un régimen democrático, el lugar que ocupan las fuerzas federales nunca es fácil de delimitar. María del Carmén Verdú trabaja todos los días para poner el tema en cuestión. Es abogada e integrante fundadora de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), organización que se encarga de recopilar información sobre casos de gatillo fácil, desapariciones forzadas y las distintas formas en las que se pueda manifestar la violencia de las fuerzas estatales sobre uno o más individuos. También defienden política y técnicamente, de ser solicitados, a las víctimas de cada uno de estos casos.
Para Verdú, las crónicas de Rodolfo Walsh La secta de la picana y La secta del gatillo alegre son textos fundacionales, necesarios para entender la historia de la violencia policial en nuestro país desde mediados del siglo XX en adelante. Hay quienes dicen que la política es teatro, tomo esa afirmación con pinzas. La administración de la violencia es un capítulo aparte no sólo en la memoria activa de la Argentina sino que de la de todo un hemisferio del planeta: éste, éste que queda al sur.
-Te cito: “el problema de la policía no es de formación, sino de ideas”.
-Elías Neuman hablaba de aquello de las ideas metidas como tatuajes. Él lo denominaba proceso de policización. Se trata del transcurso en el que una persona, llamémosla “normal”, decide hacerse policía y entra al instituto de formación para más tarde salir de ahí -de la máquina– como un agente que tiene impregnado en su carácter la certeza de quién es el enemigo interno; al que tiene que reprimir, el sospechoso, el presunto delincuente; el pibe morocho joven con pinta de laburante.
-En un charla con Alejandro Bercovich, hablando del caso de Thiago Correa, mencionaste que había un problema inicial con respecto al ayudante de la PFA Aguilar Fajardo, quien asesinó al niño. Ese problema era el hecho de que un chico de 21 años quiera ser policía…
-Bueno, no es precisamente lo que uno más desearía para un pibito de 21 años; que se convierta en verdugo de su propia clase.
-Poniéndonos pragmáticos: alguien tiene que ser responsable del uso de la violencia, de las armas y de la seguridad del Estado. ¿Por qué creés que en nuestro país está tan configurada la idea de que al ver a un pibito policía sea normal preguntarse “¡¿Qué carajo hizo?!”?
-Mirá, si vos querés convertirte en policía ya hay un problema de base. Repito, te convertís en verdugo de tu propia clase. Es una cuestión sociológica que a nosotros como Correpi nos excede. “Ya no sos igual, sos un policía de la federal”, como dice la canción.
-¿Y qué pasa con el chico al que le roban o ve robos en su barrio una vez por semana y cree que siendo policía puede cambiar algo?
-No creo que esa sea la motivación para que se vuelva policía. En los barrios los códigos existen. En el barrio no se le roba al vecino del barrio. Hay una realidad: meterte a cana te garantiza un sueldo, una obra social, una jubilación, etc. y puede ser un elemento atractivo para pibes o pibas que no tienen otro proyecto de vida. Lo que también es cierto es que implica un desclasamiento.
***
El 10 de junio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó un acto en el que hizo entrega de 160 departamentos del edificio Sagol, en Avellaneda, a efectivos de las fuerzas federales. Éstas viviendas, originalmente, habían sido sorteadas por el programa Procrear y ya correspondían a las familias ganadoras que habían sido notificadas. El lunes 9, el programa fue disuelto mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía.
-Te he escuchado referirte a situaciones como las del edificio Sagol haciendo referencia a una alegoría: “El dueño de casa (el Estado) le da de comer bien a su perro (la policía) para que siempre muerda la mano del que está del otro lado de la reja y no la suya”. Sin embargo, uno ve las nuevas partidas de la policía y ve que todos los rangos por debajo de comisario cobran menos de dos millones de pesos. No se hace demasiado con ese sueldo…
-No, pero cualquier policía piensa que puede llegar a ser como el comisario; con su pelo peinado con fijador Alerta, con su sobretodo de pelo de camello, con su casa en el country, con su auto de alta gama, con su yate.
-¿Qué es lo que más te preocupa de la última reforma de la Ley Orgánica de la Policía Federal?
-Lo fundamental es la definición de la propia Policía Federal. Hasta la semana pasada era definida como una “fuerza civil armada con el objetivo de proteger, a través de tareas de prevención o de auxiliar de la Justicia, la seguridad de las personas o de los bienes particulares y del Estado Nacional”. En esta reforma del decreto 383/25, la Policía pasa a ser el “garante de la seguridad nacional”. Este término, “seguridad nacional”, en todo el mundo, pero muy especialmente en Argentina, tiene un significado muy distinto al de la seguridad de las personas y, más bien, se opone por el vértice.
-Hasta hace no muchos años, las reformas o intentos de reformas en las áreas de seguridad que hacían alusiones a la última dictadura eran fuertemente repudiadas desde adentro del Estado y aún más por el resto de las personas. ¿Qué creés que cambió para que hoy tenga menos ruido ese repudio?
-Mirá, si esta reforma por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) fue posible es porque previamente diputados y senadores del Congreso de la Nación, que en su mayoría no son de La Libertad Avanza, le dieron en bandeja de plata al Poder Ejecutivo, al Presidente, la facultad de gobernar por decreto con las facultades extraordinarias. Entonces, quienes tienen que dar explicaciones son ellos.
-No es por pedirte explicaciones, pero sí una mirada. Hoy se avalan muchas más cuestiones que remiten a la dictadura, cosas que antes no se podían ni escuchar.
-A lo largo de estos últimos años, se ha producido un deterioro de todos esos consensos a los que habíamos llegado luego de 40 años de democracia. Hoy se reivindica la dictadura, se reivindica el terrorismo de Estado, el genocidio. Se reivindica también la represión en todas sus instancias, es lo que venimos denunciando. Esta “batalla cultural”, como la llaman ellos, en definitiva, tiene el fin de que estas cuestiones sean avaladas.
-Se suele decir que “decreto mata decreto”, pero parece difícil pensar que un gobierno de distinto signo asuma en 2027 o en 2031 y pueda dar marcha atrás a tantas reformas estructurales que está llevando a cabo el actual, como sucede en seguridad…
-Vamos a necesitar muchísimo tiempo para poder revertir el conjunto de modificaciones de la estructura normativa que viene llevando a cabo la actual gestión. Por eso hablamos de un verdadero cambio de régimen. Estamos presenciando la destrucción de derechos, garantías y cercenamientos de las libertades democráticas. Nos va a costar un montón, de por sí, volver al lugar de origen para después poder avanzar desde ahí.
-¿Existe un campo, un margen, para pensar que eso es posible?
-Bueno, somos muchos y muchas quienes intentamos resistirlo.
***
Pronto será tratado en el recinto, pero ya obtuvo dictamen de mayoría en Diputados el proyecto del Gobierno que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Si logra mayorías en el Congreso, con el cambio de régimen, los adolescentes de 14 y 15 años podrían ser imputados, procesados y condenados a una pena de prisión.
Entidades internacionales como UNICEF entienden que esta reforma en el sistema de Justicia Penal Juvenil representaría un retroceso en materia de derechos humanos y que, a la vez, tampoco existen evidencias que fueran a impactar favorablemente en la seguridad de la población. Según un informe de la Red Internacional de los Derechos del Niño (CRIN – “Child Rights International Network”), algunos países como, por ejemplo, Georgia y Dinamarca, dieron marcha atrás a la reducción de la edad de imputabilidad luego de pocos años de su sanción debido a críticas del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
Por otra parte, datos del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires revelan que, entre 2009 y 2023, la participación juvenil en el delito constituye el 2,25% del total cometido en territorio bonaerense. De las 1.060.542 causas que fueron registradas en ese período, sólo 23.846 fueron atribuidas a personas de entre 16 y 18 años.
-Otra de las reformas fuertes que busca conseguir el Gobierno en el Congreso es la baja de la edad de imputabilidad…
-Ya tuvieron dictamen en comisión, pero todo indica que si hubo mayoría en los bloques parlamentarios es probable que salga aprobada. Esta propuesta de reforma es resultado de una gran ficción: una ficción que parte de hacernos creer que el gran problema de seguridad en la Argentina son los pibes y pibas de menos de 16 años que cometen delitos cuando en realidad las propias estadísticas oficiales demuestran que la intervención de ese rango etario en crimenes relacionados a la seguridad de las personas, delitos graves con hechos de sangre, es inferior al 1%. No tiene ninguna vinculación con la realidad y lo plantean como si fuera la cuestión fundamental vinculada a los problemas en seguridad. Es un absurdo total.
-Hay varios ejemplos de países en los que se dio marcha atrás con la edad de imputabilidad o en los que quedó demostrado que no tuvo ningún efecto positivo en las tasas de criminalidad juvenil…
-No hay ningún ejemplo nacional ni internacional que demuestre que la criminalización de niños, niñas y jóvenes mejore la situación de seguridad general. Por el contrario, de lo que se trata es de una mayor criminalización de la pobreza y de los sectores más vulnerabilizados de la población. En los países en los que hay menor edad de imputabilidad que en Argentina también existen sistemas completamente diferentes. Ha sido bastante comentado en el último tiempo, para ponerte un ejemplo conocido, lo que muestra la serie Adolescencia, en Inglaterra. Lo que ahí se puede ver es un sistema integral de protección del menor, en donde de ninguna manera aparece un ámbito carcelario, no se concreta una situación de criminalización directa sino de asistencia de ese menor.
-¿Es posible implementar sistemas integrales de ese tipo acá?
-En las actuales condiciones de los centros de detención de menores, no.
-¿Cómo están hoy los centros de detención de menores?
-Son ámbitos carcelarios. No se diferencia en nada de una cárcel común.
***
-¿Qué nos dice el hecho de ver a un gendarme que reprime en una manifestación con un parche de la Gadsden Flag (la bandera ícono del anarcocapitalismo) en su uniforme?
-Las fuerzas de seguridad son, ni más ni menos, las que implementan en la práctica la política estatal. No es una cuestión sólamente de ideologización sino que hacen lo que se les está mandado a hacer.
-Claro, pero me cuesta imaginar a un policía o a un militar llevando un parche de Cambiemos o una banderita que diga “Viva Perón”. Éste es un caso particular, si fuese una orden de arriba, el parche se lo pondrían todos. Lo mismo sucede con los efectivos gritando “¡Corran zurdos!” desde los camiones hidrantes. No parecen ser hechos que se concretan por órdenes de un comisario…
-No creo que sea por orden de un comisario. Lo que sí creo que sucede con este Gobierno es la intención de dejar bien en claro quién es el enemigo interno. Durante el mandato de Mauricio Macri, la misma ministra de Seguridad de la Nación decía en público que “no iba a tirar a un gendarme por la ventana” después del asesinato de Santiago Maldonadoo y de Rafael Nahuel en mano de los prefectos.
-Cuando, durante su mandato, a Macri se le cantaba en Plaza de Mayo que él era la dictadura, esa situación parecía lejana, quizás menos cohesiva con la realidad. Hoy a Milei se le canta lo mismo, ¿se podría decir que con mayores méritos?
-En el período de gobierno de Mauricio Macri, desde Correpi calificábamos a la situación como un Estado de Excepción no declarado formalmente. Hoy, a diferencia de ese entonces, estamos en un estadío superior y ya hablamos de un verdadero cambio de régimen.
***
Esta semana en el portal de Ornitorrinco:
El hierro recuerda a María Remedios del Valle – Por Camila Mitre
¡Feliz domingo!
Joaquín
Joaquín Benitez Demark es periodista. Escribe el newsletter "La sociedad del rebote" miércoles de por medio.
