Grecia transita una estabilidad macroeconómica con fracturas estructurales. En los últimos cinco años, el país logró una recuperación que le permitió crecer por encima del promedio de la Unión Europea, reducir el desempleo a mínimos históricos y bajar su deuda pública en casi 55 puntos del PBI. Se consolidaron superávits primarios, se saneó el sistema bancario y se recuperó la calificación crediticia de inversión. Las reformas estructurales incluyeron incentivos a la inversión, desregulación, modernización administrativa y un esquema de insolvencia que facilitó la reducción de deuda privada. El gobierno proyecta mantener superávits sostenidos y seguir bajando la deuda hasta 2028.
Este rendimiento convive con otros aspectos: la inversión y la productividad siguen por debajo de la media europea, la inflación es persistente y la participación laboral femenina continúa rezagada. El propio balance oficial reconoce que la economía necesita mejorar su resiliencia frente a los cambios tecnológicos, ecológicos y geopolíticos. La estabilidad fiscal y la apertura al mercado no resolvieron los problemas estructurales ni garantizan mejoras tangibles en la calidad de vida de la mayoría de la población.
Grecia enfrentó una crisis de deuda externa desde 2010 que puso en jaque su economía y al proyecto del euro. En 2009 se descubrió que el déficit fiscal real duplicaba lo informado oficialmente, detonando el pánico en los mercados. Para 2010, la deuda pública helena alcanzaba los 300 mil millones de euros, una cifra explosiva equivalente a más del 130% del PBI.
Ese año, el entonces primer ministro Yorgos Papandréu (del socialdemócrata PASOK) tuvo que solicitar el primer rescate financiero internacional, por 110 mil millones de euros, a la troika de acreedores: la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). A cambio, Grecia se comprometió a durísimas medidas de austeridad fiscal, en un intento por contener un déficit desbocado y recuperar la confianza de los acreedores.
Las políticas impuestas incluyeron recortes draconianos del gasto público, suba de impuestos y reformas estructurales inmediatas. El ajuste fue de una magnitud sin precedentes en un país desarrollado: entre 2010 y 2016 el parlamento aprobó doce rondas de aumentos impositivos y recortes presupuestarios. El salario mínimo se redujo un 22% (y hasta 32% para jóvenes menores de 25 años) en 2012, junto con la congelación de sueldos estatales hasta que el desempleo bajase de 10%.
En paralelo se implementaron reducciones de pensiones (12% para jubilaciones altas y hasta 30% en complementos) y despidos de empleados públicos. Estas medidas, exigidas por la troika, destruyeron demanda interna y profundizaron la recesión. Para 2012 la deuda pública, lejos de ceder, rondaba los 304 mil millones de euros (156% del PBI).
El segundo rescate llegó en 2012 bajo el gobierno tecnocrático de Lukás Papademos (una coalición de unidad nacional). Ascendió a aproximadamente 130 mil millones de euros e incluyó por primera vez una reestructuración de deuda: los bonistas privados aceptaron una quita de cerca del 53% del valor de sus bonos, equivalente a 100 mil millones condonados.
Sin embargo, lograr ese acuerdo implicó costos adicionales: se usaron 34 mil millones en “sweeteners” (incentivos) para los acreedores y otros 48.200 millones para rescatar a la banca griega afectada por la quita, monto que terminó sumándose a la deuda pública. De hecho, menos del 10% del dinero de los rescates de 2010-2012 fue efectivamente destinado al presupuesto griego para reactivar la economía o proteger a los sectores vulnerables: la gran mayoría sirvió para pagar deudas existentes y salvar a los bancos europeos acreedores. En palabras de la organización Jubilee Debt Campaign: “los rescates fueron para el sector financiero europeo, traspasando la deuda del sector privado al sector público”.
Los resultados económicos fueron catastróficos. El PBI de Grecia se contrajo un 26% entre 2008 y 2014, sumiendo al país en la recesión más prolongada de la historia económica moderna. La tasa de desempleo superó el 28% en 2013 (récord histórico) y el nivel de pobreza escaló rápidamente. Se produjo además un éxodo masivo de mano de obra calificada: más de 1 millón de griegos en edad de trabajar (sobre una población total de 10 millones) emigraron entre 2010 y 2022 en busca de oportunidades, lo que implicó una enorme fuga de cerebros y capital humano joven.
Lejos de estabilizarse, en 2014 la deuda pública seguía por encima de 320 mil millones (aprox. 175% del PBI) y tres cuartas partes de ella en manos de la troika acreedora. Grecia se convirtió en el “enfermo de Europa”, con su mercado bursátil rebajado a categoría de emergente y un colapso social que muchos describieron como crisis humanitaria.
El giro de Syriza y la continuidad del ajuste
El agotamiento social frente a la austeridad desembocó en un terremoto político. En enero de 2015, la izquierdista Coalición de la Izquierda Radical (Syriza) ganó las elecciones con un programa anti-recortes, poniendo fin a 40 años de bipartidismo tradicional ND-PASOK. Alexis Tsipras asumió como primer ministro prometiendo renegociar los términos de los rescates, obtener quita de deuda y revertir los atropellos sociales más duros. Durante unos meses Syriza desafió abiertamente a la troika: frenó privatizaciones, recontrató empleados públicos despedidos y restauró parcialmente salarios y pensiones recortadas.
En junio de 2015, Tsipras convocó a un referéndum para que el pueblo decidiera si aceptar las nuevas condiciones de ajuste exigidas por los acreedores internacionales. Sorprendentemente, el 61% votó “No” a más austeridad, enviando un mensaje de dignidad que estremeció a Europa.
Sin embargo, la euforia duró poco. Atenazada por el riesgo inminente de un colapso bancario y la expulsión del euro, Syriza dio marcha atrás semanas después del referéndum. El gobierno reabrió negociaciones y terminó aceptando prácticamente las condiciones de la troika a cambio de un tercer rescate (aproximadamente 86 mil millones de euros) en agosto de 2015. Grecia se comprometió a nuevas subidas de impuestos, reformas en pensiones y a generar elevados superávits fiscales primarios en años venideros para pagar la deuda.
Este giro drástico supuso una ruptura dentro de Syriza -el propio ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, renunció antes que firmar la “capitulación” ante la austeridad impuesta-. Pese al costo político, Tsipras logró retener el poder tras elecciones adelantadas en septiembre 2015, formando gobierno nuevamente (esta vez en coalición con el partido nacionalista ANEL). Syriza mantuvo el discurso crítico, pero en la práctica administró el mismo programa de ajuste que sus predecesores, aunque acompañándolo con algunas medidas paliativas: subsidios de vivienda, comedores escolares, acceso sanitario para desempleados sin seguro, entre otras iniciativas.
Para 2018, Grecia finalmente salió formalmente del ciclo de rescates financieros. No obstante, el endeudamiento continuaba altísimo -alrededor del 180% del PBI– y el país quedó bajo un régimen de “vigilancia reforzada” de sus finanzas por las instituciones europeas. Al finalizar el mandato de Syriza en 2019, la deuda pública equivalía a 176% del PBI, apenas por debajo de su pico, reflejando que los alivios otorgados (como extensiones de plazos e intereses más bajos) no resolvieron el problema de fondo.
La economía griega seguía frágil: si bien volvió a crecer levemente desde 2017, el PBI real aún era un 20% menor al de 2008 y los salarios promedio un 25% inferiores a los niveles pre-crisis. La mayoría de los griegos no sintió mejora en su bolsillo. “El duro período de ajuste que le tocó a Syriza parece prevalecer en la memoria de los griegos”, analizó el sociólogo Gabriel Puricelli sobre esa etapa.
Syriza había decepcionado a una parte de su base electoral al no lograr cambios estructurales y terminar aplicando medidas impopulares. El costo político se reflejó en las urnas: en las elecciones de julio de 2019, Syriza perdió unos 600 mil votos respecto a 2015 y varios escaños parlamentarios, quedando en segundo lugar.
¿Estabilidad? conservadora y recuperación macroeconómica
El ganador de los comicios de 2019 fue el partido conservador Nueva Democracia (ND), liderado por Kyriakos Mitsotakis, que retornó al poder con la promesa de “restaurar la estabilidad” tras una década caótica. ND obtuvo el 39,9% de los votos, superando por poco a Syriza, pero gracias al sistema de bonificación electoral consiguió mayoría absoluta en el Consejo de los Helenos (Parlamento).
Mitsotakis -heredero de una dinastía política griega- se convirtió en primer ministro e implementó un programa liberal ortodoxo: reducción de impuestos a las empresas, incentivos a la inversión extranjera y continuidad de las privatizaciones acordadas. Contó además con un entorno internacional favorable: la eurozona salía de la crisis, la confianza inversora hacia Grecia mejoró y la UE flexibilizó transitoriamente las metas fiscales debido a la pandemia de COVID-19 en 2020.
En sus primeros años, el gobierno de ND logró mostrar señales de recuperación macroeconómica. Tras la profunda caída de 2020 por la pandemia, el PBI griego rebotó un 8,4% en 2021 y 5,6% en 2022, uno de los crecimientos más altos de Europa. Este repunte, junto con una inflación elevando el denominador, permitió reducir la ratio deuda/PIB en más de 20 puntos (de casi 206% en 2020 a aproximadamente 177% en 2022). El país volvió a generar superávit primario en 2022 tras tres años de déficit, y la disciplina fiscal de Mitsotakis fue reconocida por las agencias crediticias.
En 2023, Grecia recuperó el grado de inversión en la calificación de su deuda soberana por primera vez desde 2010. “(Esta) mejora marca el cierre de un gran ciclo para la economía griega”, proclamó Mitsotakis, resaltando que los principales ratings ahora sitúan al país como una inversión segura.
En paralelo, descendió el desempleo: del 18% en 2019 bajó a 11% en 2023, acercándose a mínimos en 14 años. ND también aplicó alivios después de años de ajuste: subió el salario mínimo a 780 euros (en 2023, acumulando +20% en cuatro años), otorgó pequeños aumentos a pensionistas y gastó más de 40 mil millones de euros en subsidios para paliar la crisis energética de 2021-2022. Mitsotakis presumía así de combinar prudencia fiscal con alivio social moderado.
Sin embargo, numerosos críticos señalan que esta recuperación no se tradujo en mejoras sustanciales para la mayoría. Si bien el paro bajó, los salarios reales permanecen estancados tras una pérdida acumulada enorme, y la inflación (que rondó el 10% en 2022) erosionó el poder de compra de la población. La economía griega sigue apoyándose en sectores tradicionales como turismo, transporte naviero y construcción inmobiliaria, mientras la inversión en industria e innovación continúa rezagada. “Una vez que rascas los titulares macroeconómicos, lo que hay es oscuridad”, advirtió Nick Malkoutzis, editor del sitio económico MacroPolis.
Y enfatizó: “Mitsotakis lleva una nave fiscal estricta, pero no podemos depender por siempre del turismo y el ladrillo”. La supuesta “estabilidad” también tuvo su lado B: bajo ND se denunciaron escándalos de corrupción y espionaje político, aumentó la concentración mediática en manos de oligarcas, y los servicios públicos (educación, salud, transporte) continuaron infrafinanciados tras años de recortes. La gestión de Mitsotakis, muy alineada con la UE y los mercados, recibió además respaldo geopolítico de Estados Unidos y la OTAN en el Mediterráneo.
Desde la izquierda, hubo quienes describieron al gobierno de ND como un administrador del status quo. El economista Savvas Michael-Matsas, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (EEK), sentenció: “La Nueva Democracia derechista había prometido a una sociedad griega profundamente traumatizada por muchos años de devastación económico-social, una estabilidad incierta. Se trata de un gobierno totalmente apoyado por la UE, Estados Unidos y la OTAN, así como por el capital extranjero y griego anunciando nuevas inversiones (principalmente en turismo e inmobiliario), mientras que Syriza no tenía nada que ofrecer más que incertidumbre e inestabilidad en el marco de un sistema en bancarrota”.
ND capitalizó el deseo de normalidad tras la década perdida, aunque sea una “estabilidad” frágil cimentada sobre las mismas políticas neoliberales.
Costos sociales persistentes
Pese a los indicadores favorables de los últimos años, las heridas sociales de la crisis siguen abiertas en Grecia. Los niveles de pobreza se han mantenido elevados: en 2021, un 19,6% de los griegos tenían ingresos por debajo de la línea de pobreza, cifra superior a la de antes de la pandemia. Organismos europeos estiman además que cerca de un 29% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social.
La desigualdad también aumentó tras la década de austeridad, al igual que la precariedad laboral (la tasa de empleo de tiempo parcial involuntario y el autoempleo de subsistencia son de las más altas de la UE). Muchos jóvenes profesionales optaron por emigrar durante los años duros y todavía miles siguen marchándose cada año por falta de oportunidades equivalentes en su país. Esta pérdida demográfica y de talento merma el potencial de crecimiento futuro y es quizás el legado más doloroso del ajuste. Un estudio reciente confirmó que la emigración de la población activa durante la crisis y poscrisis supera el 10% del total nacional, un éxodo que apenas comienza a frenarse ligeramente a partir de 2023.
Otro efecto fue el deterioro de servicios públicos e infraestructura. Bajo las directrices de la troika, Grecia privatizó numerosos activos estratégicos (puertos, aeropuertos, empresas energéticas, transportes) para hacer caja. Si bien esto atrajo inversores, también redundó en menor control estatal y en una regulación deficiente. Un símbolo trágico de las consecuencias fue el accidente ferroviario de Tempi en febrero de 2023: la colisión frontal de dos trenes (una formación de pasajeros y otra de carga) dejó 57 muertos y reveló graves fallos de seguridad en la línea Atenas-Salónica.
Investigaciones independientes señalaron que años de recortes presupuestarios y falta de mantenimiento tras la privatización parcial de la empresa de ferrocarriles crearon un caldo de cultivo para el desastre. De hecho, en los meses previos los sindicatos venían advirtiendo que la escasez de personal y los sistemas obsoletos podían desembocar en una tragedia.
La Autoridad de Seguridad Ferroviaria concluyó que las políticas de austeridad “desmantelaron” la operadora pública OSE, eliminando puestos y dejando equipos críticos en estado precario. Este accidente indignó al país entero y encendió protestas multitudinarias bajo la consigna: “Sus ganancias o nuestras vidas”.
En general, el malestar social se acumuló en Grecia tras años de sacrificios sin un alivio proporcional para las mayorías. Entre 2020 y 2023 se registró un renacimiento de las movilizaciones: huelgas generales contra la carestía de vida, marchas estudiantiles reclamando mayor inversión en educación, ocupaciones de viviendas en defensa de deudores hipotecarios, etc.
La respuesta estatal fue a menudo la represión policial, generando críticas por brutalidad y autoritarismo. Pero lejos de amedrentarse, muchos sectores han persistido en las calles. En marzo de 2023, tras el accidente de Tempi, Grecia vivió una de las huelgas generales más masivas de su historia: millones de personas protestaron simultáneamente en Atenas, Tesalónica y decenas de ciudades, exigiendo responsabilidades al gobierno y el fin de las políticas de austeridad que precarizaron los ferrocarriles. Incluso dos años después, en el aniversario de la tragedia, cientos de miles volvieron a salir a pedir “que no se encubra el crimen”.
Este nuevo radicalismo de base muestra que, pese a la aparente calma macroeconómica, la sociedad griega sigue profundamente descontenta con el rumbo neoliberal.
Ahora bien, ese descontento no halló todavía una canalización política efectiva. La oposición de izquierda llegó dividida a las elecciones de 2023, lo que facilitó que ND lograra otra victoria. En los comicios de mayo 2023, ND obtuvo el 40% de los votos pero quedó a pocos escaños de la mayoría; tras una segunda vuelta en junio (convocada por la presidenta Katerina Sakellaropoúlou ante el bloqueo inicial), Mitsotakis incluso amplió su mayoría parlamentaria.
“ND ha vuelto a los niveles de apoyo que tuvo desde el regreso a la democracia en 1974 hasta su hundimiento en 2012… De los dos partidos tradicionales, el único que se recupera es ND, mientras PASOK queda como tercera fuerza -aunque en recuperación- y Syriza no logra reemplazarlo. La izquierda dividida le facilita llegar a la mayoría parlamentaria a los conservadores con sólo el 40% de los votos”, observó Gabriel Puricelli, especialista en política internacional.
En efecto, el histórico PASOK (socialdemócrata) repuntó ligeramente al 11.5% relegando a Syriza al segundo puesto con 17%, pero ninguna de las dos corrientes conecta plenamente con la indignación de amplias capas populares. Partidos más pequeños (como el comunista KKE o el nuevo Syriza-escindido MeRA25 de Varoufakis) tampoco han logrado superar el 10% individualmente. Esto deja un espacio político fracturado en el espectro progresista.
En síntesis, Grecia transita hoy una situación económica dual. Por un lado, exhibe indicadores macro mejorados: finanzas públicas saneadas, crecimiento y crédito internacional restaurado. Por otro lado, las secuelas sociales de la austeridad siguen condicionando la vida de millones: salarios deprimidos, alta emigración juvenil, servicios públicos debilitados y una sensación persistente de injusticia (la idea de que el “rescate” salvó a los bancos pero empobreció al pueblo). La troika, si bien ya no supervisa directamente al país tras agosto de 2022, dejó un legado de compromisos fiscales estrictos que limitan el margen de maniobra para políticas expansivas.
Yanis Varoufakis advierte que, a pesar del optimismo oficial, Grecia continúa “más insolvente que en 2010” y altamente dependiente de la benevolencia del BCE y la UE. Señala que la deuda pública ronda hoy los 400 mil millones de euros, por encima del nivel de 2010, mientras el ingreso nacional real sigue 20% abajo del pre-crisis.
En su visión, los mercados financieros han declarado políticamente solvente a Grecia (permitiéndole financiarse a tasas moderadas), pero la realidad social refleja otra cosa: “la población tiene un nivel de vida 20% inferior al de 2010; en la clase trabajadora, la caída del PBI per cápita llega al 45%”, apuntó el exministro. Más allá de matices, existe consenso en que la recuperación griega será sostenible sólo si se afrontan estos desafíos sociales y estructurales.
Tras cerrar el capítulo de los rescates, Grecia encara el futuro con cuentas fiscales ordenadas pero con una sociedad fatigada y desigual. La década de austeridad evitó el colapso del euro, pero a un coste humano elevadísimo. Hoy el país muestra signos de dinamismo -exportaciones en turismo récord, mega proyectos inmobiliarios como el de Ellinikón en Atenas, interés inversor extranjero- pero aún convive con la precariedad y la emigración masiva de su juventud.
“La nueva Grecia se parece inquietantemente a la vieja: finanzas públicas más sólidas, pero desequilibrios sociales y económicos persistentes”, resume el analista Nick Malkoutzis. En última instancia, el desafío será convertir los logros macro en prosperidad compartida. De lo contrario, la inestabilidad que la derecha promete exorcizar podría volver en otra forma: ya sea mediante la protesta social intensificada, o mediante el auge de fuerzas políticas aún más radicales dispuestas a confrontar el sistema nacido de la crisis.
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Soy periodista (TEA-Universidad de Concepción del Uruguay) y fotógrafa (ETER). Escribo sobre temas de agenda internacional, también investigo desde hace varios años las regiones de Moldavia, Transnistria y Gagaúzia. Soy productora y docente de la materia Introducción al Periodismo y la Información en TEA&Deportea.
