A simple vista, la decisión de eliminar el régimen de promoción industrial puede parecer lejana para quienes no viven en Tierra del Fuego ni trabajan en una planta ensambladora. ¿Qué puede cambiar en Buenos Aires, Córdoba o Tucumán porque se cierren galpones en el sur? Sin embargo, los efectos de esta medida no se quedan en la isla ni se limitan al precio de un celular.
Una persona en Avellaneda compra un televisor más barato porque ahora ingresa importado sin arancel. Pero ese ahorro inmediato se da en paralelo a un aumento de los dólares que el país necesita para pagar esa importación. Esa presión sobre las reservas suele trasladarse al tipo de cambio, y con eso, al precio de los alimentos, los alquileres y el transporte. El costo real aparece, pero en la suba generalizada de precios.
El cierre de fábricas en Tierra del Fuego no implica que se abran otras en Salta o en el conurbano. Lo que se pierde no es solo un tipo de producción, sino la posibilidad de sostener empleo registrado en lugares donde históricamente fue difícil generarlo. Cuando el Estado deja de incentivar la industria en zonas alejadas del centro económico, la actividad se concentra, las brechas regionales se agrandan y los trabajadores tienen menos opciones fuera de los grandes centros urbanos.
Esto constituye una discusión sobre qué tipo de país se quiere construir: uno que sostenga cierta planificación territorial e industrial, o uno donde cada región se salve como pueda. Y en esa disyuntiva, nadie queda del todo afuera.
Entre la soberanía y los teléfonos baratos
Hace poco más de dos meses, el gobierno nacional anunció por decreto la eliminación del régimen de Promoción Industrial, una política que había beneficiado durante décadas a varias provincias, industrias y trabajadores en todo el país. Uno de los principales focos de impacto es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La medida reabrió un debate central: ¿qué pesa más, la defensa de la soberanía nacional o el abaratamiento de productos tecnológicos a través de la apertura a las importaciones?
El 13 de mayo, el vocero presidencial y legislador porteño electo, Manuel Adorni, anunció “la eliminación de los aranceles de importación de celulares”, en el marco del Decreto 333/2025, que modifica la Ley 21.608 de Promoción Industrial sancionada en 1977. Esta norma promovía la creación, expansión y modernización de actividades industriales, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.
Aunque desde el gobierno presentaron la medida como una forma de mejorar el acceso a la tecnología, en Tierra del Fuego las voces de alerta se multiplicaron. Trabajadores, sindicatos, autoridades y organismos provinciales advirtieron que la quita de beneficios fiscales, lejos de ser un simple ajuste, compromete la continuidad del empleo industrial en la isla.
Oscar Martínez, secretario general de la UOM fueguina, explicó a Ornitorrinco la dimensión del impacto: “Teniendo en cuenta que era un territorio en ese entonces (antes de la ley) muy poco poblado y como consecuencia de ello pudo generar la radicación de distintas industrias entre plásticos, textiles y metalúrgicas que justamente trajo como resultado el crecimiento de la población a un nivel de este altísimo, al punto tal de que eran 12 mil habitantes en aquella época y hoy superando las 200 mil personas”.
La ley otorgaba beneficios como exenciones de IVA, Ganancias, Derechos de Importación y reducciones en impuestos internos. Estas ventajas tributarias permitieron instalar plantas de ensamblaje de productos electrónicos como celulares, televisores y aires acondicionados. La industria electrónica explica el 17% del empleo formal de la provincia, con 6.163 trabajadores registrados según la Secretaría de Empleo. A ese número se suman cientos de puestos indirectos en servicios como logística, seguridad, limpieza, transporte y gastronomía.
La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) estimó que la eliminación del régimen implicará una pérdida del 20,5% de los recursos provinciales, calculada en unos $80 mil millones para el 2025. El gobernador Gustavo Melella expresó: “Genera profunda preocupación el anuncio del gobierno nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, una medida que representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego”, y agregó que el anuncio responde a un pedido del FMI al presidente Javier Milei.
A lo largo de su historia reciente, la provincia atravesó procesos similares. Martínez recordó: “En los años 90 también sufrimos situaciones similares con políticas neoliberales que trajeron como consecuencia la apertura de importaciones y el cierre de muchas de las plantas fabriles que producían aquí en este lugar, cerraron varios de esos establecimientos que estaban diversificados entre la industria textil, la industria plástica y sobre todo la metalúrgica. Situación similar se vivió a partir del gobierno de Mauricio Macri, que también tuvo consecuencias terribles”.
También hizo referencia al presente: “Ahora estamos ante una amenaza permanente, cuestión que nosotros denunciamos desde antes del inicio de esta gestión, incluso previo a la instancia de balotaje, donde llamamos a no votar por este tipo de espacios políticos que sabemos cuáles son las consecuencias cuando gobiernan, es decir, más ajuste, privatizaciones, entrega de la soberanía, apertura de las importaciones y esto está afectando sobremanera a la provincia de Tierra del Fuego, no solo a los trabajadores de nuestro sector, sino a toda la población”.
Un parche digital
En respuesta a las críticas, el gobierno puso en marcha el 22 de julio un nuevo mecanismo para la comercialización de productos fueguinos: el régimen simplificado de envíos desde el Área Aduanera Especial al Territorio Continental Nacional. A través de la Resolución General 5727/2025, se habilita la compra online directa de electrodomésticos fabricados en la isla, sin intermediarios y sin IVA.
El esquema permite comprar hasta tres unidades por tipo de producto por año calendario, con un tope de 3 mil dólares por envío. Los artículos -entre ellos celulares, televisores, aires acondicionados y microondas- serán enviados directamente al domicilio del comprador. El objetivo oficial es abaratar costos de consumo, pero la medida no recupera puestos de trabajo, no sustituye el régimen industrial y no revierte la caída en la recaudación local.
Desde ARCA, el organismo recaudador y aduanero, explicaron que el sistema busca facilitar el acceso a los productos y evitar canales de comercialización informal. Sin embargo, los sindicatos y el gobierno fueguino lo consideran una medida paliativa que no sustituye la infraestructura productiva desmontada.
María Meza es docente, dirigenta de Izquierda Socialista y, además, fue partícipe de las movilizaciones en Tierra del Fuego, a partir del anuncio del gobierno: “Para nosotros, no es más que una continuidad de políticas de entrega de gobiernos anteriores que fueron avanzando, pero ninguno llegó al nivel de odio que tiene Milei.
Y reforzó: “Porque siguen estando los mismos actores que estaban antes, el Fondo Monetario Internacional, préstamos millonarios del banco BID y ni hablar de la gente que tiene en el gobierno, los Cavallo, los Menem, toda esta gente que ya sabemos quién es y el resto del país también. Vinieron a terminar un trabajo sucio que se venía haciendo hace años, que es la entrega del país, viene a profundizar los extractivismos en el país, no solo en el continente, sino también en la isla”.
Territorio en disputa
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, defendió la decisión al afirmar que el régimen derogado generaba distorsiones que perjudicaban al resto del país. En una entrevista por streaming, sostuvo que aunque podrían perderse empleos en Tierra del Fuego, se crearían otros en otras regiones. También expresó que la isla “debería ser un parque de diversiones” por su belleza, y no un lugar con “galpones” donde se fabrican productos.
Ante estas declaraciones, Martínez respondió: “Habla con un desprecio propio del centralismo porteño de quienes se miran solamente el ombligo y que no les interesa para nada los habitantes del país, como no les interesan los jubilados, como no les interesa la salud, como no le interesa la educación y lo demuestran claramente cada uno de los miércoles cuando apalean aquellas personas que habiendo trabajado toda la vida buscan ser atendidos en su reclamo”.
El conflicto sobre Tierra del Fuego no se agota en lo impositivo. La provincia, al ser un área aduanera especial creada en 1972, juega un rol clave en la estrategia de ocupación territorial frente a la disputa por las Islas Malvinas y la Antártida. En los últimos años, distintos gobiernos promovieron políticas de arraigo como forma de presencia efectiva en el extremo sur, asociando producción, empleo y soberanía. Desde la reforma constitucional de 1994, además, el Estado argentino ratifica que las Islas del Atlántico Sur forman parte integral de la provincia fueguina, lo que otorga a su estatus productivo una dimensión geopolítica.
Rafael Bielsa, exministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Néstor Kirchner, también aportó su mirada sobre las implicancias estratégicas de la derogación del régimen. En diálogo con Ornitorrinco, explicó: “El artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas vincula el desarrollo económico y social con la paz duradera. El tratado fundacional dice que no hay paz ni hay seguridad sin desarrollo; que no hay desarrollo sin paz ni seguridad; y que ni la paz ni la seguridad ni el desarrollo pueden existir sin derechos humanos. La lógica de la promoción industrial como política pública consiste en fomentar el desarrollo de ciertos sectores productivos y determinadas regiones”.
Y agregó: “Los tres conceptos, paz, seguridad y desarrollo están en la lógica de la promoción industrial. En Argentina, históricamente, ha habido promoción asociada a regiones e industrias específicas, estimulando la inversión en extensiones menos desarrolladas, diversificando la matriz productiva, generando empleo y arraigo zonal, y promoviendo industrias estratégicas para el país”.
Actualmente, Tierra del Fuego concentra el 60% de la producción nacional de celulares, televisores y pequeños electrodomésticos, según datos de la Secretaría de Industria. La mayoría de esas plantas están radicadas en Río Grande, donde también se ubican las sedes de Newsan, Mirgor y Solnik, tres de las principales empresas beneficiadas por el régimen anterior. Aunque esas compañías han diversificado inversiones, el impacto del desarme es directo sobre el empleo local: en lo que va de 2025, ya se registraron más de 800 desvinculaciones en el sector, según informó la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica, Metalúrgica y Minera (ASIMRA).
Sobre el rumbo actual, Bielsa fue tajante: “Es difícil encontrar una lógica donde el desarrollo, la seguridad y la paz sean identificables. Por el contrario, lo que se hallan son muchos negocios para pocos, demoliciones sin construcciones, y fomento de las minucias en reemplazo de los bienes colectivos”.
Y concluyó: “Tierra del Fuego no es sólo un territorio para poblar, el lugar de radicación de empresas o el panorama para el turismo. Es un activo soberano de las mismas personas respecto de las que el gobierno ha dicho: ‘el menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero extra en el bolsillo que gastarán en otras cosas’”.
Qué tienen en común un fueguino y un Caputo
Las empresas radicadas en Tierra del Fuego se beneficiaban con un esquema fiscal diferencial que incluía exenciones de IVA en compras y ventas, Impuesto a las Ganancias, Derechos de Importación y una reducción en los Impuestos Internos aplicados a productos electrónicos. Entre los principales beneficiarios del régimen se encuentran Nicolás Caputo, dueño de Mirgor, amigo personal de Mauricio Macri y primo del actual ministro de Economía, y Rubén Cherñajovsky, titular de Newsan, una de las mayores compañías del sector en la isla.
Ambos empresarios han expandido sus negocios mucho más allá de la producción fueguina. Cherñajovsky compró en 2024 la filial argentina de P&G, mientras que Caputo diversificó sus inversiones en el rubro de la construcción. Según el ranking de Forbes, integran el grupo de los empresarios más ricos del país y figuran también entre quienes más capital fugaron al exterior, beneficiándose además de los distintos blanqueos de divisas implementados durante los últimos años.
Más allá de los beneficios concentrados en estos grupos económicos, las consecuencias del desmantelamiento del régimen recaen sobre una base mucho más amplia. La cadena de impacto también abarca sectores vinculados como transporte, logística, limpieza, gastronomía y seguridad.
Sobre la actitud del empresariado frente al nuevo escenario, el sindicalista Oscar Martínez señaló: “Los empresarios tienen la particularidad de adecuarse a las distintas políticas sin ningún tipo de problemática, porque ellos pueden rápidamente transformarse de productores en importadores y comercializar igual los productos como han sido en otras oportunidades, de hecho, esta es una práctica habitual, por lo que sus negocios no se ven de ninguna manera afectados, simplemente afecta a nuestros puestos de trabajo y las familias que podrían verse afectadas, pero ellos no se van a expresar, no lo han manifestado, solamente uno ha dicho que esto podría a traer como consecuencia el fin de la producción en Tierra del Fuego”.
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Estudio Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Matanza. Si querés saber algo más de mí basta con decir que soy matancera, peronista y que no me gusta que me digan Teresa (porque, aunque a veces no me crean, en mi DNI dice Teresita).
