El punitivismo es la idea de que todo conflicto debe resolverse con castigo y violencia, una idea muy presente en la sociedad actual. En esa línea se inscribe el aumento sistemático de detenciones que se viven en nuestra región y las reformas penales que actualmente se tratan en el Congreso impulsadas por el Gobierno Nacional. Cabe aclarar que según el informe estadístico de la Procuración Penitenciaria de la Nación el crecimiento de la Población carcelaria en América desde el año 2000 es de un 39%.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich visitó en junio del año pasado una cárcel en El Salvador y ratificó su intención de replicar el modelo Bukele. En nuestra región, Nayib Bukele se constituye como símbolo de una narrativa: la violencia extrema contra personas que presuntamente cometieron delitos. Personas hacinadas, sometidas y con graves denuncias de tortura son la realidad de ese modelo. Como lo denunció Amnistía Internacional, El Salvador es la institucionalización de la violación de derechos humanos.
La Dra. Gabriela Gusis, docente e investigadora en Derecho Penal y Criminología UBA, sostiene que “en Latinoamérica se segregan seres humanos como si fueran descartables. Las cárceles en la región funcionan como campos de concentración para grupos vulnerables”.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó: “Su gestión gubernamental también se ha caracterizado por el ocultamiento y manipulación de información pública, la promoción de acciones destinadas a socavar el espacio cívico, la militarización de la seguridad pública y las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento masivo como únicas estrategias para combatir la violencia en el país, afectando desproporcionadamente a las personas en situación de pobreza”. A modo de ejemplo, recordemos las imágenes que circularon masivamente de personas acinadas, semidesnudas y contra la pared. Presentando la vulneración de derechos como un logro de su gestión.
El reporte de Amnistía Internacional registró hasta la fecha 327 casos de desapariciones forzadas, más de 78,000 detenciones arbitrarias, con un total de aproximadamente 102 mil personas privadas de libertad en el país, una situación de hacinamiento carcelario del 148% aproximadamente, y al menos 235 muertes bajo custodia estatal.
La violencia estatal llegó hace rato
En amplios sectores de la sociedad se instala una narrativa que pide dolor, castigo y sufrimiento como una forma de resolver los conflictos y de enfrentar determinados delitos. Como una respuesta mágica: se supone que a más castigo habrá más seguridad. Pero la realidad no funciona así.
Según el SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena) podemos observar cómo la cantidad de personas privadas de su libertad creció y crece sistemáticamente: Argentina paso de tener 37.885 personas privadas de su libertad en el año 2000 a 111.967 en el 2023.
Sin embargo, no hay una relación directa entre estas detenciones y la reducción de la violencia. Incluso, al contrario, el aumento de detenciones en condiciones precarias y de degradación pueden recrear las condiciones de violencia.
Esto se debe a que si se cumple el deseo que muchas veces circula en la sociedad de que las personas privadas de su libertad “se pudran en la cárcel” y se les vulneren el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a contactarse con sus seres queridos, tendrá menos herramientas cuando recupere la libertad para vincularse socialmente.
Para ilustrarlo, “si un joven que sabe que robar está mal se lo lleva a la cárcel de buenas a primeras, además de generar en él un resentimiento y un estigma que le será muy difícil sacarse de encima una vez que cumpla su condena y salga de la cárcel, se lo podrá estar vinculando con otros individuos en una carrera profesional del delito. De esa manera la cárcel, lejos de resolver los problemas, recrea las condiciones para que se agraven”, explica el sociólogo e investigador del CONICET, Gabriel Kessler.
¿Cuáles son las narrativas y los discursos que circulan que legitiman estas políticas que muchas veces se traducen en violencia institucional? Existe un modelo cultural promovido por los países del norte y que se reproduce en buena parte de la industria del entretenimiento que consumimos, en el cual nos presentan la sociedad dividida entre buenos y malos y la violencia como la forma de resolverlo todo. Asimismo, en el discurso mediático local se expresa una violencia simbólica, fortalecida en redes, las cuales parecieran brindan las condiciones de posibilidad de estas condiciones de degradación.
En ese sentido, la Magister en Comunicación, Celia Regina Polesel, sostiene que “con la exhibición cotidiana de las representaciones de la violencia, la tendencia de la población es habituarse y tolerar escenas que, hace algunos años, causarían horror. Todos se van habituando a la violencia como si fuese el único lenguaje eficiente para lidiar con la diferencia, considerando normal que los conflictos sean resueltos por la eliminación o violación del cuerpo del otro. El respeto al otro y a la diferencia no existen”.
Garantizar derechos reduce la violencia
Esa simple frase no es un latiguillo. Si una persona privada de su libertad ejerce el derecho al trabajo estando detenido, como establece la Ley 24660, puede aprender un oficio, vincularse al mundo productivo, y contar con un ingreso económico que le permitirá tener un fondo de reserva para enfrentar los complejos primeros días que implica la reinserción en sociedad. Lamentablemente la amplia mayoría de las Unidades de detención y en la Comisarías no cumplen la ley y este derecho, como muchos otros, es sistemáticamente vulnerado.
También podemos tomar la experiencia que garantiza el derecho a la educación del Centro Universitario de que funciona en la Cárcel de Devoto. Según estadísticas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la tasa de reincidencia es casi tres veces mas baja de quienes no pudieron hacerlo. La educación brinda herramientas, ayuda a modificar la autopercepción, nos invita a pensarnos desde otros roles y puede colaborar en la construcción de nuevos vínculos y puentes.
Defender la vida y evitar muertes violentas
Mientras nos regalan miedo para vendernos seguridad, nos aislamos. Desconfiamos del otro, de nuestro vecino y hermano. Nos denunciamos, cruzamos la calle atemorizados. Nos encerramos en nuestras casas, abandonamos las plazas y los lugares de encuentro. Debilitamos el tejido social.
De hecho, las probabilidades de morir por un accidente vial o cometer suicidio son mayores que ser víctima de un homicidio en situación de robo. En 2023 los suicidios se transformaron por primera vez en la principal causa de muerte violenta, para un año sin restricciones a la circulación. Además, según el Sistema de Alerta Temprana del Sistema Nacional de Información Criminal desde 2017 a 2019 las muertes en eventos viales constituyeron la principal causa de muerte violenta en el país. Durante el año 2023 hubo 2.046 homicidios dolosos, 3.955 muertes viales y 4.197 suicidios.
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Para cuidar la vida y reducir las violencias deberíamos repensar las formas de vincularnos. Cuestionar las miradas de la demagogia punitiva tan funcionales al modelo excluyente actual. Las cuales no resuelven los problemas y son muchas veces reproductoras de la violencia. Es fundamental construir puentes, fortalecer lazos, recuperar las plazas y parques, hermanarnos, empatizar y exigir el respeto y la defensa de los Derechos Humanos que están establecidos en nuestro marco normativo vigente.
Licenciado en Comunicación Social UNLZ.
Especialista en Comunicación y Culturas UNCOma
Profesor de la UNRN
Autor de "El medio es la violencia" e "Inseguridades"
