6 de septiembre. Es sábado y la caravana de autos se desplaza por la Ruta 7 y luego por su empalme, la 51, dos caminos que atraviesan Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. Los vehículos habían partido desde la ciudad de Neuquén y la de Centenario (a 170 kilómetros una de la otra), entre bordes filosos de mesetas y vegetación baja de jarillas, uñas de gato y chañares que revisten el paisaje de la estepa patagónica, ahora junto a las cigüeñas de las empresas petroleras.
Anduvieron así unas dos horas hasta llegar a Mari Menuco, el lago artificial que abastece de agua potable a ciento de miles de personas que viven en la ciudad capital y localidades del Alto Valle.Las rutas tienen huellas y pozos: nadie niega el mal estado producto del intenso tránsito de la industria de hidrocarburos. Las consecuencias son noticia a diario: embotellamientos, choques,y muertes.La provincia supera el promedio de accidentes y de muertes en rutas argentinas, según el último reporte 2024 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). En el primer semestre 2025 se registraron en la provincia 2118 siniestros viales y fallecieron 39 personas, informó la ONG Bien Argentino.
Sin embargo el estado de las rutas no es el motivo que los convocan: Mari Menuco se encuentra desde marzo amenazado por un proyecto de fracking, la técnica de extracción de petróleo de las rocas, a las que le inyectan agua y químicos para fracturarlas a través de pozos verticales y horizontales en el suelo.
En la víspera, la Campaña “Salvemos el Mari Menuco” difundió imágenes de cisternas de agua, depósitos químicos y motores bombeadores a 50 metros del lago. El comunicado refiere la actividad de al menos 35 camiones, que cargados con arenas silíceas, equipos de perforación y de fractura, están listos para ser usados por YPF.Algunos promotores de la industria auguran que la ciudad será en algunos años la Dubai argentina, aunque por ahora varios de los barrios ni siquiera tengan gas natural.
Jorge Nawel es coordinador de Xawvnko, uno de los seis consejos zonales en los que está dividida la Confederación Mapuche de Neuquén. Nawel vive en Rincón de los Sauces, corazón de Vaca Muerta.—Un accidente en esas perforaciones podría ser irreversible —advierte sobre las consecuencias de la actividad en la zona. El istmo donde proyecta YPF ubicar los pozos es una franja angosta de tierra entre dos embalses. Cualquier incidente —una fisura, una pérdida, un error operativo— puede impactar en la calidad del agua que riega el valle frutícola y sale de las canillas de la ciudad de Neuquén.
Nawel dice que los mapuches no se oponen a la generación de combustible, sólo cuestionan la técnica de extracción. Acusan al fracking de ser destructivo, contaminante, causa de los 40 sismos de baja intensidad registrados este año en la región y que, por todo eso, está restringido en varios países (Francia, Alemania, Austria, Bulgaria, Suiza, España, una parte de Canadá y Estados Unidos, entre otros).
Fracking con vista al lago y sin consulta previa
YPF llegó a orillas del Mari Menuco gracias a la concesión otorgada por la Provincia de Neuquén.El gobernador Rolando Figueroa firmó el Decreto 276 que otorga a YPF dos concesiones de 249 kilómetros cuadrados y 103 kilómetros cuadrados al sur de los lagos Barreales y Mari Menuco. Sobre la superficie de esa área adjudicada viven hoy más de diez familias que integran la comunidad mapuche Lof Kaxipayiñ, quienes rechazan la actividad petrolera.
En 2023, a una hora de allí, ocurrió lo siguiente: otra comunidad, Campo Maripe, impidió el paso a su territorio de las máquinas de YPF. En consecuencia la petrolera presentó un amparo. La Justicia falló a favor de la empresa y ordenó una multa de 100.000 pesos por cada día que se intentara obstruir la actividad petrolera.
En 2004 el Congreso argentino legisló a favor de las comunidades indígenas con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y, a través de la ley 26.160, ordenó su relevamiento y prohibió desalojos hasta su derogación en 2024. La personería habilita la apertura de una carpeta con estudios históricos y antropológicos y una delimitación preliminar de lo que podría llegar a ser un territorio comunitario. No es un título de propiedad, pero a las comunidades les confiere cierto resguardo. El Estado había reconocido a esas comunidades en grado avanzado, pero a fines de agosto de este año el instituto decretó el recorte de las tierras que ocupan esas comunidades.
De las 65 comunidades mapuche que habitan Neuquén, 12 están en el centro de la explotación hidrocarburífera y reclaman derechos de propiedad sobre 48.000 hectáreas (el 1,6% de la formación geológica). De esas 12, ocho no tienen personería pero cuatro cumplieron con los trámites para obtenerla. Una de ellas, la Lof Newen Kura, montó un acampe frente a la gobernación de Neuquén acusándola de dilatar la entrega, hasta que fue desalojada de la calle un domingo de julio al mediodía. Luego en un reel, la comunidad difundió el video de cómo el petróleo derramaba su territorio.
—Nos dimos cuenta de que el Estado no quiere darnos el papel de la personería porque, justamente, quiere dar seguridad jurídica a la petrolera y no seguridad a la comunidad —dice Nawel.
El año pasado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que preside Claudio Avruj en la órbita ministerial de Guillermo Francos reabrió dos carpetas con relevamientos a pedido de un privado de nacionalidad francesa y de la empresa Loma Negra.—Son momentos de tanta presión de viejos usurpadores, de terratenientes, de municipios, de empresas, de privados que ven afectados sus intereses, que el gobierno les está dando voz a quienes se han opuesto siempre a la seguridad territorial de la comunidad mapuche. El INAI en lugar de ser un instituto que implementa esos adelantos jurídicos que ha habido, se sienta en la mesa con los enemigos de los pueblos indígenas —dice Nawel.
Kaxipayiñ –la comunidad asentada alrededor del lago Mari Menuco- tiene personería y relevamiento realizados, por lo que la concesión que otorgó la Provincia a YPF y el avance de las obras resulta abusivo para la Confederación Mapuche de Neuquén. Nawel dice que la ley es clara: que antes de aprobar una concesión que pueda afectar los derechos de comunidades, el gobierno tiene que realizar una consulta previa.
Sin pedir permiso ni perdón
En 1992, meses antes de cumplirse el 500° aniversario del primer desembarco europeo en continente americano, el Estado argentino suscribió una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo que obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas sobre diversas cuestiones que puedan afectar sus derechos. Estas consultas debieran ser vinculantes cuando se trata de relocalizaciones o transformaciones ambientales del entorno. La Provincia de Neuquén nunca la puso en práctica y recién la reglamentó a fin de 2023.
La construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, que llevará petróleo desde Vaca Muerta a lo largo de 500 kilómetros hasta el Mar Atlántico, genera el rechazo de comunidades indígenas que reclaman a la Provincia de Río Negro la puesta en práctica de consultas en los términos que demanda la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Lorena Cañuqueo, antropóloga y licenciada en comunicación social, integrante de la comunidad Lof Mariano Epulef a 120 kilómetros de Bariloche, cuenta que el Gobierno viene entregando permisos de exploración en varias regiones de la provincia, incluidas reservas naturales,pero que en ningún caso convocó a un organismo u organización de la institucionalidad indígena, como subraya que exige la ley.
—Lo que nosotros buscamos no es votar a favor o en contra, sino reunir suficiente información, proponer nuestros equipos técnicos, supervisar el desarrollo de los informes que se hacen respecto a los impactos ambientales. Además saber: ¿Cuánto invierten las empresas? ¿Qué generan en términos reales como fuerza detrabajo? ¿Qué tipo de afectación hay en la economía local y la economía regional? ¿Quién se va a hacer cargo del resarcimiento por los posibles daños? ¿A quién hay que reclamarle después? ¿Al Estado? ¿A la Secretaría de Energía? ¿Al Ministerio de Gobierno? ¿Al gobernador de la provincia, a la legislatura, a la empresa, a quién?-denuncia.
Asimismo reconoce que ciertas comunidades mapuche afectadas respaldan las iniciativas empresarias y aguardan expectantes la contratación de fuerza de trabajo y obras que mejoren los parajes de las poblaciones rurales involucradas.
Victoria Arias Mahíques fue funcionaria en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri. Es abogada especialista en temas ambientales, integrante de Fundar, la organización que diseña políticas públicas para la que investigó sobre la industria extractiva y su transparencia.
—La transparencia en la industria tiene que ver con dar toda la información en el momento en que se tiene que hacer para provecho de todos. Si yo soy una inversora y voy a la página de una provincia y no tengo manera de saber cómo se desarrollan las consultas a las comunidades sobre proyectos extractivos, eso claramente aumenta mi incertidumbre. Y en la Argentina estamos bastante lejos de ser modelo de transparencia —dice.
Arias Mahíques explica que un país comparable a la Argentina, por su organización federal y recursos primarios, es Canadá, donde la transparencia de la información es nítida y sólo se habilitan proyectos extractivos si cuentan con un plan de reconocimiento indígena y un seguimiento de lo conversado entre las partes. -Es clave en estos procesos construir confianza- dice la abogada.- Pero en nuestro país los espacios de diálogo son más bien ocasionales, y la urgencia empresaria termina soterrando a veces necesidades más estructurales para la comunidad, como la planificación del suelo y el uso del agua.
El área de comunicación del Grupo YPF remitió su reporte 2024 de sustentabilidad, en el que asegura haber recibido 27 reclamos de comunidades indígenas, 22 de las cuales se resolvieron durante el año y que al momento de publicar el informe, no se habían realizado reasentamientos de comunidades indígenas ni se registraron casos de violaciones de sus derechos. Además, el Grupo asegura haber destinado 5974 millones de pesos en comunidades indígenas, el 38% de su “inversión social voluntaria”.
“Entregamos información previa sobre nuestros proyectos e incorporamos las sugerencias de las comunidades involucradas para procurar acuerdos. Realizamos reuniones formales periódicas con los representantes o autoridades directivas de cada comunidad, donde pueden plantear sus inquietudes y reclamos. Implementamos iniciativas que contribuyen a fortalecer los planes de vida de las comunidades, según sus propias necesidades y propuestas”, confirma el reporte.
—En Neuquén eso es todo, todo, todo mentira. Es lo que deben hacer y no hacen. Nunca se animaron a implementar nada —dice Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche.
En un apartado, YPF dice haber mantenido diálogo periódico con las autoridades comunitarias de la comunidad Kaxipayiñ, que ocupa los alrededores del lago Mari Menuco, haber acordado compensaciones, haber entregado información sobre los proyectos operativos, haber saneado situaciones ambientales poniendo en conocimiento a la comunidad, haber implementado proyectos de inversión social: energía para viviendas, provisión de agua potable y gas a granel, obra social para la atención de la salud de personas y sistematización de cultivos. Sin embargo, en las vísperas de la caravana al Mari Menuco, el Obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, solicitó en una carta pública al gobernador Rolando Figueroa, la remisión de todo esa información invisible.
Como epifanía de un desencuentro insalvable, esta semana arrancó en Buenos Aires la Argentina Oil & Gas Expo 2025 (AOG), una cumbre de tres días en el inmenso predio de la Sociedad Rural en Palermo donde los empresarios de los hidrocarburos y los gobernadores patagónicos se congregaron alrededor de charlas y conferencias para debatir el rumbo y los proyectos de la actividad explotación minera. Mientras sucedía ese encuentro, la Confederación Mapuche de Neuquén realizaba, a más de mil kilómetros, la tercera denuncia penal contra YPF por daño ambiental en Vaca Muerta.
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Es periodista, nació en Buenos Aires, vive en Bariloche. Escribe en Al Margen y colabora con otros medios, entre ellos Canal Abierto, Crisis, Caras y Caretas.
