En América Latina y el Caribe una mujer es asesinada cada dos horas. Solo durante 2024 se documentaron al menos 4.855 casos en 17 países, un promedio de 13 femicidios por día. La Cepal contabilizó 3.828 víctimas en 26 países y, en los últimos cinco años, un mínimo de 19.254 mujeres asesinadas. Los marcos legales se ampliaron, se tipificaron delitos, se sancionaron protocolos, pero las cifras siguieron marcando una región atravesada por una violencia persistente: la mayoría de los agresores fueron parejas o exparejas, muchas muertes ocurrieron en el hogar y miles de niños quedaron huérfanos.
La pregunta, entonces, no fue si existieron leyes, sino qué pasó con su implementación. En esa distancia entre la norma y la vida cotidiana, varias voces de la región describieron un mismo paisaje: Estados que prometieron y no protegieron, sistemas judiciales lentos y revictimizantes, presupuestos que no alcanzaron, desigualdades territoriales que cerraron la puerta de la justicia, y un sustrato cultural que naturalizó el dominio sobre los cuerpos de las mujeres. En paralelo, la violencia digital y los discursos de odio agravaron el escenario, con efectos concretos sobre la exposición, la persecución y el disciplinamiento.
La región que legisló, pero no frenó la violencia
En casi toda América Latina, la tipificación del femicidio y la sanción de leyes integrales representaron un avance. Sin embargo, distintas entrevistadas insistieron en que la legalidad por sí sola no desarmó los mecanismos que habilitaron la violencia extrema.
Lieta Vivaldi, directora del Programa Género, Derecho y Justicia Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, dijo: “En Chile hemos avanzado de forma importante impulsados por los movimientos feministas, los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y crecientes demandas sociales. La ampliación reciente del femicidio para incorporar los casos por razones de género es un paso relevante. Sin embargo, las cifras siguen siendo alarmantes porque la violencia no se resuelve únicamente con leyes: nuestras normas suelen asumir funciones que no pueden cumplir si no se acompañan de transformaciones más profundas en educación, prevención y acceso efectivo a la justicia”.
Esa “brecha profunda” entre norma e implementación apareció una y otra vez. En México, por ejemplo, el Estado contó con un andamiaje jurídico robusto, pero los números siguieron siendo altos. Fátima Esther Martínez-Mejía, abogada, docente y ganadora del premio Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos 2025, dijo: “El Estado como principal obligado a proteger a las mujeres tiene grandes deudas en la prevención y el castigo a la violencia feminicida. En México contamos con un marco normativo robusto, pero la operatividad no siempre es la adecuada. Por otro lado se suma la impunidad que es determinante”.
Martínez-Mejía detalló que, entre enero y septiembre de 2025, “4.488 mujeres perdieron la vida de forma violenta, ya fuese clasificado como feminicidio, homicidio doloso o homicidio culposo”, y que “513 fueron clasificados como feminicidios”. Su diagnóstico apuntó a un entramado histórico donde se combinaron patriarcado, modelo económico neoliberal, brechas territoriales e inseguridad. Y sumó una idea clave para pensar la región: el femicidio no “apareció” como un hecho aislado, sino como una escalada de violencias toleradas socialmente.
Impunidad crónica, Estado que castiga y territorios donde la vida vale menos
En Guatemala, la impunidad fue presentada como el corazón de la maquinaria. Lucía Escobar, periodista, escritora e integrante del consejo editorial de La Cuerda, dijo: “No es lo mismo ser una mujer blanca, que ser una mujer racializada, que ser una mujer que vive en la pobreza o en el altiplano o en las comunidades más alejadas. Ahí es donde valen mucho menos la vida de las personas. Sumamos racismo, pobreza, abandono estatal, crimen organizado y es una bomba”.
Escobar eligió un caso que condensó, para ella, el desprecio institucional por niñas y adolescentes bajo tutela estatal. Lucía Escobar, periodista y escritora, dijo: “El 8 de marzo del 2017, 56 niñas que estaban bajo tutela del Estado fueron quemadas vivas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Incluso ellas estuvieron criminalizadas y acusadas de ser las que se autoquemaron. Ahí vemos un Estado que tiene un desprecio profundo por el cuerpo y la vida de las niñas, sobre todo si vienen de contextos de violencia y pobreza”.
Luego agregó un dato que volvió sobre la idea de consecuencias inexistentes. Lucía Escobar, periodista y escritora, dijo: “Hay un 99% de impunidad en los casos de asesinatos y eso hace que la gente perciba que matar a una mujer o matar a una niña, violarla, asesinarla, venderla, no tiene ninguna consecuencia legal”.
La dimensión territorial también apareció como factor estructural. Martínez-Mejía habló de zonas rurales y periferias urbanas sin iluminación, transporte ni servicios; Vivaldi insistió en las brechas de clase y territorio que “dificultan denunciar, sostener un proceso y acceder a medidas oportunas de protección”. La desigualdad, en estos relatos, no funcionó como un telón de fondo: definió directamente el riesgo, el acceso a redes de apoyo y la posibilidad de ser escuchada por el sistema de justicia.
Seguridad para algunos, violencia para las mujeres
El Salvador ofreció un contraste incómodo: la reducción de homicidios no significó necesariamente reducción de femicidios en entornos de confianza. Silvia Juárez, coordinadora del programa Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres en ORMUSA, dijo: “Se asumía que el principal problema de seguridad lo ocupaban estructuras masculinas violentas de crimen organizado. Para las mujeres, sus principales enemigos estaban bajo su mismo techo. El país redujo drásticamente los homicidios, pero cuando analizamos la caída de las muertes de mujeres, las muertes ocurridas en los entornos de confianza siguen inalteradas, de hecho aumentadas”.
Juárez trazó una línea directa entre esa mirada androcéntrica de la seguridad y el debilitamiento de la protección: menos presupuesto, menos prevención, menos detección temprana, menos capacidad de investigar. Silvia Juárez, coordinadora en ORMUSA, dijo: “Se debilitaron los subsistemas de protección, se restó presupuesto a las acciones dirigidas a erradicar la violencia, se promueve una educación que expulsa el tema de la igualdad de género. Todo eso conjuga un terreno fértil para que las muertes de las mujeres sigan siendo una realidad”.
Su frase sobre los presupuestos operó como un síntoma regional. Silvia Juárez, coordinadora en ORMUSA, dijo: “Ningún país puede decir que el índice de inversión en género en sus presupuestos siquiera supere el 1% del gasto público. Mientras eso suceda, las políticas públicas no sean desde una perspectiva de igualdad, la realidad va a seguir condenando a las mujeres a la violencia, incluso con leyes aprobadas”.
Cuando la respuesta institucional se vuelve un papel
En Panamá, la violencia se leyó desde la desigualdad extrema y el desmantelamiento de instituciones de género. Priscilla Vásquez, presidenta de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social y miembro del comité organizador de la marcha del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, dijo: “La llegada de la ultra derecha a los gobiernos trae reducción de derechos, represión y desprotección, particularmente en el caso de las mujeres. En Panamá se desmantela el Ministerio de la Mujer, se rebaja a un instituto y se recorta presupuesto: desprotección total y absoluta de las mujeres y disidencias”.
Vásquez también puso el foco en cómo se administra la “protección” en la práctica. Priscilla Vásquez, dirigenta sindical y activista, dijo: “Muchas mujeres acuden al Ministerio Público buscando ayuda, pero los mecanismos de protección son insuficientes o inexistentes. La respuesta más frecuente es la entrega de una boleta de alejamiento, un documento que por sí solo no garantiza la seguridad. En la mayoría de los casos las mujeres fueron asesinadas incluso tras recibir esta medida”.
En su lectura, la desigualdad territorial llevó la discusión más allá del femicidio y volvió a mostrar un Estado ausente donde la muerte podía volverse cotidiana por razones evitables. Priscilla Vásquez, dirigente panameña, dijo: “En la comarca Ngöbe Buglé, en 2025 han fallecido cuatro niñas al ir o regresar de la escuela por falta de puentes para cruzar ríos caudalosos. En los últimos 25 años se han reportado al menos 70 casos”.
El hilo común fue claro: un Estado que llegaba tarde o no llegaba, y respuestas burocráticas que no cambiaban el desenlace.
“Siempre hay algo más importante”
Desde Colombia, la discusión se corrió hacia la jerarquía política del problema. María José Gómez González, co-coordinadora de la línea Mujeres libres de violencias de Humanas, dijo: “El factor estructural más predominante es que se sigue viendo la desigualdad de género en todos los aspectos. Y estas desigualdades generan que se sigan permitiendo o cometiendo feminicidios”.
Pero su punto más punzante fue otro: la forma en que la agenda pública desplazó la urgencia. María José Gómez González, co-coordinadora de Humanas, dijo: “Siempre va a haber algo más importante que las mujeres o que los feminicidios. Importa más la economía, las relaciones exteriores, los procesos de paz. Si ocurre el feminicidio de una mujer, duele hoy, pero mañana ya se olvidó porque mañana tal vez los presidentes están peleando y eso se vuelve más importante”.
Incluso cuando existieron medidas formales, Gómez González señaló que se quedaron en el papel. María José Gómez González, co-coordinadora de Humanas, dijo: “En Colombia actualmente tenemos una declaratoria de emergencia por las violencias extremas contra las mujeres y el gobierno dictó nueve medidas. Estas medidas no han sido implementadas”.
La lógica del “tema más importante” dialogó con lo que otras entrevistadas llamaron declaraciones simbólicas: discursos sin financiamiento, promesas sin acceso real a la justicia, y una normalización social que desactivó la alarma colectiva.
Un bloque fuerte de testimonios ubicó el femicidio en el cruce entre violencia patriarcal y explotación económica. Alicia Coca, dirigente de la Marcha Mundial de Mujeres e integrante de la conducción de la CTA Autónoma, dijo: “Existen dos niveles de dominación que forman el núcleo del entramado patriarcal y capitalista: la explotación del trabajo realizado por las mujeres y el uso de la violencia para mantenerlas sometidas. La desigualdad económica, el control sobre nuestros cuerpos y la ausencia de políticas públicas efectivas crean un ambiente donde la violencia se perpetúa y, muchas veces ante la denuncia, no recibe respuesta adecuada, con su expresión más brutal en el femicidio”.
Esa idea se amplió en el testimonio de Brasil, donde la autonomía económica apareció como una condición material para poder salir de la violencia. Rana Agarriberri, docente, sindicalista y dirigente feminista de la CST (exPSOL), dijo: “El elemento fundamental es objetivo, financiero. No se puede salir de una relación abusiva si no se tiene adónde ir. La precarización de las condiciones de trabajo conduce a la violencia”.
Agarriberri ubicó los femicidios dentro de una estructura marcada por la desigualdad salarial, el desempleo, la sobrecarga de tareas de cuidado y la falta de inversión estatal, con una crítica directa a los presupuestos subejecutados. Rana Agarriberri, dirigente feminista brasileña, dijo: “El dinero que debería destinarse a las mujeres, para combatir la violencia, está siendo destinado a quienes ya son muy ricos. Si no hay inversión, va a surgir exactamente lo que está surgiendo ahora: hombres que van a seguir reproduciendo la violencia”.
Martínez-Mejía, desde México, describió el mismo nudo con otras palabras: dependencia económica, informalidad, carga de cuidados y falta de redes de apoyo. Fátima Esther Martínez-Mejía, abogada y docente, dijo: “Hay una carga excesiva en los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado que genera dependencia económica de una pareja y puede generar ciclos de violencia. En definitiva, las desigualdades socioeconómicas se amplifican con estas vulnerabilidades, más ahí donde no existen redes de apoyo”.
En estas voces, la violencia no fue solo un acto individual: funcionó como tecnología social de control, sostenida por condiciones materiales que limitaron la autonomía.
Cultura, educación y masculinidades
Las entrevistadas insistieron en que la prevención no podía reducirse a campañas ocasionales. Para Vivaldi, la educación no sexista y la formación en igualdad en todas las carreras fueron un punto de quiebre necesario. Lieta Vivaldi, directora del programa en la UAH, dijo: “Persisten brechas significativas de clase y territoriales. A esto se suma la formación insuficiente en igualdad de género. Avanzar hacia una educación no sexista e integrar contenidos de género en todas las carreras es imprescindible. También es clave comprender que la prevención requiere incluir a los hombres: programas de reeducación, reparación y cambio conductual son esenciales para interrumpir ciclos de daño”.
Juárez, en El Salvador, señaló el retroceso educativo como parte del problema: el ataque a la perspectiva de género, la estigmatización bajo la etiqueta de “ideología de género” y el vaciamiento de una discusión que podría haberse dado en edades tempranas.
Martínez-Mejía sumó un plano simbólico: el orden cultural que naturalizó la tutela masculina y justificó conductas machistas. Fátima Esther Martínez-Mejía, abogada y docente, dijo: “Mientras no exista este cambio en lo simbólico, vamos a tener patrones machistas que no logren mirar el problema porque la parte cultural en la que se ha naturalizado la violencia contra las mujeres está persistente”.
En Guatemala, Escobar también apuntó a esa repetición institucional de la violencia: Estados que privilegiaron la mano dura, castigo antes que cuidado, y una historia regional marcada por la militarización. Lucía Escobar, periodista y escritora, dijo: “Tenemos una historia común: amor por la bota militar. Las instituciones ven la mano dura y reproducen la violencia en lugar de prevenir. Si no hay transformaciones culturales profundas y sistemas de justicia que funcionen, esto va a seguir sucediendo”.
El cierre de estos testimonios dejó un mapa de urgencias que dialogaron entre sí. No bastó con tipificar delitos si la denuncia no tuvo respuesta, si las medidas de protección no protegieron, si la justicia revictimizó, si el territorio definió quién podía acceder a derechos, si los presupuestos no acompañaron, si la educación expulsó la igualdad, si la política dejó el femicidio siempre para mañana.
Vivaldi insistió en fortalecer redes comunitarias porque el femicidio no fue un “problema privado”, sino una violencia con efectos en familias, barrios y territorios. Juárez pidió coherencia entre magnitud del fenómeno y financiamiento. Escobar exigió romper la impunidad como condición básica. Martínez-Mejía llamó a pensar el derecho a la memoria, la verdad, la reparación y la no repetición, además del castigo. Coca y Agarriberri ubicaron la discusión en el cruce entre patriarcado y capitalismo: sin autonomía económica, sin políticas públicas efectivas y sin un Estado que garantizara derechos, la violencia se sostuvo.
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Soy periodista (TEA-Universidad de Concepción del Uruguay) y fotógrafa (ETER). Trabajo sobre temas de agenda internacional, también investigo desde hace varios años las regiones de Moldavia, Transnistria y Gagaúzia. Soy productora y docente en TEA&Deportea, escribo en Página 12 y co-conduzco el programa O Sea Digamos por Loto Stream.
