Las manifestaciones juveniles estallaron en Marruecos el sábado 27 de septiembre y pronto se extendieron a varias ciudades del país. Estas protestas no surgieron de la nada: fueron precedidas por años de tensión social marcados por el aumento constante del costo de vida, el deterioro de los servicios sanitarios, el incremento del desempleo y una sucesión de escándalos de corrupción que involucraron a responsables políticos. A pesar de los intentos por aliviar la presión mediante protestas esporádicas en pueblos y ciudades, la situación actual confirma que estamos ante un punto de inflexión decisivo. No se trata de un movimiento pasajero contra un ministro o un gobierno, sino de una revuelta de ira dirigida contra todo el sistema del Majzén, el aparato de poder marroquí encabezado por la monarquía.
En los últimos meses, distintos sectores sociales habían expresado su descontento, subrayando la fragilidad de las condiciones de vida. Las raíces profundas de la crisis se hallan en el encarecimiento de los productos básicos que agobia a las familias, la degradación de los servicios hospitalarios, el desempleo récord y los escándalos de corrupción que minaron la confianza ciudadana en las instituciones. A medida que las protestas crecían en ciudades como Oujda, Inezgane y Laqliâa, se transformaron en enfrentamientos violentos con la policía, con incendios de comisarías y vehículos, dejando un saldo de cuatro muertos y cientos de heridos. En respuesta, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 500 personas, de las cuales 193 serán juzgadas por cargos que incluyen incendio intencionado, saqueo y agresión a las fuerzas del orden.
En el corazón de esta situación, la principal acusación apunta directamente al jefe del Estado. Como figura con el mayor poder económico y político del país, el rey asume la responsabilidad principal del desastre actual. No puede aceptarse el discurso oficial que culpa a los sucesivos gobiernos cuando las decisiones fundamentales emanan del palacio. “El palacio no es víctima de la crisis estructural, sino su principal artífice”. Mohamed VI, quien heredó el trono en 1999, no ha logrado construir un Estado justo; por el contrario, consolidó un sistema basado en el clientelismo y el monopolio, lo que hoy constituye una de las causas fundamentales de la explosión social que sacude al país.
Lo que distingue este movimiento es el perfil de sus participantes: una nueva juventud nacida en la era de Internet, impregnada de libertad digital y conectada de maneras difíciles de controlar. Este grupo compara su realidad con la de otros jóvenes del mundo y observa, en tiempo real, la magnitud del despilfarro y la mala gestión en su país. Por ello rechazan integrarse en las estructuras partidarias tradicionales, ya carentes de credibilidad, y señalan al palacio, al rey y a su entorno como los responsables directos del bloqueo político y económico, así como del deterioro de sus condiciones de vida en todos los ámbitos.
Independientemente de quién ocupe los cargos, el gobierno marroquí sigue siendo incapaz de actuar por sí mismo. Las políticas públicas se trazan en el despacho del rey, mientras que el Parlamento funciona como una simple decoración institucional. Cuando el pueblo sale a la calle, los ministros son enviados a calmar los ánimos, mientras el Majzén se refugia tras el aparato represivo.
El resultado es un vacío total de voluntad política para el cambio, lo que profundiza la brecha entre el Estado y la sociedad. El país permanece bajo el control de una familia real que monopoliza tanto el poder como la riqueza y que, según denuncian los manifestantes, mantiene vínculos estrechos con el Estado de Israel mientras priva a los marroquíes de servicios esenciales como la educación, la salud y el empleo digno.
La política de seguridad aplicada hoy repite los errores cometidos en el Rif y en Jerada. En lugar de atender las demandas sociales, el Estado responde con detenciones arbitrarias, represión violenta y campañas de difamación en los medios afines al régimen. Sin embargo, estas tácticas solo han fortalecido la determinación de los jóvenes, demostrando que la vía represiva fracasó en el pasado y fracasará nuevamente en sofocar la ira de una generación sin esperanza.
Las recientes protestas juveniles en Marruecos no son una tormenta pasajera, sino una exposición radical de los males estructurales del sistema político. Al dirigir la responsabilidad directamente al palacio y rechazar las estructuras tradicionales y la represión sistemática, el país se enfrenta a un callejón sin salida. La gran pregunta que queda en el aire es si el Majzén seguirá aferrado a su rigidez o si el despertar de esta nueva generación obligará a la élite gobernante a reconocer que el monopolio del poder y de las decisiones ya no es sostenible.
