En los últimos meses se acumularon denuncias cada vez más graves sobre la situación en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. La represión marroquí se despliega en múltiples planos, desde las calles, en las universidades, hasta las cárceles y también en el hostigamiento a periodistas y observadores internacionales. Cada episodio reciente parece distinto, pero juntos dibujan un mismo trazo: sofocar toda expresión de resistencia saharaui y aislar a quienes intentan documentarla.
El 21 de junio, en la ciudad de Dajla, el activista saharaui Mohamed Nguiguez salió a protestar frente a la policía. Su hijo había sido atropellado por un colono marroquí y él exigía justicia. No pedía más que un procedimiento básico: que se identificara al conductor, que se tomara su testimonio, que hubiera investigación. Pero la respuesta fue otra. Según testigos, un agente le advirtió que el responsable del atropello ocupaba un “cargo de responsabilidad” dentro de las autoridades de ocupación. La frase no era inocente: funcionaba como amenaza y como recordatorio del peso de la impunidad en los territorios colonizados. Nguiguez se negó a retroceder. Minutos después, fue arrestado bajo la acusación de haber “insultado” a un agente. Dos días más tarde, en un juicio sumario, lo condenaron a tres meses de prisión. La búsqueda de justicia por la vida de su hijo se transformó en una condena contra él.
Lo ocurrido en Dajla muestra cómo la represión atraviesa lo cotidiano. Pero no es un caso aislado. En la Universidad Ibn Zohr, en Agadir, también se cerraron los márgenes de expresión. Un grupo de estudiantes saharauis de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales realizó a fines de junio una manifestación pacífica dentro del campus. Reclamaban la independencia del Sáhara Occidental y la libertad de los presos políticos. No hubo violencia, ni destrozos. Solo banderas y consignas. Sin embargo, la protesta fue reprimida por fuerzas de seguridad marroquíes, y días después la administración universitaria inició un proceso disciplinario contra los participantes: amenaza de expulsión para algunos, suspensión de estudios para otros. En un comunicado, el Comité de Estudiantes Saharauis denunció la medida como un acto de represalia y recordó que no era la primera vez. El 25 de abril, tres alumnos habían recibido sanciones por desplegar la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática durante la conmemoración de su aniversario. El mensaje que baja desde la institución es evidente: ni siquiera en los espacios académicos se tolera la libre expresión de la identidad saharaui.
Las cárceles marroquíes son otro frente donde la represión adquiere formas crueles y sofisticadas. Allí, presos políticos saharauis denuncian torturas, negligencia médica y lo que ellos llaman “tortura química”: fumigaciones con productos tóxicos realizadas dentro de las celdas, sin medidas de protección, que provocan asfixia y crisis respiratorias. El 24 de junio, Sidi Abdallah Ahmed Sidi Abbah, integrante del grupo de Gdeim Izik, sufrió un colapso tras una desinfección en la prisión de Ait Melloul. Fue trasladado de urgencia a la enfermería en estado crítico y, aun en esas condiciones, recibió agresiones verbales y físicas por parte del personal. En la misma cárcel, otro preso del grupo, Ibrahim Daddi Ismaili, lleva más de dos meses sin recibir las quince sesiones de fisioterapia que le prescribió un médico para una lesión en la rodilla. Aunque figuran en su historial clínico, nunca fueron realizadas. Su salud se deteriora mientras las autoridades penitenciarias utilizan la negación de tratamiento como un mecanismo más de hostigamiento. También Abdallah El Wali Khafani padeció un episodio severo de asfixia durante otra fumigación, realizada sin previo aviso y sin ofrecer ninguna asistencia médica posterior.
La situación de los periodistas saharauis encarcelados muestra hasta qué punto el objetivo central es el silenciamiento. El caso más emblemático es el de Bashir Khadda, responsable del archivo de Equipe Media. Lleva casi quince años en prisión, de los cuales más de ocho transcurrieron en aislamiento total. No ha podido ver a sus padres en todo este tiempo: la distancia, el hostigamiento y las restricciones impuestas a las familias vuelven imposible cualquier visita. En la cárcel de Tiflet 2, Khadda es objeto de insultos constantes de otros reclusos, alentados por los propios guardias, que lo llaman “traidor”. El confinamiento solitario prolongado lo priva de contacto humano y lo condena a un deterioro psicológico deliberado. Incluso su esfuerzo intelectual fue atacado: cuando intentó continuar sus estudios universitarios, lo obligaron a rendir los exámenes esposado y rodeado de guardias. No se trataba de un requisito de seguridad, sino de un acto calculado de humillación.
Khadda no está solo. Otros periodistas como Mohamed Lamin Haddi, Abdallah El Khfaouni y Hassan Dah también permanecen encarcelados tras juicios considerados “farsa” por organizaciones de derechos humanos. Se repite un mismo patrón: detenciones arbitrarias, acusaciones fabricadas, torturas, aislamiento prolongado. Según Equipe Media, al menos seis periodistas más, entre ellos Khatri Daddah y Mahmoud Lkouiri, continúan tras las rejas en prisiones marroquíes. Su delito es informar lo que ocurre en los territorios ocupados.
Las expulsiones de observadores extranjeros completan el cuadro. El 8 de julio, las autoridades marroquíes expulsaron a la periodista asturiana Leonor Suárez, al director del medio digital El Faradio, Óscar Allende, y al activista Raúl Conde, miembro de Cantabria por el Sáhara. Los tres estaban en El Aaiún en coordinación con Equipe Media, documentando la situación. Fueron interceptados en un control policial, declarados “personas no gratas” sin justificación y escoltados hasta Agadir por cuatro vehículos de la policía secreta. Con ellos, ya suman 330 los observadores y activistas expulsados del Sáhara Occidental en los últimos años. “Estas acciones reflejan que Marruecos no respeta los derechos humanos más básicos y es preocupante que siga siendo socio preferente de países democráticos como España”, denunciaron al ser obligados a marcharse.
Los organismos de derechos humanos coinciden en su diagnóstico. Human Rights Watch, en su informe de 2024, advirtió que Marruecos sigue restringiendo la libertad de expresión y asociación en el Sáhara Occidental, recurriendo a detenciones arbitrarias y juicios injustos. Amnistía Internacional denunció torturas, acoso judicial y expulsiones de observadores como parte de una estrategia de encubrimiento. El resultado es un territorio convertido en laboratorio de represión: manifestarse es arriesgarse a la cárcel, informar es cargar con una condena, y observar desde afuera es motivo de expulsión inmediata.
Las escenas se repiten: un padre encarcelado por exigir justicia, estudiantes sancionados por levantar una bandera, presos enfermos a quienes se niega tratamiento, periodistas aislados durante años, observadores internacionales escoltados hasta la frontera. No son episodios dispersos, sino piezas de una estrategia sistemática de silenciamiento. Marruecos busca borrar toda voz que contradiga su dominio sobre un territorio cuya autodeterminación sigue pendiente desde hace medio siglo.
El llamado urgente de Equipe Media y de organizaciones saharauis es claro: la liberación inmediata de todos los presos políticos, el fin de las torturas, de la negligencia médica y del aislamiento prolongado, y la intervención de Naciones Unidas para emprender una investigación independiente sobre lo que ocurre en las cárceles y en las universidades. La causa del pueblo saharaui se mantiene viva porque se niega a desaparecer, aunque la ocupación intente doblegarla. Su resistencia, aún en condiciones extremas, convierte a cada acto de represión en una prueba más de que el conflicto está lejos de ser resuelto.
