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En la primera semana de diciembre de 2018, el pulso de la industria del té de Sri Lanka se alteró de forma inusual. En los distritos montañosos donde se asientan las grandes fincas, cuadrillas enteras dejaron de cortar las dos hojas y el brote. El paro se extendió por Nuwara Eliya, Badulla y Kandy, y se convirtió en una huelga nacional en demanda de un salario básico diario de mil rupias, el doble de lo que entonces percibía la mayoría de las y los trabajadores de plantación.
Reportes sectoriales y sindicales ubican el inicio de la paralización en torno al 4 de diciembre, con decenas de miles de personas fuera de los surcos y concentraciones frente a fábricas y oficinas administrativas.
La cifra que organizó la protesta llevaba meses circulando en asambleas y piquetes. En octubre, organizaciones de base y sindicales habían llevado el reclamo a Colombo con una demostración en Galle Face Green; la demanda respondía a una canasta mínima que, según activistas, no se cubría con el jornal de 500 rupias vigente. La dirigencia empresaria ofrecía 600 rupias y complementos por productividad; para quienes cosechan hoja en pendiente, el planteo era insuficiente y dejaba la remuneración atada a metas impuestas por la gerencia. Las marchas de agosto y octubre dieron paso, a comienzos de diciembre, a la paralización sostenida.
En el terreno, la huelga combinó recursos clásicos y formas adaptadas a la lógica de la plantación. Hubo piquetes breves frente a fábricas para interrumpir el ingreso de camiones, concentraciones diarias de una hora y, en varias fincas, asambleas a pie de línea para sostener la decisión de no volver al corte sin una señal clara de aumento. Las imágenes de esos días muestran carteles escritos a mano reclamando “1000 now” y denunciando que el salario de 500 rupias no alcanzaba para cubrir comida, alquiler y gastos escolares. En los relatos de prensa, la presión sobre los sindicatos tradicionales apareció como rasgo distintivo: bases que cuestionaban a dirigentes históricos por su cercanía con empleadores y políticos del oficialismo.
El impacto económico fue inmediato. En plena temporada de alta calidad para el té occidental, la producción cayó y los precios en subasta mostraron señales de tensión. Un portal especializado estimó hasta 100 mil personas fuera de las hileras en los primeros días del conflicto y pérdidas diarias para el sector del orden de 1,4 millones de dólares. En paralelo, la patronal del sector advirtió que los costos asociados a un salto al salario de mil rupias pondrían en riesgo los márgenes y la competitividad externa, en un país que depende de divisas por exportación. La estimación de pérdidas y el foco en las subastas dieron cifras para el debate público y presionaron por una salida negociada.
La cronología pública de la protesta se puede seguir en medios locales y publicaciones sectoriales. El 13 de diciembre, Daily Mirror tituló que la huelga estaba golpeando objetivos de producción e ingresos de exportación y consignó la evaluación de la Planters’ Association: 1.250 millones de rupias por semana en pérdidas, con el paro iniciado el 4 de diciembre y la demanda de duplicar el jornal básico.
La nota describía el esquema de pago vigente en compañías privadas de plantación -con incentivos por asistencia y productividad- y la puja por si el aumento debía ir al básico o a complementos. Ese punto técnico era esencial para los huelguistas: querían un piso garantizado en efectivo, no atado a metas que podían moverse unilateralmente.
En paralelo a la presión en las lomas, la campaña escaló en la capital con apoyos religiosos y sociales. Un seguimiento de Business & Human Rights, que recoge trabajos de prensa y sociedad civil, registró la intervención de clérigos cristianos, sindicalistas y trabajadoras en Colombo a fines de enero, cuando aún seguía la negociación por el convenio colectivo vencido en octubre. Ese mapeo detalla el objetivo de elevar el mínimo diario a mil rupias “desde 500”, con el trasfondo de un acuerdo caducado y la exigencia de no reemplazar salario por bonos condicionados.
La cobertura internacional alternó piezas sobre la huelga con investigaciones sobre condiciones laborales estructurales. En marzo de 2019, la Fundación Thomson Reuters publicó un trabajo que empujó a certificadoras a abrir pesquisas por deducciones ilegales y prácticas abusivas en fincas que vendían té con sellos “libres de esclavitud”. Esa nota, centrada en Nuwara Eliya, no trataba la huelga de diciembre, pero aportó contexto sobre el poder de las empresas en la administración cotidiana del salario y los descuentos, una de las críticas que aparecieron en las asambleas de 2018. La superposición de debate salarial y auditorías por prácticas de pago reforzó la idea de que el conflicto excedía lo coyuntural.
La representación de los sindicatos tradicionales en la negociación quedó bajo la lupa. Portales de izquierda internacional y regional documentaron la tensión entre bases y cúpulas: acusaciones de “arreglo” y llamados a mantener el paro hasta lograr el piso de mil rupias. Esa crítica se dirigió, en particular, al Ceylon Workers Congress (CWC), organización histórica del sector que combinó su rol sindical con alianzas políticas.
Según esas crónicas, el 12 de diciembre el CWC comunicó el retorno al trabajo en nombre de una vía negociadora abierta por el presidente Maithripala Sirisena; la instrucción fue resistida en asambleas de algunas fincas. La disparidad de relatos sobre el mismo movimiento -“traición” para unos, “táctica” para otros- habla de un punto de inflexión en la relación entre dirigencias y base plantadora.
El desenlace inmediato no cerró el debate. A fines de enero de 2019, EconomyNext informó que las fincas cotizantes en bolsa y los sindicatos habían acordado un paquete que llevaba el jornal diario a 750 rupias y eliminaba los incentivos por asistencia y productividad. El dato clave era que la cifra quedaba por debajo de las 1.000 rupias exigidas en diciembre, y que la reconfiguración del esquema apuntaba a simplificar el pago y despejar dudas sobre deducciones, pero sin atender el reclamo del piso pretendido por la huelga.
La noticia incorporó una precisión que volvería a discutirse en los años siguientes: cómo se definen “básico”, “incentivos” y “complementos” y qué margen de discreción retienen las compañías a la hora de computarlos.
Entre octubre de 2018 y febrero de 2019 se produjo un corredor de información que permite reconstruir la escala del malestar. History of Ceylon Tea reagrupó notas de aquellos meses: desde artículos de octubre en los que trabajadores “intensificaban” la demanda de subir el básico de 500 a mil rupias, hasta evaluaciones de abril de 2019 que recogían el registro de “nueve días” de huelga nacional y volvían sobre el núcleo del problema. Ese repositorio, aunque no es un medio generalista, funciona como hemeroteca temática y muestra que la presión salarial fue sostenida al menos durante tres trimestres y condicionó negociaciones, subastas y proyecciones de exportación.
A la vez, la protesta de planta conectó con repertorios más amplios del trabajo en Sri Lanka. Global Voices dio cuenta en enero de 2019 de marchas de solidaridad con las y los plantadores y explicó para audiencias no locales el formato productivo: jardines de té en las tierras altas, jornales bajos, incentivos condicionados y una intensa dependencia de los ciclos de precio en las subastas. El artículo recogió pancartas y consignas por el “Rs. 1000” y situó la disputa en su marco político, con un gobierno lidiando con inestabilidad y elecciones en el horizonte.
Las empresas insistieron en que no podían trasladar a precio internacional el salto pretendido al básico, y reclamaron una salida mixta de salario y productividad. Esa posición reaparecería más tarde, en 2024, cuando el gobierno decretó un aumento del salario mínimo de plantación de mil a 1.700 rupias: las cámaras advirtieron que la suba del 70 por ciento elevaba en torno al 45% el costo de producción y erosionaba la competitividad externa de un país en crisis de divisas. El antecedente lejano de 2018 permite leer cómo se configuró el campo de fuerzas: sindicatos presionando por piso garantizado, patronales alertando por costos y autoridades buscando evitar que el conflicto contamine un sector emblemático de exportación.
Más allá de las cifras, la huelga expuso cuestiones de diseño institucional. El convenio colectivo del sector había expirado en octubre de 2018 y su renovación debía resolver qué porción del jornal se pagaba como básico en efectivo y qué parte vía complementos que dependían de presentismo o cupos de kilos recolectados. La preferencia sindical de base por el básico “duro” respondía a razones tangibles: evitar penalizaciones por lluvia o por metas difíciles en laderas complicadas, y garantizar dinero suficiente al final del día.
La insistencia empresaria en bonos productivos buscaba alinear remuneración y rendimiento medible. Ese desacuerdo técnico se tradujo en una disputa política pública que amplificó la visibilidad de un sector cuya cotidianeidad suele quedar fuera de agenda.
El vector de género atravesó el conflicto sin convertirse en consigna visible, pero estuvo presente en el terreno. La fuerza de trabajo de recolección es mayoritariamente femenina; sin embargo, la cobertura nacional e internacional de la huelga de 2018 rara vez singularizó liderazgos de mujeres o plataformas específicas sobre discriminación salarial por género.
Las investigaciones publicadas meses después sobre descuentos abusivos, salud y condiciones de vivienda agregaron información sobre la posición de las trabajadoras dentro del sistema de plantación, pero la narrativa periodística del paro priorizó la demanda de “Rs. 1000” como bandera común. En esa tensión quedaron contenidos debates sobre quién negocia en nombre de quién y qué lugar ocupan las recolectoras en las mesas donde se define el jornal.
En el registro de fuentes, el período octubre 2018-enero 2019 dejó una secuencia precisa: llamados a elevación del mínimo por organizaciones de base y sindicatos, oferta patronal de 600 rupias con incentivos, huelga a partir del 4 de diciembre, evaluación de pérdidas y caída de producción en la semana del 13, instrucción de retorno al trabajo el 12 por parte de cúpulas sindicales y, finalmente, acuerdo de enero con un básico de 750 rupias y supresión de algunos complementos. Cada eslabón está documentado en artículos de prensa local, informes sectoriales y comunicados sindicales y empresariales, y compone la trama de uno de los conflictos laborales más visibles del té esrilanqués en los últimos años.
El eco de aquella huelga siguió resonando. En 2019 persistieron movilizaciones para empujar el objetivo de las mil rupias como básico, con asambleas y acciones públicas; portales especializados en la industria registraron la continuidad de la disputa y la fragilidad de los acuerdos. En 2020 y 2021, la cifra de mil rupias reapareció en paros y campañas, hasta que se materializó como mínimo legal años más tarde, ya en otro contexto económico y político. La trayectoria de la consigna demuestra que el período abierto en 2018 no fue un episodio aislado, sino parte de un ciclo más largo de presión por ingresos en un sector determinante para las cuentas externas del país.
Soy periodista (TEA-Universidad de Concepción del Uruguay) y fotógrafa (ETER). Trabajo sobre temas de agenda internacional, también investigo desde hace varios años las regiones de Moldavia, Transnistria y Gagaúzia. Soy productora y docente en TEA&Deportea, escribo en Página 12 y co-conduzco el programa O Sea Digamos por Loto Stream.
