En una entrevista exclusiva con el Senador Oscar Parrilli de Unión por la Patria, se abordaron temas cruciales que están actualmente en debate en el Senado argentino. Parrilli criticó la Ley Bases, el RIGI, el blanqueo de divisas y destacó la profunda preocupación de su bloque ante lo que considera una serie de medidas perjudiciales para el país: “Estamos convencidos de la necesidad de rechazar en general el proyecto de ley, y no por capricho porque somos oposición, sino fundamentalmente porque no vemos que ninguna de estas medidas tiendan a solucionar los problemas que tiene Argentina hoy”.
Uno de los temas más controvertidos discutidos fue el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Parrilli explicó que este régimen, lejos de ser un incentivo para nuevas actividades económicas, permite el ingreso de capitales en sectores ya desarrollados, poniendo a Argentina “en remate a la venta de actividades ya existentes”. Además, señaló que “permite que las divisas generadas por las empresas que vengan a invertir puedan quedar directamente en el exterior”, lo cual considera una grave amenaza para la economía nacional.
El Senador también expresó su preocupación por la ley de blanqueo propuesta por el presidente Milei, la cual, según él, abre la puerta al lavado de dinero y facilita el ingreso de fondos de origen ilícito al país. “Está prohibido hacer blanqueos para facilitar delitos internacionales como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. Pero acá, eso se permite,” enfatizó Parrilli.
¿Qué es lo que está sucediendo dentro del Senado? ¿Cuáles son las conversaciones que hay en torno al tratamiento de la Ley Bases que todavía no tiene dictamen?
En nuestro bloque de 33 Senadores, estamos convencidos de la necesidad de rechazar en general el proyecto de ley, y no por capricho porque somos oposición, sino fundamentalmente porque no vemos que ninguna de estas medidas tiendan a solucionar los problemas que tiene Argentina hoy. Los agrava y lleva al país a una profundización del ajuste que se está llevando adelante en el Gobierno del presidente Milei, un ajuste absolutamente inútil, basado en una perversidad con respecto a los jubilados, a los asalariados, a los empleados públicos, y a todo lo que tenga que ver con la educación, la seguridad, la ciencia y la tecnología. Argentina tiene dos esquinas que están ajustando, y estos proyectos de ley tienden precisamente a eso.
En segundo lugar, creemos que el problema fundamental que tiene la Argentina es la deuda, la deuda externa. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lamentablemente, nuestro Gobierno suscribió ese acuerdo. Yo no lo voté, estuve en disidencia, pero creo que es necesario abordar una renegociación con el Fondo, con los actores privados, y recomponer una relación de deuda que tiene la Argentina, que es absolutamente impagable y que lleva a este ajuste.
Fijate que en los primeros cuatro meses de gestión del Gobierno del presidente Milei, lo único que se cumplió fue con los acreedores externos. Hemos pagado más de 5 mil millones de dólares de capital e intereses al fondo, a los organismos financieros internacionales y a los acreedores privados. Entonces, todo esto que se está haciendo y este proyecto de ley tienden a consolidar eso: a beneficiar a los acreedores, al FMI, a beneficiar a los grandes grupos económicos, y en definitiva a seguir con este perverso ajuste contra la gente, que es lo que nosotros no vamos a apoyar con la sanción de esta ley.
Respecto de la implementación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el Gobierno plantea el ingreso de inversiones extranjeras para “fomentar movimiento dentro de la economía”· Pero esto tiene un trasfondo de algo muy dañino para las economías regionales y además es una cuestión del blanqueo de capitales porque que, a partir del tercer año, permitiría que todas las divisas generadas por las empresas que vengan a invertir puedan quedar directamente en el exterior.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), como lo mencionó Cristina Fernández de Kirchner, en realidad es un estatuto legal del coloniaje, porque le otorga una serie de beneficios como nunca se ofrecieron en la Argentina. Permite el ingreso de capitales, incluso no grandes capitales, de 200 millones de dólares, que no sean nuevas actividades, sino actividades ya desarrolladas. Esto pone a la Argentina en remate a la venta de actividades ya existentes, como comprar un hotel, una estancia, una fábrica de metal-mecánica. No es, en realidad, un incentivo para alguien que venga a invertir en una nueva actividad en la Argentina.
Nosotros hemos propiciado inversiones específicas, como el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados para fomentar las grandes inversiones en gas natural, transformándolo en gas natural licuado para exportación. Ese proyecto, que tiene media sanción de diputados, establece beneficios impositivos mucho menores en comparación con los del RIGI. Por ejemplo, las divisas solo pueden liquidarse en el exterior el 50% y solo para el pago de intereses y de capital invertido, no para no ingresar divisas.
¿Qué es lo que pretende hacer la oposición en torno al proyecto?
Con estos proyectos, lo que hacemos es poner a la Argentina en remate, ya que permite que las actividades existentes dejen de pagar impuestos y empiecen a traer productos del exterior sin ningún derecho de importación. Atenta contra las provincias, imponiéndoles normas y evitando que cobren impuestos provinciales. Deja de lado todas las leyes de medio ambiente del país. Algunas provincias han definido la no explotación a cielo abierto de ciertas minas, y esto barre precisamente con esas decisiones.
Estamos de acuerdo en dar incentivos a la inversión extranjera importante, grande y directa, pero deben ser específicos, destinados a una actividad que proteja el trabajo argentino y que permita que, si se llevan los recursos naturales, al menos ingresen los dólares.
El tema de las legislaciones provinciales es alarmante, porque no solamente barre las que ya existen, sino que también prohíbe a las provincias y a los municipios dictar leyes y ordenanzas que limiten o condicionen las inversiones. Esto afecta a la autonomía provincial de alguna manera, igual que el desarrollo de las comunidades.
Además, hay una ley que da la orden a la justicia de que, si hay alguna ley municipal o provincial, tiene que anularla, dejarla sin efecto. Es decir, el nivel de agresividad que tiene este proyecto es tremendo. La violencia económica y social contra los argentinos es muy fuerte. Esto se concatena con la ley de blanqueo. Nosotros estamos dispuestos a discutir una ley de blanqueo, pero que sirva para ingresar dinero a la Argentina.
Sin embargo, por primera vez en esta ley de blanqueo de Milei, se permite que residentes extranjeros blanqueen dinero en la Argentina como si hubiera sido generado en el país. Los blanqueos se hacen para que aquellos que evadieron impuestos puedan regularizar su situación. Está prohibido hacer blanqueos para facilitar delitos internacionales como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. Pero acá, eso se permite. Además, se le permite a un extranjero, narcotraficante o terrorista, ingresar dinero a la Argentina sin declarar su origen, ponerlo como producto de la actividad comercial aquí, adherirse al RIGI y comenzar a no pagar impuestos y a traer bienes del exterior.
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Esto crea un escenario perfecto para el lavado de activos a nivel internacional. El problema es que, con el dinero, viene el dueño del dinero. Y el dueño de ese dinero son los narcotraficantes, los terroristas, los que venden armas y los que hacen trata de personas. Esto transformará a la Argentina no en una simple guarida fiscal de dinero, sino en una guarida fiscal de terroristas y delincuentes internacionales.
Esto tiene una connotación muy grave porque, en todos los intentos de Milei: el DNU, la primera versión de la Ley Ómnibus, esta nueva Ley Ómnibus, son medidas que son inconstitucionales y que también violan tratados internacionales, como esto que decís de la no proliferación del terrorismo, que según la jurisprudencia argentina, tienen rango constitucional.
Nosotros tenemos acuerdos muy fuertes con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), la entidad internacional que se ocupa precisamente del lavado de activos. Con esta ley estamos violentando disposiciones expresas del GAFI. Las resoluciones 19 y 23 del GAFI están siendo violadas con estas normas y proyectos que se están llevando adelante. Además, con resoluciones ya dictadas por la Inspección General de Justicia, se está relajando absolutamente la constitución de sociedades, como las sociedades anónimas simplificadas, y también las sociedades offshore constituidas en el extranjero, a las cuales no se les pide ningún requisito.
Esto permite la entrada de sociedades fantasmas cuyos dueños se ocultan porque son delincuentes internacionales.
Y en el mientras tanto, esto ayuda a que siga creciendo la pobreza, el trabajo informal, que no tendría ningún tipo de consecuencias a partir de la implementación de la Ley Bases, que son todas cuestiones laborales e incluso regresivas, que son también inconstitucionales en Argentina. La ley laboral nunca puede ir para atrás en cuestión de derechos.
Vos fijate que desde el año 2003 al 2015 creció la inversión extranjera directa, bajó el desempleo, bajó la pobreza, bajó la indigencia y bajó el índice Gini. También bajó el riesgo país, se mantuvo estable el valor de los bonos externos, pagamos la deuda, hicimos obra pública y no modificamos ninguna ley. Simplemente, incentivamos el mercado interno, mejoramos el salario de los trabajadores y jubilados, protegimos la industria, la ciencia y la tecnología, y el país creció. No necesitamos ninguna de estas leyes. Estas leyes lo único que hacen es transferir recursos del sector público y de los trabajadores a los grupos concentrados de la economía.
Ellos dicen que con esto la economía va a crecer, pero ya nos mintieron antes. Recordarás que decían que cuando el vaso se llenara, derramaría y repartiría riqueza para todos los argentinos. Esto fue una gran mentira. Cada vez que el vaso tenía un poco más de contenido y se iba llenando más, alargaban el vaso. El vaso se iba para arriba y nunca se llegaba a derramar.
Nosotros nos oponemos a estas políticas no por capricho ni porque somos opositores, sino porque la historia nos demuestra que cuando estas políticas se aplicaron, a los argentinos les fue mal. Pasó en el 76 con Martínez de Hoz y la crisis que terminó con Alfonsín entregando el mandato antes en el 89. Pasó en el 2001 con las políticas neoliberales de Menem, Cavallo y que De la Rúa siguió adelante. Y hoy estamos ante un tercer intento de llevar adelante políticas que ya fracasaron en la Argentina.
Además este paquete de privatizaciones, es una historia ya conocida. Lo que sucedió con choque de trenes en Palermo, de la línea San Martín, es un claro ejemplo: el desguace de la industria ferroviaria en pos de justificar una privatización.
Nosotros no nos negamos a la incorporación de capital privado a las empresas públicas del Estado cuando esto mejora la eficiencia, la rentabilidad y el funcionamiento de la empresa pública. El modelo que hicimos con YPF, donde más del 49% del capital está en manos privadas, es el modelo que creemos que debe tener la empresa pública. Pero el Gobierno de Milei quiere devolver el correo a Macri, quien despidió gente y no pagó el canon, obligando al Estado a recapturarlo por incumplimiento.
Lo mismo pasó con Aguas Argentinas, que se le dio a una empresa francesa. Los franceses cobraban la factura pero no hacían obras de cloacas y agua potable, por lo que hubo que estatizarla. O Aerolíneas Argentinas, entregada a Marsans, una empresa española cuyo dueño terminó preso. Se tuvo que estatizar Aerolíneas porque el Estado pagaba sueldos y combustible, mientras los privados cobraban los boletos y se llevaban el dinero afuera.
No estatizamos por capricho, ideología o dogmatismo, sino porque los privados no cumplían con sus funciones y le sacaban dinero al Estado. Hoy, ARSAT es una empresa de tecnología satelital de vanguardia, creada por Néstor Kirchner, que quieren privatizar. No estamos en contra de que se incorpore capital privado, pero siempre y cuando ARSAT siga velando por las comunicaciones para los argentinos, a precios razonables y justos, permitiéndonos incorporarnos al mundo moderno y no para beneficiar a unos pocos.
Respecto de la provincia de Neuquén y, en particular, la Ley de Hidrocarburos. ¿El RIGI y todas las medidas que lo circundan, amenazan el intento de autoabastecimiento de gas y petróleo, logrado gracias a Vaca Muerta?
El gas y el petróleo son actividades económicas que funcionan gracias a la estatización de YPF que hizo Cristina Kirchner en 2013 y al posterior acuerdo con Chevron, que facilitó el desarrollo del gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta. Hoy, Vaca Muerta tiene un desarrollo que cada mes supera su producción, y estamos a punto de alcanzar el autoabastecimiento de petróleo y gas. Lo que falta es la construcción de gasoductos y oleoductos para llevarlo a la práctica. Ayer leí que, debido a que el Gobierno no terminó las obras del reversal complementario del gasoducto Néstor Kirchner, tendremos que importar 500 millones de dólares de gas natural licuado.
Estos objetivos de autoabastecimiento en Argentina están en riesgo con la nueva ley de hidrocarburos. Primero, eliminan el autoabastecimiento como objetivo; segundo, nos ponen los precios del gas, combustible, gasoil, fuel oil y nafta a precios internacionales, lo que significa que pagaremos los mismos precios que países sin gas ni petróleo, como los europeos. Tercero, permiten la exportación sin priorizar el mercado interno, lo que podría desabastecernos de gas, petróleo y combustible, y además permitir que las divisas se queden fuera del país.
Esta ley de hidrocarburos es violenta y retrógrada para los argentinos, y perjudica específicamente a la provincia de Neuquén con las regalías. Actualmente, las regalías tienen un mínimo del 12% y un máximo del 18%, con un promedio del 15%. La nueva ley permite que las regalías disminuyan, lo que no está contemplado en la ley actual. Esto significa que, si la provincia ofrece una concesión y las 4 o 5 empresas que explotan el petróleo se ponen de acuerdo y ofrecen el 5%, esa será la regalía, afectando así la autonomía de la provincia.
¿Qué opinión tenés acerca del ataque que implica para las provincias la quita de la coparticipación, la prohibición para legislar sobre las inversiones extranjeras que puedan venir, pudiendo obtener de ese modo algún impuesto extra directo para la caja de la provincia?
Lamentablemente, creo que vamos hacia ese escenario. Las provincias no van a tener dinero y varios gobernadores ya están diciendo que tienen recursos solo hasta el mes de junio; después, no hay más posibilidades. Provincias como Misiones, en el norte, que ya tenían salarios muy bajos, están viendo cómo estos salarios se licúan con la inflación y no se permite ajustarlos. Las provincias no tienen los recursos necesarios y esto está generando fenómenos preocupantes.
Lo que está pasando hoy en Misiones podría repetirse en varias provincias argentinas. La falta de recursos y el impacto de la inflación están poniendo a muchas provincias en una situación crítica. Espero que no ocurra, pero creo que es muy probable que veamos situaciones similares en diferentes regiones del país.
