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El 8 de septiembre, Nepal ardió. La represión policial a una protesta juvenil por el bloqueo de 26 redes sociales -incluyendo Facebook, X/Twitter, TikTok y YouTube- dejó 51 muertos y más de cien heridos en Katmandú. Miles de manifestantes salieron a las calles, desafiando el toque de queda, incendiando el Parlamento, comisarías, sedes de partidos y viviendas de líderes políticos como la de Khadga Prasad Oli, primer ministro hasta ese momento, y la de Sher Bahadur Deuba, ex jefe de gobierno.
Un país que parecía adormecido estalló en cuestión de horas. La furia tenía un objetivo claro: Oli, quien finalmente renunció el 9 de septiembre, evacuado en helicóptero junto a su gabinete mientras el ejército tomaba el control de la capital. El gobierno interino levantó el bloqueo digital, pero no logró calmar la indignación. El ministro de Finanzas y viceprimer ministro, Bishnu Prasad Paudel, fue perseguido y golpeado por la multitud, convirtiéndose en un símbolo del enojo contra la élite económica y política.
Este episodio es el desenlace de décadas de frustración acumulada en un país que pasó de una monarquía de 239 años a una república parlamentaria federal en 2008, sin que las promesas de democracia se tradujeran en mejoras para la mayoría. Desde entonces, Nepal ha tenido 13 gobiernos en 17 años, en un constante juego de sillas entre las mismas figuras: Oli, Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) y Deuba. El sistema se sostiene sobre coaliciones frágiles y acuerdos de élites, con un presidente ceremonial -hoy Ram Chandra Poudel- y un Parlamento bicameral que no quiere legislar para los sectores populares.
La verdadera gasolina de esta revuelta es la crisis económica. Nepal es uno de los países más pobres de Asia y su población joven enfrenta un desempleo superior al 20%, una de las tasas más altas de la región. Cada día, 2 mil nepalíes emigran hacia países como Qatar, Emiratos Árabes y Malasia, donde aceptan trabajos precarios y mal pagos. Más de 2 millones de ciudadanos viven en el extranjero, y las remesas que envían sostienen la economía: representan el 26% del PBI, según datos oficiales. Esto genera una paradoja cruel: el país depende de la migración para sobrevivir, pero las familias quedan separadas, y cualquier medida que afecte la comunicación -como el bloqueo de redes sociales impuesto por Oli- se vive como un golpe emocional y económico. La inflación en alimentos y energía agrava el malestar, mientras la educación y la salud públicas colapsan. Los campesinos enfrentan temporadas de siembra sin fertilizantes y en las ciudades el costo de vida vuelve casi imposible que los jóvenes accedan a vivienda o empleo estable.
La corrupción profundiza la herida. Nepal figura entre los países más corruptos de Asia, con escándalos que incluyen la venta ilegal de visas y millones desviados en proyectos fantasmas. Mientras tanto, políticos y sus familias exhiben lujos insultantes: autos importados, viajes exclusivos, mansiones. Estos “nepo babies” son la cara visible de un sistema donde la riqueza se hereda y el mérito es una ficción. Paudel, como ministro de Finanzas, se convirtió en blanco directo de esta furia: su rol en la administración del presupuesto lo ubica en el corazón de la desigualdad estructural.
Nepal es una federación con siete provincias autónomas y cuotas para comunidades históricamente marginadas. En la práctica, el poder sigue concentrado en Katmandú y en las castas altas hinduistas de las zonas montañosas. Grupos como los madhesi, habitantes de las llanuras del sur, denuncian exclusión política desde hace años. En 2015, tras la promulgación de la nueva Constitución, protestaron por la falta de representación, en un conflicto que dejó más de 50 muertos. Aunque se establecieron cuotas de inclusión, las tensiones étnicas siguen latentes y hoy se entrelazan con la indignación generacional. El Parlamento, compuesto por la Cámara de Representantes (275 miembros) y la Asamblea Nacional (59 miembros), funciona como un teatro vacío. Las decisiones clave se negocian entre las cúpulas partidarias, mientras el pueblo asiste impotente a la corrupción y al nepotismo. La democracia, en lugar de ser un canal para la participación, se convirtió en un instrumento para perpetuar privilegios.
La protesta actual tiene una característica inédita: está liderada por la Generación Z, jóvenes nacidos en democracia, conectados al mundo a través de internet y ajenos a los viejos partidos. Sus consignas no se dirigen a una sola fuerza política, sino a todo el sistema. Figuras emergentes como Balendra Shah, alcalde independiente de Katmandú, y Rabi Lamichhane, político anticorrupción, ganaron protagonismo porque encarnan una alternativa frente a líderes desacreditados.
El bloqueo de redes sociales que encendió la mecha se basó en la Social Media Act 2081, ley impulsada por el ministro de Comunicaciones Prithvi Subba Gurung en enero de 2025. Esta norma obliga a plataformas digitales a registrarse en Nepal, abrir oficinas locales y moderar contenido considerado “dañino” por el gobierno. El lenguaje ambiguo sobre “discurso de odio” y “desinformación” abre la puerta a la censura y al control político del espacio digital. Cuando las empresas no cumplieron el registro en el plazo exigido, el gobierno ordenó el cierre masivo de 26 plataformas. La reacción popular fue inmediata, en un país donde millones dependen de internet para comunicarse con familiares migrantes y organizar actividades económicas, la medida se percibió como un ataque directo a la libertad y la subsistencia.
La represión posterior marcó un punto de no retorno. El 8 de septiembre, la policía disparó contra manifestantes, matando, en principio, a 19 personas. La indignación se transformó en revuelta abierta: el Parlamento fue incendiado, el aeropuerto internacional atacado, y el Estado perdió control de la capital durante horas.
Nepal no es un país aislado: su crisis resuena en toda Asia del Sur. India reforzó su frontera para evitar un flujo masivo de refugiados y proteger rutas comerciales. Nepal depende de India para combustible, alimentos y medicinas, por lo que cualquier interrupción impacta a ambos países. China observa con cautela. Tiene inversiones estratégicas en infraestructura, como carreteras y proyectos hidroeléctricos, en el marco de la Nueva Ruta de la Seda.
Un Nepal inestable puede abrir espacio a la influencia india o occidental, alterando el equilibrio regional. La parálisis del turismo afecta no solo a Nepal sino a toda la región del Himalaya. El sector representaba entre el 7 y el 8% del PIB y era clave para miles de pequeños emprendimientos locales. El caos también puede fomentar redes de tráfico de personas y crimen organizado, aprovechando la migración masiva y el debilitamiento estatal. Nepal ya es un punto vulnerable en el mapa del tráfico de trabajadores hacia el Golfo y el sudeste asiático.
La dimisión de Oli fue celebrada como una victoria, pero no resuelve la crisis. Los manifestantes exigen la disolución completa del Parlamento, elecciones anticipadas y una renovación total de la clase política. El gobierno interino aceptó y llamó a elecciones el próximo 5 de marzo. El riesgo es que, si no se producen cambios reales, el sistema simplemente se rearme con los mismos actores de siempre, repitiendo el ciclo de promesas vacías y frustración. El gobierno interino enfrenta un dilema: negociar con los líderes juveniles y movimientos sociales o recurrir a la fuerza. El ejército, hasta ahora árbitro de la situación, podría verse tentado a tomar un rol más directo si el caos persiste, lo que abriría un escenario aún más peligroso.
La figura de Bishnu Prasad Paudel es clave. Como responsable de la política fiscal, debe afrontar la tarea imposible de estabilizar una economía sostenida por la migración y marcada por la desigualdad. Su imagen pública, sin embargo, está irremediablemente dañada: para muchos, representa el corazón de un sistema que condena a los jóvenes a emigrar o a rebelarse.
Lo que comenzó como una protesta contra la censura digital se transformó en un movimiento generacional. La Generación Z nepalesa ha demostrado que no aceptará vivir bajo un régimen corrupto y desconectado de sus necesidades. Su desafío es monumental: transformar la indignación en un proyecto político que vaya más allá del fuego de las barricadas. Nepal está ante una encrucijada. Puede convertirse en un ejemplo de renovación democrática y justicia social, o deslizarse hacia la violencia y la represión. Lo que está en juego no es solo el futuro de un país enclavado entre montañas, sino la estabilidad de toda una región donde millones de personas dependen, directa o indirectamente, de lo que ocurra en Katmandú. El 8 de septiembre no fue solo el día en que ardieron las redes: fue el día en que ardió la paciencia de un pueblo entero.
Soy periodista (TEA-Universidad de Concepción del Uruguay) y fotógrafa (ETER). Trabajo sobre temas de agenda internacional, también investigo desde hace varios años las regiones de Moldavia, Transnistria y Gagaúzia. Soy productora y docente en TEA&Deportea, escribo en Página 12 y co-conduzco el programa O Sea Digamos por Loto Stream.
